La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, y la Ley Federal de Vivienda, en su artículo 1º, consagran sin distinción de género o grupos que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Vivienda establecen que ese disfrute implica espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia. A este efecto, la protección en contra de desalojos se logra mediante instrumentos legales tales como la apelación o el juicio de amparo, mismos que permiten al arrendatario la seguridad en el uso y disfrute de la propiedad.

En el caso del Distrito Federal, los juicios de desalojo se han reducido considerablemente, de los 9,643 que se registraron en 1996, para 1999 sólo se litigaron 193; el promedio anual de iniciados para desalojos fue de 3,232, los cuales resultaron en 124 lanzamientos.

El tipo de vivienda predominante en México es de propiedad privada y se considera el más seguro. De 21.9 millones de hogares estimados a 1999, 15.1 millones tienen vivienda propia y en 1.6 millones es propia y la están pagando, esto significa que 76.2% de los hogares se alojan en una vivienda propia, lo cual representa un incremento de poco más de 1 millón de hogares que tienen vivienda propia con respecto a las existentes en 1996.

Una de las políticas adoptadas por el gobierno mexicano ha sido la de dotar de seguridad en la tenencia a los asentamientos irregulares a través de programas de escrituración. La situación jurídica se regulariza mediante programas masivos de escrituración, lo que han reducido sustancialmente los costos de escrituración en más de 1,000%.

Asimismo, se dota de servicios básicos de infraestructura a asentamientos irregulares y sólo en casos ubicados en zonas de riesgo, se aplican políticas de reubicación en áreas planificadas.

En 1999 el porcentaje de hogares encabezados por hombres, rebasa a su contraparte femenina en razón de 83 a 17%. Sin embargo, cabe señalar que del total de hogares, cuando son encabezados por mujeres, el porcentaje relativo de vivienda propia es ligeramente mayor con respecto al de los hombres, en razón de 71.4 a 69.6%.

Durante el periodo 1995-1999, se han implantado programas de vivienda que consideran aspectos de equidad de género en la implementación de las políticas y en la asignación de créditos que favorezcan a las mujeres mexicanas. Un ejemplo de esto lo constituyen las modificaciones a las reglas de otorgamiento de crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que en 1998 determinó otorgar puntos adicionales a las madres solteras jefas de familia para poder acceder con más facilidad a los programas crediticios.

2.    Promover el derecho a una vivienda adecuada

a)    Derecho a una vivienda formal

En México, todos los sectores de la población son sujetos de crédito y se brindan diversas oportunidades para acceder a una vivienda digna, a través de medios públicos y privados. Con esta idea, se fortalecieron los programas crediticios de diversas instituciones durante el periodo 1995-1999: el INFONAVIT otorgó más de 606 mil créditos, destaca que en 1999 otorgó casi 200 mil; el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) otorgó más de 255 mil (incluyen poco más de 17 mil créditos cofinanciados con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE); a su vez este Fondo, otorgó más de 116 mil 200 créditos; y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) otorgó más de 71 mil 700 créditos. En estos cinco años, el Estado ha pasado de ser constructor, a gestor de vivienda, por lo que la demanda se ha incrementado sustancialmente, apoyado por programas ejecutados por constructoras e inmobiliarias privadas a través de los cuales se gestionan créditos públicos a los solicitantes, permitiendo otorgar casas en condiciones dignas.

Con estos esquemas, se puede mencionar que para el 2000 la oferta institucional en materia de adquisición de vivienda se incrementó en casi 8%, con respecto a lo que se ofertaba institucionalmente durante 1996.

Cabe señalar que se han reducido los requisitos y trámites para obtener un crédito hipotecario, lo que facilita la obtención de éste para las familias, debido a que el criterio central para obtener un mayor monto de crédito hipotecario está en función del nivel de ingresos, equivalentes al número de veces el salario mínimo mensual (vsmm). Para la población que labora en la economía informal, que no tiene medio tradicional de comprobar ingresos, existen programas gubernamentales que atienden un ingreso hasta en 2.5 vsmm.

Además, en cada entidad federativa existe un organismo local de vivienda, encargado de conjuntar esfuerzos a nivel estatal y local para brindar mayores oportunidades de vivienda.

La adquisición de suelo para vivienda se realiza mediante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y los organismos locales de vivienda, principalmente.

b)    Relación precio de la vivienda-ingreso

En 1996, el ingreso medio anual por hogar se ubicó en 33 mil 286 pesos y su relación con el precio promedio de una vivienda fue de 20.1, sin embargo, considerando cuatro categorías de vivienda, la relación precio de vivienda–ingreso es de 2.4 para la mínima; de 5.7 para la de interés social, para la media es de 27; y para la residencial de 45.1.

Cabe mencionar que en el mismo año de 1996, los poco más de 2 millones 400 mil hogares que arrendaron una vivienda, destinaron en promedio el 13.9 por ciento de su gasto total en pago de renta.

La tendencia en los últimos cinco años es consolidar el perfil financiero de los organismos públicos como alternativa para promover el acceso a una vivienda adecuada, a través de la modificación de las reglas de otorgamiento de créditos. Estas entidades incluyen conceptos como la bursatilización de la cartera para ampliar el fondo para la construcción de las viviendas y el establecimiento de cofinanciamientos con los gobiernos de los estados.

3.    Proveer igual acceso a la propiedad de tierra

En 1996, el costo promedio nacional de 10 metros cuadrados de suelo urbano en breña para vivienda de interés social con factibilidad de servicios fue de 820 pesos, en tanto que urbanizado fue de 2 mil 80 pesos. Con respecto a la relación de la media del ingreso mensual por hogar con el costo del suelo en breña y urbanizado, a nivel nacional, fue de 0.3 y 0.8, respectivamente; mientras que en el Distrito Federal esta relación fue de 1 para el suelo urbano en breña y 1.6 para el urbanizado.

Para 1999, el costo promedio nacional de 10m² de suelo urbano en breña creció en un 39.2%, en tanto que el ingreso medio mensual de un hogar mexicano creció en un 38.7%. La misma tendencia ocurrió con el costo promedio de suelo urbanizado que creció en un 59.8%. Cabe señalar que con el ingreso medio mensual de un hogar mexicano, a la fecha se requiere el 76.6% anual de este para comprar 10m² de suelo urbanizado y 26.3% para suelo en breña.

En los últimos cinco años se ha buscado generar una mayor oferta de suelo apto para uso habitacional, de manera que el inventario de suelo registra a nivel nacional 33 mil 577 hectáreas, de las cuales 2 mil 318 están urbanizadas, 7 mil 205 se encuentran en proceso de urbanización y 24 mil 54 están en breña. Esta disponibilidad de suelo, relacionada con el precio, facilita el acceso a la tierra para vivienda.

En los últimos años, se ha buscado incorporar suelo urbano de origen ejidal y comunal, con el fin de desalentar los asentamientos irregulares y en riesgo, reubicar los existentes en zonas protegidas y regularizar los ubicados en suelos aptos, evitando así la especulación de tierra. De 1995 al año 1999 se han incorporado un total de 85 mil 124 hectáreas al suelo urbano, de las cuales 10 mil 836 son para uso habitacional.

Cabe señalar que se han implementado diversos programas gubernamentales, cuya finalidad es la de proporcionar lotes con servicios a las familias con menores ingresos, así como programas de autoconstrucción y empleo temporal. Esto ha permitido que mediante esquemas compartidos entre gobierno y sociedad, uno aportando capital y el otro trabajo, se generen mayores posibilidades para acceder a vivienda digna. Asimismo, en coordinación con gobiernos estatales y municipales y a través del Programa de Lotes con Traza Urbana, se ha brindado la posibilidad para que familias de bajos ingresos accedan a una vivienda en mejores condiciones que las que podrían adquirir en el mercado.

4.    Promover acceso equitativo a créditos

a)    Hipotecas y no hipotecas

Fuente: Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1996

La proporción de hipotecas no ha mostrado un incremento sustancial desde 1996. Esto se explica a raíz de los diversos problemas económicos que se dieron como resultado de la devaluación de 1995, básicamente el mercado de hipotecas se ha visto en una recesión, sobretodo en los créditos hipotecarios concedidos por los bancos.

En la actualidad, con las políticas de rescate bancario se tiene previsto reactivar el mercado hipotecario brindando mayores accesos a grupos desprotegidos.

b)    En 1996, el 7.2% de los hogares residían en viviendas propias que estaban pagando, lo que representó que casi un millón 500 mil hogares manejaran hipotecas. Cabe aclarar que el 10.6% de los hogares no especificaban si tenían o no hipotecas. Para 1999, el número de hogares con hipotecas creció en 10% con respecto a 1996.

c)    Ante esta situación, se ha puesto en marcha un mercado primario de hipotecas en el que se lleva a cabo la emisión y colocación de valores respaldados por títulos hipotecarios transferibles, que son emitidos por un intermediario financiero, lo que favorece el acceso a los créditos. Adicionalmente, se busca avanzar en la operación de un mercado secundario de hipotecas en el que los compradores y los vendedores, simultánea y públicamente participen en forma directa o a través de agentes de valores, en la determinación de los precios de los títulos que se negocien en él.

5.    Promover acceso a servicios básicos

A través de diversos programas, se ha buscado brindar acceso a servicios básicos a todos los habitantes del país, tales como agua potable, drenaje y electrificación, mismos que representan una prioridad nacional.

a)    Acceso a agua. A nivel nacional el 85.7% del total de viviendas en 1996, tenía acceso a agua, considerado tanto la disponibilidad de agua en el interior de la vivienda, como dentro del terreno o edificio. En este mismo año la cobertura en el Distrito Federal alcanzó el 97.5% de las viviendas. Para 1999, el porcentaje de viviendas con acceso a agua a nivel nacional se estima en 88.4% como resultado de diversas políticas encaminadas a dotar a las comunidades más alejadas de este preciado líquido.

b)    Acceso a servicios. A nivel nacional el 85.7% del total de viviendas en 1996, tenía conexión de agua entubada; el 73.9% tenía conexión de drenaje; el 96% tenía conexión de energía eléctrica y el 29.9% tenía conexión de teléfono. En este mismo año, en el Distrito Federal las viviendas que contaron con acceso a dichos servicios básicos representaron 97.5, 96.6, 100% y sin datos, respectivamente. Para 1999 a nivel nacional se estima que el 88.4% de las viviendas cuentan con agua entubada, el 79.9% cuentan con conexión de drenaje y el 97.4% con energía eléctrica.

Cabe señalar que ante la necesidad de hacer más eficiente la gestión administrativa que impacte en el acceso a los servicios básicos, se iniciaron durante el período, acciones encaminadas a descentralizar las funciones a los estados y municipios en materia de agua y drenaje.

CAPITULO II. DESARROLLO SOCIAL Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

6.    Proporcionar oportunidades iguales para una vida sana y segura

Los objetivos de la política de desarrollo social establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 son proporcionar la igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos individuales y sociales, elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida y, de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social.

En este sentido, la política de desarrollo social del Gobierno de México, en los últimos años se ha orientado a promover la creación de las condiciones necesarias para que la población tenga acceso a mejores niveles de vida con una perspectiva que asegure su permanencia en el largo plazo. Con criterios de equidad, los esfuerzos se orientan al abatimiento de los rezagos en los servicios básicos y al desarrollo de las capacidades productivas de las personas y las comunidades.

El gasto público orientado al desarrollo social se elevó en 3.2 por ciento anual en términos reales entre 1993 y 1998. Para 1999 representa el 60 por ciento del gasto programable total y el 9.0 respecto al Producto Interno Bruto.

La política social considera dos grandes vertientes: la cobertura general o acciones amplias, como educación, salud, seguridad social, capacitación laboral y vivienda y las acciones dirigidas hacia el combate a la pobreza las cuales apoyan a grupos vulnerables en regiones con alto grado de marginación.

Para ello, la política social se instrumenta a través de las siguientes líneas estratégicas de acción:

• Acciones asistenciales

• Formación de capital humano

• Desarrollo de capital familiar

• Creación de infraestructura social básica

• Impulso al desarrollo social productivo

• Creación de infraestructura física

• Desarrollo de cadenas de comercialización

• Enfoque territorial del desarrollo

• Atención especial a pueblos indígenas

• Igualdad de genero entre el hombre y la mujer

• Impulso a la participación social

• Visión de largo plazo

• Consolidación del carácter regional integral de la política social para su continuidad y consenso colectivo, a través de la creación de un marco jurídico.

Estas líneas de acción se organizan a base de una orientación de políticas que responde a cinco compromisos fundamentales: alimentación, salud y educación, trabajo, capital familiar, una política social pertinente que fomente la inclusión, que tenga una visión territorial, de largo plazo y que sea imparcial.

Con el propósito de incorporar los lineamientos de acción que responden a un nuevo enfoque de política social, los Convenios de Desarrollo Social entre el Ejecutivo y los Estados, se han estructurado definiendo de manera precisa las responsabilidades de los tres niveles de gobierno. También se establece una estrategia de atención a la pobreza desde un enfoque regional, al definir las zonas de atención especial y a las que se destinan la mayor proporción de los recursos.

Por lo que se refiere a la generación de empleos, de 1996 a 199 se crearon 1,558,902 nuevos empleos, que sumados a los existentes dan un total de 10,373,590 trabajadores en activo, a diciembre de 1999.

Los principales indicadores de desempleo urbano mantuvieron una tendencia a la baja en el periodo 1996-1999. En el mes de diciembre de 1999 la tasa de desempleo se ubicó en 2.5% de la población económicamente activa, cifra menor de 3.0 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 1996.

Los programas de apoyo para la generación de nuevos empleos, mejoramiento y modernización de los sistemas de seguridad, impactaron en el índice de criminalidad, destacando el rubro de víctimas por homicidio, registrando un decremento durante el periodo de 1993 a 1998, que van de 18 a 14 víctimas por cada cien mil habitantes, respectivamente.

Los programas de vacunación y control nutricional, así como los encaminados al control de las enfermedades gastrointestinales, para la mejora de los esquemas alimenticios y de servicios sanitarios y de salud, impactaron en una disminución de la mortalidad en menores de 5 años; la tasa de mortalidad durante el período de 1993 a 1998 descendió de 5.5 a 4.65 por mil habitante menores de 5 años.

En el caso del Distrito Federal, se puso en marcha el "Sistema de Servicios Comunitarios Integrados" (SECOI) que ofreció servicios públicos, sociales y privados con el fin de incidir en el fortalecimiento de las estructuras de las familias y de las comunidades.

Asimismo, se pusieron en marcha diversos programas de alimentación, educación, cultura, deportes y recreación como son: el "Programa de Vigilancia y Prevención de la Desnutrición" de los niños menores de 5 años y de las madres en periodo de gestación o lactancia de áreas altamente marginadas; también destacó el programa denominado "Libros de Texto Gratuitos" para secundarias públicas y el relativo a "La Calle es de Todos", con el cual se trató de convertir a las calles amenazadas por la inseguridad en territorio de encuentro entre los ciudadanos.

Para lograr un enfoque integral en los programas y prevención de la violencia familiar y de espacios de atención integral a mujeres víctimas de violencia familiar, el Gobierno del Distrito Federal reinstaló el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

7.     Promover integración social y apoyar grupos excluidos

Con el objeto de instrumentar la política social integral durante la presente administración, se han adoptado esquemas para aplicar los recursos con un enfoque integral y federalista para apoyar a los grupos más vulnerables, fortalecer las capacidades productivas de grupos y comunidades, así como promover la participación social, constituyéndose en un instrumento del gobierno para contribuir a la redistribución de los recursos con un énfasis en una política social con una vertiente productiva sustentando su operación en los siguientes lineamientos generales de política: direccionalidad; integralidad complementariedad, impulso productivo, corresponsabilidad, estacionalidad y sustentabilidad.

Con esta concepción, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa para la Superación de la Pobreza, se ha venido apoyando la creación de empresas sociales, la generación de empleos temporales, la canalización de crédito a campesinos temporaleros, la atención a jornaleros agrícolas migrantes, el desarrollo productivo de los grupos vulnerables como mujeres, indígenas y población que habita en zonas áridas, así como a los prestadores de servicio social que realizan acciones de beneficio comunitario.

El Programa para Superar la Pobreza 1995-2000, constituyó el eje normativo de las acciones para combatir la pobreza, a partir de estrategias que favorecieron la integridad y continuidad de las acciones, la corresponsabilidad y la participación social, a la vez que permitieron el impulso a la descentralización, atención a las regiones prioritarias y promoción del desarrollo sustentable.

Los recursos fiscales de los fondos para el combate a la pobreza extrema contemplados en el presupuesto federal, fueron canalizados a regiones prioritarias a lo largo y ancho del país, principalmente a 988 municipios, clasificados de "atención inmediata" por sus condiciones de pobreza extrema.

En el caso del Distrito Federal, se llevó a cabo la revisión del marco legislativo, destacando la reforma a las leyes para personas con discapacidad, deporte, instituciones de asistencia privada, derechos de las niñas y niños, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la del Instituto de Cultura de la Ciudad de México.

Con la intención de promover la integración social y a poyar a los grupos excluidos del Distrito Federal, se creó la red de promotores " Jóvenes por la Ciudad" para impulsar la organización participativa en acciones de cultura, deporte, y salud mental comunitaria.

De igual manera, se estableció una política social dirigida a "La Población Indígena Originaria y Migrante", a través de la creación del Centro de Atención al Indígena Migrante (CAIM) y La Casa de los Pueblos Originarios del Distrito Federal; que permitió orientar a dichos grupos en las opciones de actividad económica, otorgamiento de servicios públicos y privados dirigidos a ellos.

El sistema nacional de salud, para promover una política de dignificación de las personas con discapacidad, que fomente la cultura de inclusión, respeto y dignidad, se ejecutaron proyectos para operar Unidades Básicas de Rehabilitación, que ofrecieron consultas médicas especializadas, tratamientos simples y específicos, valoración y tratamiento psicológico, orientación y apoyo social, estimulación temprana y terapia de lenguaje a menores de 12 años, así como de servicios para prevenir la discapacidad.

En el Distrito Federal para atender a la población con adicciones, se creó el Fideicomiso de los Institutos para los niños de la calle y las adicciones (FINCA), y operó el "Programa de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Jóvenes de la Calle con Alto Riesgo Social"; se establecieron módulos de atención y prevención de las adicciones, aprovechando los recursos y la infraestructura existentes en albergues y hospitales de la capital.

8.    Promover igualdad de género para el desarrollo de los asentamientos humanos

A lo largo de estos años, la política de población ha tenido como objetivo fundamental la participación de los mexicanos en forma justa y equitativa en los beneficios del desarrollo económico y social, a través de la regulación de los fenómenos que afectan la estructura, dinámica y distribución territorial de la población.

La política de población reclama un enfoque integral, claramente inserto en las prioridades del desarrollo social, que propicie un cambio de mentalidad e intensifique el espíritu de previsión y planeación en las familias, así como el afán de igualdad entre sus miembros especialmente en cuestiones de género; que fomente también una alta valoración parental de los hijos y que extienda y arraigue una cultura demográfica sobre las repercusiones de la población en el medio ambiente y la sustentabilidad del desarrollo.

Romper el círculo demográfico de la pobreza, es reconocer el reforzamiento mutuo que existe entre las acciones encaminadas a combatir la pobreza y las orientadas a reducir el crecimiento demográfico. Asegurar nutrición adecuada y servicios de salud a madres y niños, fomentar la asistencia escolar y las aspiraciones de logro educativo, propiciar oportunidades de empleo productivo, e impulsar la condición de la mujer, son acciones estratégicas para combatir la pobreza y a la vez para favorecer el cambio demográfico.

Para ello se impulsan programas que complementan directamente el ingreso de las familias pobres, sobre todo bajo la forma de becas las cuales son más altas para las niñas que para los niños. Tal es el caso, del Programa de Educación, Salud y Alimentación que opera desde 1997 y atiende a 2,558,150 familias de 53,056 localidades ubicadas en 2,156 municipios, en las regiones de la república donde se registran los mayores rezagos y más altos índices de pobreza.

El periodo de 15 a 64 años de edad tiene gran trascendencia social por ser la época productiva del hombre, en el se encuentra la mayor cantidad de población. Si bien todas las etapas de la vida del ser humano son importantes, la sociedad protege y fomentar la salud del adulto para que su actividad rinda al máximo. En el periodo 1990-1998 las defunciones ocurridas en este grupo poblacional tienen una gran magnitud del total acaecido, su peso relativo osciló entre el 35.7 (1990) y el 38.5 (1993).

Con relación a la tasa de mortalidad en esta población, ésta descendió progresivamente de 3.2 en 1990 a 2.9 en 1998, lo que significa una disminución de un 9.4%. El índice de sobremortalidad masculina muestra que la mayor cantidad de defunciones ocurren en el sexo masculino, para este periodo presenta variaciones y a partir de 1995 se da un descenso de 4 puntos porcentuales (185.0 a 181.0).

Se han desarrollado acciones en materia de educación sexual, para el desarrollo integral de la familia, y las encaminadas a ampliar las oportunidades de educación y participación de las mujeres en la actividad económica. Destaca como resultado la disminución sensible de la tasa global de fecundidad, en 4 décimas durante el periodo que se informa, en virtud de haberse registrado 2.8 en 1995 y 2.4 en el 2000.

Para corregir las desigualdades en las oportunidades educativas y de empleo entre hombres y mujeres, se operaron programas especiales de alfabetización orientados a evitar la deserción escolar de las mujeres en todos los niveles educativos, de capacitación y de previsión social para el trabajo; En 1993 se registró una brecha mujeres-hombres en la inscripción en los estudios de nivel profesional por sexos de 7.7% y para 1998 este porcentaje se redujo notablemente a 3.4%.

Asimismo, en el ámbito educativo nos enfrentamos al reto de lograr que todos los ámbitos de una localidad se integren en una sola comunidad de aprendizaje, es decir, que el hábitat participe del esfuerzo de la escuela por brindar aprendizajes significativos a los alumnos.

La formulación, coordinación y cumplimiento de las políticas para promover la participación de la mujer en el desarrollo, han recibido un fuerte impulso a través del "Programa Nacional de la Mujer", el cual norma y coordina las actividades para hacer más eficiente la articulación e integración de las acciones gubernamentales, involucrando a las diversas organizaciones sociales que atienden a la mujer.

Como estrategia para lograr la igualdad de género entre hombre y mujer destaca el "Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer", el cual ha fomentado la participación organizada de las mujeres que se encuentran en condiciones de marginación y pobreza extrema con el fin de mejorar su bienestar social y condiciones de vida de sus familias, logrando para fines del periodo que se reporta, una atención de cerca de 50 mil mujeres y sus familias en 17 entidades federativas.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), desde 1972 su Red Móvil realiza trabajos con mujeres en materia de salud, alimentación y vivienda orientados hacia la atención del núcleo familiar y comunidades, encaminados a fomentar pequeñas unidades económicas y proyectos productivos para consolidar pequeñas empresas familiares y comunitarias de carácter informal.

Durante el periodo 96-99, se impulsaron 1,050 proyectos de apicultura, 681 estanques acuícolas, 1,266 granjas agropecuarias, 1,951 grupos de maquila familiar y 1,846 talleres de artesanías. El Programa de Cocinas Populares y Servicios integrales (COPUSI) a cargo del DIF, tiene 66 proyectos productivos, vinculados a una mayor participación de la mujer.

Cuando existen excedentes de producción de estas micro empresas, o bien mediante fondos de ahorro comunitario, ha sido posible impulsar proyectos autofinanciables, como panaderías comunitarias, refresquerías, papelerías, talleres de costura rurales, molinos de nixtamal, tortillerías, estanques acuícolas; desarrollo de proyectos pecuarios, granjas ovinas, caprinas y avícolas.

México participó en el programa internacional "Más y Mejores Empleos para las Mujeres", que tiene como propósito mejorar las oportunidades y condiciones de empleo para este género, que ha logrado reducir la brecha mujeres-hombres en el rubro del desempleo de –3.20% para 1993 a –2.00% en 1998.

De igual manera, se impulsa la capacitación de la mujer mediante cursos de superación laboral y personal; como resultado, el 28% del total de capacitados fueron mujeres, equivalente a una población de 3,971 trabajadores durante el periodo 1998-1999.

Finalmente, la esperanza de vida de los mexicanos para 1993 era de 74.0 años en las mujeres y 67.3 en los hombres. En 1998, fue de 77 años para mujeres y 72 años en los hombres; cifras que reflejan una mayor equidad de longevidad entre las mujeres y los hombres.

En el Distrito Federal, se firmaron convenios de colaboración con organizaciones sociales que cuentan con una amplia trayectoria sobre proyectos y programas a favor de las mujeres y se estableció la "Red de Salud por las Mujeres", con el fin de promover la equidad de género en la capital, en donde se concentra el mayor número de habitantes del país.

CAPÍTULO III. GESTIÓN AMBIENTAL

9.    Promover estructuras de asentamientos geográficamente equilibradas

México se caracteriza por una estructura territorial desequilibrada, como producto de inercias históricas y de un patrón de industrialización y urbanización concentrado inicialmente en sólo algunas ciudades.

Entre las tendencias de cambio territorial es particularmente preocupante la evolución potencial del área metropolitana de la Ciudad de México hacia una verdadera megalópolis en la región centro que plantea complejos problemas de organización. Asimismo, la apertura económica y la globalización establecen nuevos problemas y oportunidades en materia de cambio territorial. El mayor problema es el riesgo de una fractura del territorio nacional entre regiones integradas que crecen rápidamente y regiones no integradas que se quedan progresivamente rezagadas. Las oportunidades de cambio territorial se asocian con el aprovechamiento de las nuevas dinámicas económicas para favorecer un mayor equilibrio territorial. Al mismo tiempo, es evidente la necesidad de fortalecer mecanismos de apoyo compensatorio a las regiones rezagadas.

La política de fortalecimiento del federalismo impulsada por la actual administración federal crea un contexto favorable para una mayor iniciativa de los gobiernos estatales y locales en materia de desarrollo y ordenamiento territorial integral. Las modificaciones introducidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental en 1996 afianzan el papel del ordenamiento ecológico como un instrumento de política ambiental. Se ha establecido un mecanismo de coordinación interinstitucional federal para impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias, definidas como microrregiones rurales. Paralelamente, se ha consolidado un proceso piloto de planeación regional del desarrollo sustentable en la macrorregión de Occidente Centro-Norte, compuesta por nueve entidades federativas, con énfasis en el ordenamiento del crecimiento industrial y urbano. En este proceso se busca consolidar un mecanismo de gestión que permita articular las iniciativas estatales con una estrategia regional nacional para el desarrollo sustentable.

Posiblemente, la mayor lección de la experiencia reciente en materia de planeación regional y urbana es el nuevo papel de las iniciativas de coordinación horizontal entre estados y municipios como fuerza política de impulso a la planeación regional. Este nuevo papel de una planeación en sentido ascendente va de la mano con la necesidad de un nuevo impulso a la consolidación de una visión estratégica nacional, que ya no puede ni debe imponerse de arriba hacia abajo, sino que debe ser concertada con las regiones.

Una segunda lección de la experiencia se refiere a la necesidad de que el impulso al desarrollo regional y urbano se aborde con una doble perspectiva, de solución a problemas ambientales, a la vez que de aprovechamiento de oportunidades de desarrollo sustentable. Asimismo, y considerando la evolución institucional de la planeación territorial, tiene especial importancia la integración de los enfoques de ordenamiento urbano y ambiental, para una consideración integral del desarrollo sustentable en sus dimensiones rural y urbana.

Por último, y en lo que respecta a las instituciones básicas en el nivel federal, es importante considerar la creación de un órgano responsable de la visión de conjunto de la planeación regional del desarrollo, de la coordinación interinstitucional normativa del gasto público en el nivel federal, y del impulso a programas regionales estratégicos.

10.    Administrar de manera efectiva la oferta y demanda de agua

En el país existen 201,138 localidades, de las cuales 98.6% son rurales y el 1.4% urbanas (con más de 2,500 habitantes). No obstante, el 73.5% de la población se asienta en las localidades urbanas, y cabe destacar que en las 169 localidades más grandes (el 0.1% del total), se concentra 51% de la población total nacional. En este marco de extrema dispersión y concentración la cobertura nacional de agua potable fue del 78% y la del alcantarillado del 61% en 1990.

Aún bajo estas condiciones, y con un crecimiento demográfico del 1.8 % anual, a fines de 1999 la cobertura nacional de acceso al agua potable logró ampliarse para alcanzar el 86.7% de la población. De este porcentaje, se ha logrado mantener a niveles superiores al 92% el volumen de suministro hidráulico desinfectado.

Con respecto al servicio de alcantarillado, se alcanzó en 1999 una cobertura nacional del 72.6%. Mantener este nivel en los últimos años ha significado ampliar los servicios para beneficiar a 4.9 millones de nuevos habitantes. En la actualidad se tienen en operación 777 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con un gasto tratado de 42,397 lps., por lo que el 21.5% del volumen total de aguas residuales que proceden de las localidades urbanas a nivel nacional, estimado en 196 m³/seg. reciben algún tipo de tratamiento.

Como resultado de las lecciones aprendidas, la CNA instrumentó un conjunto de programas orientados a la descentralización de sus acciones y recursos a los gobiernos de los estados. Asimismo, promueve y establece en diversas entidades del país, Consejos y Comisiones de Cuenca, y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), para involucrar a la sociedad y a las autoridades federales y locales en la toma de decisiones; y además promueve la participación social a través de campañas para el mejor uso y ahorro del agua, así como para fomentar una cultura de protección actual y futura del recurso.

11.    Reducir la contaminación urbana

Los problemas de contaminación de los asentamientos humanos de México se agudizan por varios problemas que incluyen: la debilidad de las capacidades institucionales, particularmente en cuanto a infraestructura de monitoreo y a la escasez y constante rotación de cuadros técnicos; la reducida integración de las políticas sectoriales; y la insuficiencia de recursos económicos.

En este marco, y en relación con la contaminación atmosférica, la atención federal se ha concentrado en las principales zonas metropolitanas. Para las 12 ciudades seleccionadas se cuenta ahora con 7 programas de calidad del aire (Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Cd. Juárez, Mexicali y Tijuana).

Asimismo, gracias a la participación entusiasta de la comunidad fronteriza de
Cd. Juárez - El Paso - Doña Ana, los gobiernos de México y Estados Unidos decidieron impulsar la creación del Comité Consultivo Conjunto para la Cuenca Atmosférica de esas tres ciudades, el cual se convierte en un mecanismo innovador de participación pública binacional en el análisis, diseño y solución de estos problemas .

Estos programas delinean por primera vez acciones integradas entre los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y sector académico, enfocadas a la prevención y solución de los problemas de contaminación atmosférica.

Se encuentra en proceso la modernización del Reglamento de Aire y, a escala local, se han modificado los reglamentos correspondientes con el fin de llevar a cabo los programas de control de la contaminación atmosférica para fuentes móviles y fijas.

Por otra parte, se cuenta con una capacidad instalada para el adecuado tratamiento y reciclaje de 40 % de los residuos peligrosos que se estima son generados anualmente en el país. Se espera que para fines del año 2000 la oferta de servicios permita cubrir el manejo adecuado de 50 % del volumen generado.

El enfoque integral que se maneja para la gestión de los residuos industriales implica aprovechar nuevas oportunidades para: crear un mercado de servicios para el manejo apropiado de recursos, atraer inversiones nacionales y extranjeras, integrar cadenas productivas, y fomentar la competitividad industrial y la generación de empleos.

En especial, México desarrolla desde 1996 un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) que permite cuantificar y georeferenciar las emisiones y descargas contaminantes, y dar acceso al público a la información ambiental. Se cuenta también con un sistema de indicadores para la evaluación del desempeño ambiental bajo el marco metodológico de la OCDE.

En el marco del acuerdo general de cooperación entre México y Japón, a partir de 1996 se inició el proyecto del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA), orientado al fortalecimiento de las capacidades de análisis en materia de contaminación atmosférica y residuos peligrosos en México. Actualmente la SEMARNAP cuenta con un laboratorio de análisis ambiental con el equipo más moderno, respaldado con la participación de la Universidad Autónoma Metropolitana.

A partir de 1995, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha incrementado y mejorado las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental. Ha realizado más de 43 mil visitas de inspección a fuentes de contaminación de jurisdicción federal entre 1996 y 1999, a través de las cuales se ha detectado un incremento paulatino, pero consistente, en el grado de cumplimiento de las normas ambientales aplicables a la industria.

Este sector y algunos giros incluidos en el de servicios participan cada vez con mayor compromiso en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, que promueve el cumplimiento voluntario de la normatividad, y la aplicación de buenas prácticas de ingeniería adoptadas en el ámbito internacional. En el mismo periodo, se iniciaron 808 auditorías ambientales y se concluyeron 783; asimismo, para llevar a cabo las acciones correctivas determinadas en los planes de acción derivados de las auditorías ambientales, las empresas públicas y privadas comprometieron inversiones por mas de 4,500 millones de pesos.

La problemática social que tiene un país en transformación, como es el caso de México, hace imprescindible que al análisis técnico que se efectúa para la solución de una determinada problemática, se añadan elementos económicos, sociales y políticos que puedan impulsar una política integral en la solución de la problemática de contaminación. Asimismo resulta estratégico plantearse la inversión en educación ambiental, como una herramienta fundamental que coadyuve, junto con los avances tecnológicos y la modernización de la normatividad, a la solución de los problemas ambientales. Entre las lecciones aprendidas destacan también, la importancia de integrar políticas, fortalecer la descentralización, generar mayor información y su acceso por parte de la ciudadanía, lograr un mayor intercambio internacional sobre experiencias en materia de prevención y control de la contaminación, y fomentar la participación de los sectores privado y académico en la formulación de políticas de gestión ambiental.

12.     Prevenir desastres y reconstruir asentamientos

Por sus condiciones climáticas y fisiográficas, México es particularmente vulnerable a incendios forestales en el periodo de estiaje. Durante los últimos años se han registrado un promedio de 7,200 incendios al año, de 25 hectáreas cada uno. Casi la totalidad de ellos obedece a causas humanas, ya sea por accidente, negligencia o intencionalidad.

Los desastres naturales son atendidos en México de manera coordinada por diferentes dependencias, tanto en el nivel federal como en el estatal y municipal. En el plano federal, la instancia coordinadora es la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil, y en los estados operan las coordinaciones locales de protección civil.

Con esta organización, la atención a desastres y la mitigación de sus daños se sustenta en un esfuerzo de prevención, en la creación de normas de operación y construcción, en los esfuerzos de ordenamiento ecológico que se están desarrollando en el país, y en la conservación y restauración de los ecosistemas.

En lo que se refiere a la acción gubernamental, en 1999 se publicaron por primera vez en nuestro país las Reglas de Operación del Fondo Nacional para Desastres Naturales, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas a la ocurrencia de desastres de grandes proporciones, y de generar incentivos adecuados para que la distribución de los riesgos y costos asociados a los desastres naturales se realice de manera más equitativa entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad en general. Con base en lo anterior cada año, a partir de 1999, existe en el presupuesto federal una partida destinada a la atención y reconstrucción en caso de desastres naturales.

Las líneas de trabajo en esta materia se han centrado en dos vertientes, una preventiva y otra correctiva. Durante 1999 se incluyó en los convenios de desarrollo social que son instrumentos de coordinación que firma la federación con estados, la microzonificación de riesgos a niveles de estados y centros de población, esto con la finalidad de tomar las medidas preventivas que en el corto, mediano y largo plazo, permitan orientar, reubicar y regular la ubicación de los asentamientos humanos dentro del territorio nacional. Se tiene previsto que para el año 2000 todos los estados del país cuenten con sus respectivos atlas de riesgos.

Durante 1999 resultaron dañadas 85,449 viviendas como resultado de las lluvias y los sismos ocurridos que afectaron a diversas poblaciones del país. Cabe señalar que los daños en infraestructura y vivienda fueron del orden de los 10,151.3 millones de pesos, por lo que se implementaron diversos programas gubernamentales que permitieron la reconstrucción de hogares e infraestructura urbana, así como la reubicación de los afectados.

A la fecha no se cuenta con un sistema nacional de seguros contra desastres, por lo que es de gran relevancia trabajar en este aspecto, ya que es requisito legal que la infraestructura a cargo del Gobierno Federal cuente con seguros de daños suficientes para cubrir riesgos catastróficos. Asimismo, que las dependencias destinen parte de sus presupuestos normales a reducir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ocurrencia de desastres o en todo caso a mitigar los posibles daños asociados.

Anualmente se destinan recursos al manejo de bosques y al establecimiento de medidas preventivas como son la construcción de brechas cortafuego y la reforestación de áreas afectadas por incendios. Asimismo, se capacita a los productores forestales en el manejo de sus bosques y a los campesinos en el manejo de técnicas adecuadas para el uso del fuego.

En lo que a infraestructura hidráulica, pesquera y acuícola se refiere, el énfasis se ha puesto en el establecimiento de normas de construcción adecuadas y el aseguramiento de dicha infraestructura. Para el caso de los pequeños productores acuícolas o pesqueros, el apoyo que se otorga es dirigido a la capacitación, la reposición parcial de sus activos productivos y la creación de fuentes temporales de ingresos en tanto se restablece su actividad principal.

Las lecciones aprendidas incluyen: la evidente conveniencia de prevenir en lo posible los desastres, de atenderlos con un enfoque integrado, y de contar con organismos adecuados de coordinación intersectorial y con mecanismos financieros complementarios. Asimismo, cabe reconocer que los ecosistemas equilibrados constituyen una barrera efectiva a los desastres naturales.

13.     Promover sistemas de transporte eficaces y ambientalmente adecuados

El transporte representa una fuente importante de contaminación atmosférica, en las grandes áreas urbanas del país y particularmente las Zonas Metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la capacidad de respuesta de las autoridades es limitada ante las demandas que ocasiona el crecimiento demográfico, y el problema se agudiza con la cultura del automóvil individual, prevaleciente en la mayoría de las urbes del país.

En este marco, se han hecho importantes esfuerzos para mejorar el transporte público, mediante el impulso a sistemas no contaminantes como el metro y los trenes eléctricos urbanos, y la aplicación de diversas medidas para desalentar el uso del transporte individual en los grandes conglomerados urbanos. En paralelo a los programas de mejoramiento de la calidad del aire señalados antes, pueden mencionarse varios proyectos orientados a contribuir a la solución de problemas de contaminación ambiental en zonas urbanas, como los libramientos ferroviarios de Monterrey y Guadalajara, la reubicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, y otros ferrocarriles suburbanos en las principales ciudades del país.

Todos los proyectos de transporte, deben cumplir estrictamente con la normatividad existente en materia de protección ambiental. En este sentido, los nuevos proyectos deberán estar orientados a la aplicación de tecnologías que permitan favorecer e impulsar la protección al medio ambiente y el equilibrio ecológico.

Así, los proyectos de transportes relacionados con núcleos urbanos deben atender las siguientes prioridades: impulso al transporte masivo, consumo eficiente de combustibles, disminución máxima posible en la generación de ruidos, eliminación de los derrames de aceites contaminantes del subsuelo, aguas superficiales y mantos freáticos, reducción de congestionamientos vehiculares por construcción de pasos a desnivel, apoyo a la eficiente circulación vehicular mediante el reordenamiento de las unidades de baja densidad de transporte, y orientación del desarrollo urbano de manera planificada hacia reservas territoriales para evitar impactos adversos al entorno.

14.     Apoyar mecanismos para preparar e instrumentar planes ambientales locales e iniciativas de la Agenda Local 21.

Existen avances en la formulación de planes de desarrollo urbano de centros de población; sin embargo la inclusión de la dimensión ambiental en los mismos es limitada, ya que el tema es relativamente reciente dentro de la Administración Pública Federal. Se detectan problemas tales como la ocupación inadecuada de reservas territoriales, deforestación, disminución de las zonas de recarga de acuíferos, etc. Entre los obstáculos destacan la existencia de intereses creados, así como limitaciones técnicas y administrativas, y escasez de recursos económicos aplicables a la gestión ambiental.

La Semarnap publicó en diciembre de 1999 el documento Agenda 21 Local, Criterios para su construcción en México, que incluye una metodología para el desarrollo de la Agenda 21, así como información general sobre las actividades que se llevan a cabo en nuestro país, para cumplir con dicho compromiso internacional. Cabe destacar las acciones desarrolladas con los 11 ayuntamientos del estado de Aguascalientes, en los que se buscó vincular el planteamiento de la Agenda 21 con los Planes Municipales de Desarrollo, mediante la realización de varios talleres orientados a elaborar un diagnóstico y definir proyectos prioritarios, así como a formular Programas Municipales para el Desarrollo Sustentable.

Asimismo, se han puesto en marcha algunas iniciativas, programas, estrategias o instrumentos de política ambiental que contribuyen a la construcción del desarrollo sustentable. Entre los trabajos impulsados por la Semarnap sobresalen el ordenamiento ecológico del territorio, instrumento de planeación dirigido a regular y orientar la mejor localización de las actividades productivas y los usos del suelo en el territorio; los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders), orientados a aplicar una política de desarrollo sustentable en regiones, microrregiones y comunidades rurales prioritarias de México, y la aplicación en los municipios del país del documento titulado: Agenda Municipal para la Gestión Ambiental, como instrumento de apoyo al fortalecimiento de la gestión ambiental local.

La experiencia ha demostrado que es necesario articular la planeación con el mercado; integrar los ámbitos rurales y urbanos, y contar con los instrumentos técnicos, administrativos y financieros adecuados para transitar de manera eficaz y eficiente hacia el desarrollo sustentable.

CAPÍTULO IV. DESARROLLO ECONÓMICO

15.    Fortalecer pequeñas y micro-industrias, particularmente las desarrolladas por mujeres

Para lograr un crecimiento económico sostenido que favorezca la creación de empleos en el país y mejore los índices de bienestar tanto en zonas urbanas como rurales, se ha recurrido al diseño y ejecución de políticas y acciones de carácter integral, que se dirigen a la creación y consolidación del empleo, mediante la participación concertada de los sectores público y privado.

Uno de los factores fundamentales para revertir la problemática urbana es propiciar un desarrollo económico sostenido que se traduzca en un crecimiento constante de las oportunidades de empleo.

Ante la apertura comercial y el esquema global, ha sido objetivo esencial de la política industrial el fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa, mediante el apoyo a la capacidad gerencial, al desarrollo tecnológico, a la inserción eficiente en las cadenas productivas, al incremento de la productividad, a fin de consolidar y multiplicar el empleo generado en la micro, pequeña y mediana industria, sobre bases de eficiencia y competitividad internacional.

El desarrollo que ha tenido la economía mexicana en el período 1996-1998 se distingue por una importante recuperación después de la recesión del año de 1995, en el cual el país sufrió los impactos de la devaluación de finales de 1994. Después de la caída del PIB en 1995 de 6.17%, se ha tenido un período de 4 años de crecimiento por arriba de la tasa de natalidad, con incrementos del PIB de 5.15% en 1996, 6.78% en 1997 y 4.95% en 1998.

El comportamiento del Distrito Federal, fue similar al conjunto de la economía, la evolución del PIB registró una caída en 1995 del 8.58% y crecimientos en 1996 de 4.4%, en 1997 de 6.91% y en 1998 de 2.96%.

El Distrito Federal concentra aproximadamente el 23% del PIB nacional, el ingreso per cápita en 1998 fue de $34,465 mientras que para la República Mexicana fue de $13,799 a precios de 1993.

En el ámbito federal y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en el marco del Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, publicado en mayo de 1996, ha instrumentado programas que promueven la creación de micro y pequeñas empresas, y la elevación de la eficiencia y competitividad de las existentes.

Con el propósito de impulsar un crecimiento económico sostenido, generar más y mejores empleos y alcanzar los niveles de bienestar que demanda la sociedad, el Gobierno Federal y los locales también desarrollaron diversos programas orientados a solventar la problemática de desempleo y pobreza que se presenta en algunos núcleos urbanos.

El objetivo de los "Programas en Apoyo a la Creación de Nuevas Empresas" se enfocaron a informar y orientar a los microempresarios en los trámites y procesos a seguir para la conformación de empresas y de esta forma, abrir un abanico de opciones de decisión, que pueden complementarse con el acceso a los Programas de "Primer Contacto", que ofreció al usuario, información clara y precisa en el inicio o desarrollo de un negocio, y el de "Guías Empresariales" que constituye una herramienta práctica sobre los pasos a seguir para establecer un negocio o mejorar su desempeño.

Estas medidas impactaron en el porcentaje de la población desocupada a nivel nacional, registrando una disminución apreciable, debido a que en 1995 era de 6.2%, en 1996 fue de 4.3%, en 1997 de 3.3% y en 1998 de 3.0%; para el caso de mujeres los porcentajes en los mismos años fueron, 7.8%, 5.3%, 4.9% y 4.3%; para el caso de hombres se aprecian mayores avances, ya que los porcentajes de desempleo se han reducido para el mismo período en, 5.4%, 3.9%, 2.4% y 2.3%, respectivamente.

En el caso de la Ciudad de México, el porcentaje de desempleo se ha reducido de igual forma, en virtud de haberse registrado en 1995 un 7.5%, en 1996 el 7.7%, en 1997 el 5.3% y en 1998 el 4.3%; por lo que se refiere a mujeres, los porcentajes en los mismos años fueron, 7.8%, 7.9%, 6.6% y 5.0%; para el caso de hombres se observa una disminución para el mismo período con el siguiente comportamiento en 7.4%, 7.5%, 4.5% y 3.9% respectivamente.

Las micro, pequeñas y medianas empresas crecieron en promedio 5.8% anual de 1995 a 1999 y el empleo en este sector se comportó favorablemente creciendo a un ritmo de 7.9%, el número de establecimientos creció anualmente en 13.3% y el empleo en 21.3 %.

El comportamiento del empleo informal a nivel nacional no ha variado apreciablemente en el período de 1995-1997, debido a que los registros fueron: 30.9, 32.0 y 31.1%; en cuanto a hombres, los porcentajes han sido de 26.3, 27.9 y 26.4 %, respectivamente. Los porcentajes de empleo informal de mujeres son más altos, ubicándose en 40.7, 40.5 y 40.5%, es decir, de cada 5 mujeres trabajadoras 2 se ubican en el sector informal.

Cabe señalar que en materia de empleo informal aún falta mucho por hacer para incorporar a este sector como un elemento fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades, y que a la fecha los trabajadores de este sector cuentan con muchas carencias, especialmente de capacitación y seguridad social, así como la dificultad para encauzar e incentivar sus contribuciones al sistema hacendario.

En cuanto a los programas para fortalecer el encadenamiento productivo se orientaron a promover el adecuado vínculo entre los agentes que intervienen en el proceso, la sinergia resultante benefició a cada eslabón, sobre todo a las micro y pequeñas empresas; en la materia destacaron, "El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)", "El Sistema para la Subcontratación Industrial", "El Programa de Desarrollo de Proveedores", el "Programa de Desarrollo de Empresas Integradoras", que tuvieron como objetivo vincular las empresas a las cadenas productivas.

Los programas específicos para la mujer tomaron gran relevancia, por lo que la Secretaría de Gobernación coordinó uno de los planes de acción orientados al desarrollo laboral de la mujer, que incluyó "El Programa Nacional de la Mujer" en donde la Organización Internacional del Trabajo participó con acciones incluidas en uno de sus principales instrumentos denominado "Plan de Acción Más y Mejores Empleos para las Mujeres", con el que se contará con las estructuras institucionales y redes de apoyo para formular, llevar a la práctica, supervisar y evaluar las políticas de género y de mejorar la cantidad y calidad de los empleos de las mujeres.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, coordinó el "Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO)", mediante el cual se proporcionó asistencia técnica y apoyos financieros a programas de capacitación y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de incrementar su productividad para mantener y aumentar el empleo, desarrollar sus recursos humanos y mejorar las condiciones de trabajo al tiempo que, con la difusión de las experiencias, se produjo un efecto multiplicador en otras empresas con características similares.

16.    Promover asociaciones entre el sector público y privado estimulando oportunidades de empleo productivo

La SECOFI ha desarrollado diversos programas para propiciar la asociación entre agentes del sector público y empresarial para desarrollar fuentes de empleo:

"La Red Nacional de Centros para la Competitividad Empresarial", proporcionó información y asistencia tecnológica, financiera, administrativa, de mercadotecnia y en todos los demás aspectos que requieren las pequeñas empresas para competir en el mercado nacional e internacional, a través de los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE) que fueron creados para fomentar la competitividad de dichas empresas.

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), mediante el "Programa para el Desarrollo de la Industria Local", otorgó asesoría y capacitación para la creación de sistemas públicos de servicios tecnológicos, enfocados a apoyar a las pequeñas y medianas empresas que utilizaron recursos primarios de su región en procesos de manufactura tradicionales y que produjeron bienes finales para abastecer principalmente al mercado local.

Los "Programas de Consolidación y Fortalecimiento" que hicieron énfasis en el incremento a la calidad y productividad de las empresas para apoyar el reto que enfrentan ante la apertura del mercado, destacando el papel del programa "Compite" que ha propiciado el incremento en la productividad de un conjunto importante de empresas en un 114% en promedio, mediante la realización de 1510 talleres en las propias plantas, que representan más de 91,000 horas efectivas, con una participación de más de 19,700 personas.

El "Programa para Establecer Sistemas de Aseguramiento de Calidad en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" y el "Programa de Capacitación y Modernización del Pequeño Comercio", promovieron una cultura de calidad, a través de cursos, el primero se materializó en el periodo que se reporta a través de 200 cursos.

El Sistema de Evaluación de Indicadores de Competitividad, el Sistema de Autodiagnóstico y el Programa de Artesanías, funcionaron como una herramienta para que los propios empresarios conozcan su potencial en el mercado, atendiendo en forma prioritaria el sector artesanal con el fin de incrementar la aceptación de sus productos en los mercados nacional e internacional.

En esta materia, cabe señalar que si bien existen diversas instancias que hacen confluir diversos sectores para el desarrollo de las ciudades a través de esquemas de planeación concertada, aún falta trabajo por hacer a fin de implantar a los niveles requeridos un sistema gerencial a través del cual empresas privadas desarrollen funciones públicas, especialmente en materia de desarrollo urbano y desarrollo sustentable. Esto se debe en buena medida a la carencia de recursos para el funcionamiento de dichas empresas. El desarrollar asociaciones públicas y privadas se presentan como un reto para acciones futuras que permitan acercar la planeación y construcción de las ciudades con un proyecto social y privado.

CAPITULO V. GOBERNABILIDAD

17.     Promover la descentralización y fortalecer autoridades locales

México ha experimentado en las últimas tres décadas un proceso de democratización que ha tenido efectos positivos en su desarrollo. Una de las premisas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 es la descentralización de la vida nacional y el quehacer gubernamental a lo largo y ancho del país, línea en la que se ha avanzado en forma decidida, mediante un esquema multisectorial e interinstitucional en donde se consideran los esfuerzos de todos los agentes públicos y privados.

En este sentido, se estableció el "Programa para un Nuevo Federalismo (NF), 1995-2000", el cual considera el fortalecimiento de la unidad nacional con base en relaciones intergubernamentales sustentadas en los principios de cooperación y coordinación, mediante el fortalecimiento de las estructuras, funciones y responsabilidades a cargo de las instituciones de los tres niveles de gobierno.

La construcción de un sistema democrático ha permitido la autonomía, fortaleza y respeto entre los tres ordenes de gobierno con una clara delimitación de atribuciones, soslaya la reforma del 23 de diciembre de 1999 al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta modificación, sin duda la más profunda en la historia del país para generar una mayor autonomía de los gobiernos locales reconociendo al Municipio como un nivel de gobierno, será ejercida por el Ayuntamiento sin que exista autoridad intermedia entre éste y el gobierno de la Entidad Federativa, de igual forma se otorga mayor autonomía en materia de administración y operación de servicios públicos, se posibilita la coordinación y asociación entre municipios para el ejercicio de sus funciones y se les faculta para hacerse cargo en forma directa de los recursos de la hacienda municipal, proponiendo a las legislaturas estatales, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones.

Asimismo se faculta al municipio para responsabilizarse de la planeación de la ocupación y aprovechamiento de su territorio, elaboración de planes de desarrollo regional, regularizar la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos de construcciones, celebrar convenios de administración y custodia de zonas federales, entre otros.

Con estas modificaciones, se establece el inicio de un amplio proceso de descentralización basado en el municipio como célula de la organización política, y que permite que éstos se puedan allegar y administrar mayores recursos a través de nuevas fuentes de ingresos que por muchos años estuvieron manejadas por el gobierno federal. Este artículo incrementa las facultades municipales en materia de administración y operación de servicios públicos, entre los que destacan la seguridad pública, agua potable, tratamiento y disposición de residuos sólidos, así como aguas residuales.

Cabe destacar que los municipios tienen capacidad jurídica para adquirir créditos en los términos de diversos ordenamientos jurídicos así como la autonomía para el manejo de sus propios recursos sin que esto implique intervención directa de otro nivel de gobierno, salvo los mecanismos de coordinación establecidos legalmente con estados y federación.

Es de precisarse que las reglas y montos para la transferencia de fondos de la federación a estados y municipios deben ser aprobadas por el congreso nacional antes del 31 de diciembre de cada año a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, delimitándose las participaciones a estados y municipios. Asimismo, se firmaron los Convenios de Desarrollo Social, instrumentos que permitieron fijar la cooperación en términos económicos y de acciones conjuntas entre estados y federación en temas tan importantes como son la erradicación de la pobreza, el ordenamiento territorial y el desarrollo regional y urbano, vivienda, y por supuesto en la generación y mejoramiento de infraestructura y servicios básicos.

Asimismo, en el periodo mencionado, se crearon dentro del presupuesto federal, los ramos 33 y 26, mismos que permitieron canalizar recursos a estados y municipios para el desarrollo social, y cuyos recursos para el año 2000 fueron descentralizados en su totalidad a estados y municipios.

Desde 1996, como parte del impulso al Federalismo, se estableció que el 65% de los recursos del Ramo 26 se distribuyeran a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal (FDSM) con base en una fórmula que contempló los indicadores de pobreza de cada entidad federativa y la asignación de recursos de los estados a los municipios bajo fórmulas similares. A partir de 1998 dichos recursos se asignan a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS), del Ramo 33, en el caso de los municipios a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y para los estados mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FlSE).

En el año 2000, la totalidad de los recursos del FISM se distribuye conforme a la citada fórmula. Cabe destacar que desde 1997, la distribución de cada estado a sus municipios se ha hecho exclusivamente a través de la fórmula, independientemente del monto total de recursos que recibe el estado. Además, los gobiernos estatales y municipales, con la participación de la comunidad, deciden el uso y destino de los recursos del FISM de acuerdo con las prioridades que establezca la población, sin interferencia del Gobierno Federal.

El proceso de federalización ha modificado significativamente los términos en que se distribuye la recaudación entre el municipio y las entidades federativas impuestos a nivel nacional. En el 2000, 59 centavos de cada peso de la Recaudación Federal Participable se canalizarán hacia los estados y municipios a través de las tres vertientes del Federalismo; lo que contrasta con 1990, cuando se canalizaron 23 centavos por peso.

En noviembre de 1997 el Ejecutivo Federal propuso al H. Congreso de la Unión, una nueva estrategia para agrupar y consolidar los esfuerzos de descentralización, la cual fue aprobada a finales de ese año. Se efectuaron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo resultado fue la creación de una tercera vertiente para la federalización del gasto público, y de una nueva figura para llevarla a cabo, denominada, Aportaciones Federales. En congruencia con lo anterior, en el Presupuesto de Egresos de 1998 se determinó la creación del Ramo 32, "Aportaciones Federales para Entidades y Municipios", el cual quedó integrado por cinco fondos, agregándose otros dos el siguiente año.

En el caso del Distrito Federal, la elección de Jefe de Gobierno, de diputados locales y, en el año 2000, de los jefes delegacionales, implica una transformación profunda del régimen político. En 1998 fue reformada la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, con lo cual se otorgaron por primera vez en la historia de la Ciudad, funciones y atribuciones a las demarcaciones territoriales que antes estaban reservadas para el gobierno central. En el artículo 112 del Estatuto de Gobierno se prevé que las delegaciones ejercerán con autonomía su gestión, sus presupuestos, disponiendo que tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones en las siguientes materias: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, entre otras.

En febrero de 1996 se formalizó el proceso de descentralización de la gestión ambiental promovido por la SEMARNAP iniciada 14 meses antes. Desde entonces, se ha avanzado en las siguientes acciones:

Las modificaciones a las leyes ambientales, particularmente a Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de diciembre de 1996, precisan con mayor claridad la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno.

La definición de una oferta de 38 funciones ambientales a descentralizar a través de la suscripción de 1,580 acuerdos específicos con los 32 estados del país.

El impulso al desarrollo institucional de los estados y municipios del país, principalmente mediante la promoción de una organización más eficaz, la capacitación y la creación de fondos ambientales. Estas tareas se están realizando con el apoyo del Banco Mundial, el PNDU y la GTZ alemana.

La articulación de la descentralización con nuevas formas de planeación regional en los 9 estados que conforman la región occidente del país.

18.    Promover y apoyar la participación social.

Se ha promovido un proceso amplio de participación social para que la comunidad participe en la construcción de sus ciudades a través de la consulta pública e inclusive en procesos directos de planeación para la consulta de planes y programas de desarrollo urbano y ejecución de obra pública. Como resultado, en 1999 en la mayoría de las ciudades estratégicas del país, existen consejos consultivos tanto de desarrollo urbano como de desarrollo sustentable, mismos que tienen la función de coadyuvar con la autoridad municipal y estatal en la definición, jerarquización, seguimiento y control de los procesos de planeación urbana.

Destaca que los planes y programas de desarrollo urbano tanto en su formulación como en su actualización deben ser sometidos previamente a su autorización a un proceso amplio de consulta pública que significa su aprobación por parte de la sociedad.

Actualmente, la sociedad urbana cuenta con diversos canales para expresarse, con el fin de proponer, impulsar y orientar proyectos en materia de construcción estratégica. Destaca el proyecto privado del Tren Elevado entre la Ciudad de México y el Estado de México, el cual fue suspendido y sustancialmente modificado por atención a la opinión pública. En esta materia opera de manera regular y exitosa el Consejo Consultivo Asesor del Gobierno del Distrito Federal, mismo que permite una participación amplia de la sociedad en la planeación y ejecución de diversos proyectos.

En 1998 se aprobó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en la que se contemplan nuevos instrumentos de participación como el plebiscito, la iniciativa popular y la consulta vecinal, entre otros. Además esta Ley establece la figura del Comité Vecinal como órgano de representación ciudadana elegido a través del voto libre y secreto de todos los ciudadanos, resultando en julio de 1998 la elección de un total de 1,320 comités vecinales en 352 unidades territoriales.

En materia de seguridad pública se creó el Consejo Consultivo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia como órgano encargado de vigilar el desempeño de las políticas de gobierno en la materia.

19.    Asegurar gobiernos transparentes auditables y eficientes a nivel local, estatal y metropolitano.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, puntualiza la necesidad de luchar frontalmente contra las causas y efectos de la corrupción, dirigir los mecanismos de medición y evaluación de la gestión pública y acciones de auditoría a los resultados e impactos, para lo cual se reformaron las estructuras de los órganos de control interno y externo de la gestión pública y se actualizó el marco normativo para la prevención, control y sanción de los actos de corrupción.

En 1995 se iniciaron los trabajos del Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP), obteniendo la desregulación de funciones y las reformas a los principales ordenamientos que regulan la operación de la administración pública, destacando dichas acciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), con los que se dotó de autonomía a los órganos internos de control de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y los adscribió directamente a su ámbito de responsabilidad.

A nivel estatal, cada entidad federativa cuenta con su propia contraloría, misma que actúa de manera autónoma respecto a las instancias de gobierno. Asimismo, se establecieron en algunos casos, contralorías sociales que han servido como organismos mediante los cuales la sociedad evalúa de manera permanente las acciones en diferentes sectores del gobierno.

Se realizaron modificaciones a los esquemas de programación y presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableciendo una Nueva Estructura Programática (NEP), en donde se introducen indicadores estratégicos para evaluar y mostrar sistemáticamente el costo, la calidad de los programas y actividades del sector público.

Con estas reformas se reforzó el Sistema Integral de Control y Evaluación Gubernamental (SICEG), el cual comprende el seguimiento del ejercicio presupuestal y de las metas de los programas asignados a las dependencias y entidades.

Asimismo, incluye la fiscalización permanente de los activos, pasivos, ingresos, costos y erogaciones, mediante la vinculación de técnicas y procedimientos de auditoria considerando los indicadores cuantitativos y cualitativos de la gestión, a fin de verificar los resultados.

El SICEG considera los acuerdos de coordinación que celebra la SECODAM con los gobiernos estatales y municipales, en los cuales el gobierno federal participa en la fiscalización, control y evaluación de la planeación regional, con recursos federales.

La modernización de los mecanismos de control, evaluación y auditoría en el ámbito nacional, ha mejorado la probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, con un enfoque de autocontrol que fortalece las acciones preventivas, el seguimiento de programas y la evaluación al desempeño.

Para garantizar la transparencia de los recursos públicos, el Gobierno del Distrito Federal cuenta con su propia Contraloría General que ejerce su función de manera autónoma. Asimismo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal creó una Comisión Especial de Fiscalización encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos.

En materia de recaudación y gastos, el promedio anual por persona de la recaudación del gobierno local por entidad federativa muestra aumentos sustanciales, destacando que de 1995 a 1997 el promedio nacional creció en más del 2%. Con relación al promedio anual por persona de los gastos del gobierno creció de 1995 a 1997 en más del 8%.

CAPITULO VI. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

20.    Promover la cooperación internacional y asociaciones entre los sectores público y privado

México recibe cooperación proveniente de países industrializados y organismos internacionales para proyectos de ejecución nacional destinados a fortalecer las capacidades internas, promover la participación social, incorporar tecnología de vanguardia y coadyuvar al desarrollo social de las regiones y grupos más vulnerables. Esta cooperación se realiza a través de los lineamientos de coparticipación y cofinanciamiento, que han generado la posibilidad de trabajar conjuntamente con países de mayor desarrollo y organismos internacionales en beneficio de terceros países.

México se ha beneficiado como país receptor de diversos proyectos y foros internacionales entre los que destaca la participación de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1998, en donde la OCDE publicó el estudio denominado "Desarrollo Regional y Política Estructural en México", que hizo notar los esfuerzos de México para reducir las disparidades regionales desde 1996, el establecimiento de nuevas políticas territoriales para incentivar la redistribución de recursos y la formación de capital humano con el fin de generar nuevas formas de actividad económica.

Asimismo, se ha establecido un vínculo para la cooperación entre la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados y el Servicio de Desarrollo Territorial (SDT) de la OCDE.

De igual forma, México adoptó proyectos que el Banco Mundial elaboró y que a la fecha sigue realizando con el fin de cumplir con la Agenda Hábitat, poniendo énfasis en los dirigidos al transporte urbano, medio ambiente, servicios e infraestructura.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evalúa la factibilidad de diversos proyectos propuestos por algunos de los 26 países que pertenecen a este, con el fin de cumplir con la Agenda de Hábitat.

De 1996 al 2000, el "BID" aprobó diversos proyectos en materia de energía, educación, desarrollo regional y servicios públicos para su ejecución en México.

México, a través de la STPS, intervino en la definición de la nueva estrategia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la cooperación técnica que brindará a los países miembros para un adecuado cumplimiento de los convenios internacionales en materia laboral.

En el marco de Naciones Unidas, México apoyó la iniciativa de establecer un grupo de gestión ambiental a fin de mejorar la coordinación interinstitucional en la esfera del medio ambiente y los asentamientos humanos (Resolución 53/242 de la AGONU) en la que se ha destacado la necesidad de velar por el fomento de la capacidad y asistencia técnica tanto en el fortalecimiento institucional como en la investigación y seguir la labor en curso sobre la elaboración de indicadores de sustentabilidad urbana. Asimismo, en el contexto de los trabajos de la Comisión de Desarrollo Sustentable se realizó la prueba piloto para identificar los indicadores de desarrollo sustentable para México, alcanzándose plenamente este objetivo habiéndose obtenido 113 de un total de 134 indicadores propuestos por la ONU, mismos que se encuentran descritos en la publicación "Indicadores de Desarrollo Sustentable en México", producida por el Instituto Nacional de Ecología y el INEGI.

De igual forma, México ha participado en la iniciativa de la "Carta Mundial sobre el Gobierno Local Autónomo" que impulsan la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y el programa Hábitat de la Comisión de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En relación con la Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), México adoptó en 1997 la Agenda de Cooperación Sobre Ciudades Sustentables concebida para poner en práctica los acuerdos establecidos en la conferencia Hábitat II, asumiendo en el 2000 la coordinación del componente ambiental del Comité de Cooperación Técnica y Económica (ECOTECH), situación que abre un espacio para fortalecer el tema de la sustentabilidad de las ciudades.

Dentro del programa de cooperación técnica con APEC, se encuentra también el proyecto "Futuros saludables para las mega-ciudades de APEC", que tiene como objetivo explorar los temas que pueden resultar problemáticos o críticos para el futuro de las megaciudades de la región APEC.

Por otra parte, México se integró al Grupo Consultivo Internacional sobre Ciudades Sustentables del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) en el que se espera promover la postura nacional sobre los retos de las ciudades mexicanas en el siglo 21.

Con la OEA también se han promovido diversas iniciativas sobre educación ambiental en grandes ciudades.

Por otro lado, se efectuó el estudio de desarrollo para el monitoreo de la calidad de aguas marinas en zonas costeras, que se desarrolla con la cooperación del gobierno japonés en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, donde se realizan análisis bioquímicos de aguas costeras y lacustres que padecen la influencia de la contaminación de aguas residuales de origen urbano, industrial y hotelero. El estudio tiene un costo de más de dos millones de dólares y es ejecutado por especialistas japoneses, quienes transfieren tecnología a la Comisión Nacional del Agua, además de capacitar a su personal en el Japón y donar equipo e instrumentos de laboratorio para los análisis bioquímicos.

De igual forma, se llevó a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 1999, el Megaproyecto Piloto de Acción Ciudades Ecológicas en el Estado de México, encaminado al desarrollo urbano y ambiental sostenible de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

Por otro lado, se ha colaborado a partir de 1999 con la Federación Mundial de Ciudades Unidas, que es la contraparte de un proyecto denominado Programa de Formación Municipal Francia-México 1999, el cual se ejecuta en el marco del Programa de Cooperación Técnica entre México y Francia. Su objetivo es la profesionalización de servidores públicos y el desarrollo económico municipal a través de la capacitación, formación de recursos humanos y misiones de técnicos mexicanos a Francia. Hasta ahora la participación de las entidades mexicanas ha sido a través del envío de funcionarios de los Gobiernos del Distrito Federal y Zacatecas, así como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Se espera que para el año 2000 se cuente con la participación de los Gobiernos de los Estados de Hidalgo y Querétaro.

El programa busca promover las acciones de asistencia técnica de Francia en tres dominios de la vida pública local:

• Ingeniería de la formación y profesionalización de los servidores públicos.

• Desarrollo e implementación de una función pública territorial (servicio civil de carrera).

• Apoyo a los municipios en su rol de promotor del desarrollo económico local

Por parte de Francia, se tiene colaboración con el Fondo Francés para el Medio Ambiente, destacando en el periodo que se reporta, el Programa de Conversión a Gas Natural de Unidades de Transporte Público de Pasajeros, con el fin de impulsar el uso de combustibles alternos, se elaboró en coordinación con la embajada de Francia, una propuesta para recibir una donación por parte de dicho Fondo encaminada a confinar la conversión de 860 microbuses a gas natural comprimido por un monto del proyecto de un millón de dólares

Por parte de Alemania, se tiene colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) en dos proyectos:

a)    Manejo integral de los Residuos Peligrosos en el Valle de México, con un monto ejercido de 5 millones de pesos, de los cuales 3,530,000 marcos son aportados por el gobierno alemán.

b)    Mejoramiento de la calidad del aire en la zona metropolitana. Este proyecto estuvo suspendido desde 1996; el Gobierno del Distrito Federal lo reactivó iniciando trabajos a finales de 1999. Adicionalmente se han presentado dos proyectos, el primero sobre el monitoreo de la calidad del agua y el segundo en proceso sobre la forestación de la ciudad.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicitó a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), contar con asistencia técnica para el actual proyecto PROAIRE y para el Programa que se aplicará en la siguiente década con un costo aproximado del estudio de dos millones de dólares, costeando la "JICA" los servicios de consultores japoneses públicos y privados, además de donar equipo y herramienta especializada para el tratamiento de residuos urbanos.

La misma agencia financió el estudio de desarrollo para el control de la contaminación del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con una duración de dos años y un costo de dos millones de dólares.

Fue establecido el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) mediante un acuerdo tripartito entre JICA, el Instituto Nacional de Ecología y la Universidad Autónoma Metropolitana. El CENICA viene a reforzar la infraestructura para el análisis ambiental particularmente en las materias de calidad del aire y residuos peligrosos.

Dentro del Programa de Cooperación Técnica México – Japón, se llevó a cabo un proyecto inscrito en la modalidad conocida como "recepción de expertos" en materia de redes de monitoreo en calidad del agua, con la participación de un consultor japonés que proporcionó sus servicios a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México con un costo aproximado de un millón de dólares.

Con recursos y asistencia de expertos del Gobierno de Holanda a través del Banco Mundial, en coordinación con el Centro Nacional de Salud Ambiental, se financia un estudio para la valoración de la salud y otros beneficios económicos de la gestión del Tercer Programa de Calidad de la Zona Metropolitana del Valle de México con un monto de donación de 98 mil dólares.

El Proyecto de Transporte y Administración de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (crédito 3543-ME), contratado en 1992 con el Banco Mundial por 220 millones de dólares, concluyó a fines de 1999. Queda pendiente por concluir, la categoría correspondiente a la adquisición de equipo para la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA), con una inversión de 800 mil dólares.

Se encuentra en preparación el PROAIRE 2000-2010 cuyos objetivos reforzarán las acciones realizadas en el PROAIRE 1995-2000 y delinearán nuevos trabajos para continuar reduciendo la contaminación.

Se prepara el proyecto "Riesgos a la salud por contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, costos asociados y percepción social", el cual será desarrollado por las Secretarías del Medio Ambiente y Salud del Gobierno del Distrito Federal en coordinación con el Centro Nacional de Salud Ambiental, el Instituto de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal, Organización Panamericana de la Salud "OPS" y el Grupo Ecologista GRECO, con un costo de 358 mil dólares, de los cuales 240 mil aportará el IDRC, 98 mil el Banco Mundial y 20 mil la OPS.

Por otra parte, el gobierno mexicano lleva a cabo programas de oferta de cooperación a naciones de menor desarrollo con las que existen intereses comunes y que pueden beneficiarse de las capacidades nacionales y las experiencias para afrontar problemas comunes del desarrollo.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) lleva a cabo acciones de cooperación internacional desde hace más de 10 años como país donador principalmente en las siguientes modalidades y en las diversas áreas de competencia del Instituto:

• Intercambio de metodologías e información documental.

• Realización de pasantías de funcionarios extranjeros en el instituto.

• Realización de misiones de asesoría de funcionarios del INEGI en el extranjero.

• Capacitación de funcionarios extranjeros en el INEGI y envío de instructores a instituciones homólogas.

El INEGI, en los últimos años, ha incrementado la cooperación internacional a través de la asistencia técnica que se brinda a países de Latinoamérica.

A nivel regional, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) participa como miembro activo de la Red Social de América Latina y el Caribe, la cual es un mecanismo regional de cooperación técnica donde participan 37 instituciones de gobierno de 32 países de la región. En este sentido, colabora estrechamente con la Organización de los Estados Americanos y se mantienen contactos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La SEDESOL fue electa como presidente del Comité Coordinador de la Red Social de América Latina y el Caribe para el período 1998-2000, en ese sentido es responsable de coordinar las actividades derivadas del Plan de Trabajo 1998-2000 y de administrar los recursos provenientes del Proyecto OEA.

De 603 proyectos por los que México recibió cooperación técnica de parte de países industrializados durante 1999, el monto asciende a 60.5 millones de dólares. 231 de ellos se encuentran en ejecución; 60 están terminados y 312 son propuestas en cartera, destacando la participación de Japón, Alemania, España, Francia y los Estados Unidos.

El Sistema de Naciones Unidas cuenta con una cartera de 229 proyectos, por un monto superior a los 38 millones de dólares, de los cuales 137 están en ejecución, 25 están concluidos y 67 son propuestas en cartera, cuyas acciones se efectúan conjuntamente con PNUD, OIEA, FNUAP, UNICEF, OMS/OPS, ONUDI y FAO, entre otros organismos, y que benefician directamente a la sociedad mexicana.

De la cooperación anterior, el Gobierno del Distrito Federal recibió 460,650 dólares y 3,530,000 marcos alemanes.

México cuenta con una amplia red de afiliación con asociaciones de autoridades locales, destaca la promoción que han hecho los miembros de la Cámara de Senadores a la "Carta Mundial sobre el Gobierno Local Autónomo", que impulsan la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y el programa Hábitat de la Comisión de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, la Cámara de Diputados ha establecido contacto con la Comisión en el Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat (GMPH), misma que se ha dado de manera continua desde 1987, fecha de creación de este organismo. El GMPH tiene como uno de sus principales fines difundir y promover la institucionalización e implementación legislativa de la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos. Las actividades del Grupo se promueven a nivel nacional, subregional, regional y mundial.

A nivel internacional, México promueve entre los países la transferencia de tecnología, investigación, capacitación, adiestramiento y asistencia técnica, como complemento a los esfuerzos de cada nación por ordenar los asentamientos humanos y propiciar el acceso a una vivienda adecuada.

De igual forma, se coadyuva con los gobiernos nacionales en la obtención de recursos financieros, crediticios y asistencia económica para apoyar las acciones e inversiones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.

El GMPH se fortalece al Grupo a través de la coordinación con otras agrupaciones de parlamentarios como la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Latinoamericano.

México ha participado como miembro de la Comisión en el Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat (GMPH), misma que ha operado de manera continua su creación en el año 1987.

Entre la CAHOP y el Servicio de Desarrollo Territorial (SDT) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se establecieron vínculos para la cooperación con los que se intercambiaron puntos de vista e información en materia de desarrollo territorial, se obtuvo material bibliográfico de investigaciones de la OCDE sobre el tema, tanto para nuestro país como para otras naciones y se acordó continuar intercambiando información, así como recibir apoyo técnico cuando este sea solicitado.

Con el apoyo de la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU), se establecieron nexos con académicos e investigadores de diversas Universidades Latinoamericanas.

En septiembre de 1999, la H. Cámara de Diputados a través de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, participó en el XXII encuentro de la RNIU, en Tijuana, Baja California, con la presentación de dos conferencias magistrales impartidas por los Doctores Peter Brand de la Universidad Nacional de Colombia y Pedro Pírez de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ambas en materia de desarrollo urbano.

ACCIONES E INICIATIVAS FUTURAS

Prioridades para el desarrollo de vivienda

Para la política de vivienda del gobierno mexicano es fundamental dar una mayor cobertura a los programas de vivienda, dentro de un mercado eficiente, cuya mayor prioridad sea el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, la protección del medio ambiente, superar la pobreza extrema, la exclusión y el aislamiento económico y social, proporcionando apoyo suficiente, colectivo y comunitario a los grupos sociales con mayores desventajas económicas.

En este sentido, se deben desarrollar las acciones que permitan contar con indicadores estadísticos para establecer comparaciones con estándares internacionales, así como detectar fenómenos que afecten a la oferta y demanda habitacional, entre los que se encuentran: valor de las viviendas, inicio de la construcción de viviendas, tiempo de edificación, accesibilidad, tiempos para obtener una vivienda, número de viviendas adquiridas por una familia, metros construidos, valor de las operaciones, entre otros.

Por ello, para el caso de México consideramos de suma importancia enfocar los esfuerzos en los siguientes aspectos:

Accesibilidad al financiamiento de vivienda. Contribuir al desarrollo de un mercado secundario de hipotecas, con el propósito de ampliar las fuentes y volumen de financiamiento habitacional en beneficio de un mayor número de familias, especialmente de aquellas de menores ingresos; asimismo, fomentar la bursatilización hipotecaria mediante el establecimiento de un esquema fiscal adecuado que dé un tratamiento ágil y neutral a estas operaciones.

Se deberán implementar mecanismos ágiles para el financiamiento de las constructoras como medida para reducir los precios de la vivienda a los trabajadores así como generar proyectos de cofinanciamiento con los gobiernos estatales (poseedores de la tierra) para el desarrollo de vivienda progresiva.

Desregulación y desgravación en materia de vivienda. La realización de los trámites necesarios para la edificación de vivienda, lleva consigo el pago de cuotas y derechos. Desde el año 1995, el gobierno mexicano, planteó la necesidad de disminuir los costos indirectos de naturaleza estatal y municipal asociados con la producción de vivienda de interés social (como son los gastos de licencias y permisos, honorarios notariales, así como los impuestos y derechos de naturaleza estatal y municipal), con la finalidad de estimular su producción y hacer factible la oferta de vivienda a menores precios. En 1995, el promedio anual fue 4.92% a nivel nacional, pasando a 3.58 en 1999.

Disponibilidad de suelo habitacional anual. La tierra urbana con vocación habitacional es un insumo básico que impacta significativamente en los costos de producción de vivienda y su disponibilidad permite orientar la inversión de los promotores y constructores.

En los últimos cinco años, se ha buscado fomentar la utilización de predios baldíos intraurbanos que cuenten con servicios de infraestructura y equipamiento y que estén regulados por los planes parciales de desarrollo, mediante la creación y operación de bolsas de suelo, a través de la formulación de un inventario de suelo con aptitud habitacional en el que se capte la oferta de predios aptos para la construcción de vivienda en todo el territorio nacional, con el fin de canalizarlos a promotores y constructores interesados en desarrollar proyectos de vivienda. Por otro lado, el ordenamiento territorial permitirá ir ajustando y ubicando la demanda de suelo y vivienda de manera que se promueva el desarrollo y equilibrio de las regiones.

Se trata de consolidar un mercado integrado de vivienda en términos de seguridad jurídica y rentabilidad, e inclusive generar modelos que permitan la inclusión de los trabajadores no asalariados como derechohabientes de las Instituciones de vivienda, a través de sus aportaciones personales. El fin último es elevar la calidad de vida de la población, en virtud de que para las familias mexicanas su mayor aspiración es poseer una vivienda propia. Es en este sentido que a México le interesa en primer plano la sociología de la vivienda.

En materia de manejo de agua se propone actuar conforme al calendario de acciones que señala el "Programa Nacional Hidráulico de Gran Visión 2001-2020", que establece fundamentalmente un manejo efectivo y equilibrado por cuencas hidrológicas consolidando los Consejos de Cuenca, generando un movimiento ciudadano por el agua y consolidando los procesos de planeación y descentralización de funciones a los estados y municipios, así como un fondo de financiamiento, una instancia de arbitraje y la creación del Gabinete Hidráulico.

Prioridades para el desarrollo urbano sustentable

Para promover un desarrollo urbano sustentable y considerando el fenómeno de concentración-dispersión que caracteriza a México, es de fundamental importancia promover una política nacional de ordenamiento territorial que integre a todos los actores sociales, públicos y privados.

Se ha procedido a revisar el actual marco jurídico nacional en materia de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, proponiéndose una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de Aprovechamiento Sustentable del Territorio, misma que deberá ser acompañada por otras acciones legislativas complementarias, relativas a sentar las bases para el diseño, aplicación y evaluación de una política de Estado que permita integrar eficientemente un sistema de planificación integral de ocupación y aprovechamiento sustentable del territorio.

Algunas de estas acciones estarán orientadas a actualizar entre otras, a la Ley de Planeación y a hacer las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es una prioridad continuar y fomentar la política nacional de ordenamiento territorial para propiciar el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio a través de dos aspectos primordiales: la primera dirigida a la mejor ubicación de las actividades económicas y sociales con relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales, y la segunda, relativa a la delimitación de los fines y usos del suelo de acuerdo a su vocación ecológica y demanda existente.

Con este enfoque se parte de una visión integral del territorio en la que confluyen diversos sistemas, desde el natural y económico, hasta el socio-funcional y el político-administrativo. La interrelación entre estos sistemas da lugar a una forma de vida, y por supuesto a una manera de conducir el desarrollo en la que se encuentran estrechamente interrelacionados el medio ambiente, el desarrollo económico, el urbano y el regional.

Por lo anterior, se deberán promover en el corto plazo la elaboración de los planes estatales de ordenamiento territorial y en el mediano y largo, que éstos planes se ejecuten cabalmente a través de una política integral desarrollada en los tres niveles de gobierno de manera concurrente.

"Piensa global, actúa local", es una de las grandes premisas del desarrollo urbano sustentable. En este sentido, se debe trabajar a efecto de que los gobiernos locales cuenten con las capacidades y los recursos suficientes para orientar este desarrollo.

En el marco de la Agenda Local 21 y con la finalidad de propiciar la sustentabilidad a nivel local, se tienen agendas específicas para trabajar estos principios a nivel estatal y municipal y se promueve que en los planes y programas de desarrollo urbano se incluya como parte medular una visión integral de sustentabilidad que permita confluir el desarrollo económico y social con el medio ambiente, el territorio y el desarrollo regional.

Es necesario realizar un proceso de descentralización gradual y diferenciado, adecuado a las condiciones particulares de cada estado; Es conveniente una organización en red con el apoyo de una unidad coordinadora de enlace; un modelo de descentralización no solamente como un fin sino, principalmente, como un medio para impulsar un desarrollo regional sustentable; y sobre todo, la importancia de consolidar instrumentos eficaces, particularmente de organización de recursos.

Asimismo, es necesario desarrollar criterios e indicadores específicos de sustentabilidad urbana que permitan evaluar y dar seguimiento a la ejecución de los planes y programas en la materia y corregir oportunamente desviaciones.

Zonas Metropolitanas.- En el marco de la creciente descentralización y autonomía de los gobiernos locales, se deberán desarrollar y ejecutar estudios, así como mecanismos de coordinación que permitan una administración más eficiente de los servicios que ofrecen las zonas metropolitanas impulsando el desarrollo de herramientas para orientar los procesos de desarrollo metropolitano con una visión territorial.

Ciudades-región. Se deben establecer mecanismos que consideren al desarrollo urbano de las ciudades como parte de un proceso a nivel regional y que generen centros de población más fuertes y en mejores condiciones de infraestructura y en general de vida, en un entorno general del desarrollo.

Complementariamente, se debe conformar y operar la estrategia nacional para promover la sustentabilidad de las ciudades mexicanas que considere la heterogeneidad de condiciones de desarrollo de los municipios a través de una Red Mexicana de Ciudades Sustentables.

Prioridades para la capacidad de infraestructura y desarrollo institucional

Las ciudades deben ser centros generadores de una mejor calidad de vida. Esto requiere una mayor calidad, cobertura y eficiencia en la prestación y generación de servicios. Para lo cual es necesario propiciar un desarrollo que permita generar mejores oportunidades, mayores empleos, más inversiones y mayor equidad en el gasto público. Asimismo, se requiere la participación de diversos sectores que conjuntamente promuevan un desarrollo en las ciudades.

En este sentido, se buscará fortalecer las asociaciones entre públicos y privados como una premisa para generar un desarrollo de las ciudades que incluya de manera directa los intereses de las sociedades.

Asociaciones entre públicos y privados. Las políticas internacionales para el desarrollo urbano tienen una tendencia a generar empresas de carácter privado o social que desarrollen funciones que en materia urbana habían sido reservadas al Estado. En México diversas asociaciones han trabajado, fundamentalmente en materia de renovación de centros históricos, con fondos de carácter social y privado. Sin embargo, a pesar de que se han promovido diversas instancias de participación social, aún no se han concretado mecanismos a través de los cuales se conjunte la inversión de los sectores público, privado y social a través de un modelo gerencial de creación de empresas de este tipo.

Industria.- El desarrollo y consolidación de un sector empresarial basado en las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyME’s) deberá seguir siendo considerado como una prioridad en la estrategia de desarrollo económico y del desarrollo social del país.

Para ello se propone que la política en materia de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas sea considerada como soporte para la creación de empleos y el crecimiento económico, a través de:

1. Realizar las modificaciones pertinentes para que los recursos destinados a la promoción del desarrollo de las MPyME’s sean considerados como inversión y no como gasto.

2. Promover una instancia de coordinación y evaluación de los distintos programas de apoyo a las MPyME’s que aseguren que los recursos destinados a estos programas sean usados con eficiencia y mesura.

3. Establecer un inventario nacional de programas de apoyo a la pequeña empresa que permitan evaluar y difundir los esfuerzos que en esa materia realizan los sectores público, privado y académico.

4. Establecer los mecanismos que aseguren que a las MPyME’s se les proporcionen apoyos en materia de capacitación, tecnología, calidad, información, vinculación, financiamiento y garantías.

5. Establecer agresivos programas de apoyo para propiciar el establecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MPyME’s) en las zonas de menor desarrollo del país así como para apoyar la integración de cadenas productivas prioritarias.

Gasto público e inversión en infraestructura.- Consolidar la eficiencia en el gasto público y la inversión en infraestructura, previendo la suficiencia de recursos para la elaboración y operación de la política de Estado en materia de ocupación y aprovechamiento del territorio.

Se deberá, asimismo, instruir la elaboración de planes y programas con estricto apego a una planeación presupuestal e instrumentación financiera paralela, priorizando la inversión en infraestructura y fomentando la utilización de esquemas de economía mixta en la realización de los proyectos.

Prioridades para la cooperación internacional

Zonas metropolitanas.- En este sentido se propone que ante la creciente metropolización de las ciudades Latinoamericanas, se establezcan criterios y mecanismos de cooperación internacional, a nivel regional o supraregional, ya sea mediante el financiamiento de estudios o de proyectos enfocados a generar una adecuada coordinación entre niveles de gobierno para generar metrópolis más eficientes y que sean cada vez mejores centros urbanos.

Se estima que es necesario desarrollar programas de capacitación e intercambio, así como de financiamiento y apoyo de proyectos y estudios que permitan establecer la importancia de esquemas de ordenamiento territorial bajo un enfoque integral y productivo del territorio que genere centros de población con mejores condiciones de vida. Para lo anterior, se sugiere difundir políticas y novedades tecnológicas en la materia, aprovechando de una mejor manera el entorno regional de los países e inducir por tanto un impacto directo sobre el medio ambiente y la sustentabilidad como proceso global.

Asociaciones entre públicos y privados. Ante la limitada cantidad de recursos que se ha enfrentado en México en este rubro, se considera pertinente que el Centro Hábitat no sólo proponga acciones en esta materia, sino que impulse a través de fondos y apoyos, estudios e inclusive concursos a nivel internacional, para dotar a estas asociaciones con financiamiento que permita generar empresas que sean asociaciones que incidan directamente sobre la creación de infraestructura y el desarrollo de las ciudades.