53. Hace 20 años en Vancouver, en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, la comunidad mundial aprobó un programa para el desarrollo de los asentamientos humanos. Desde entonces, se han producido cambios notables en las circunstancias demográficas, sociales, políticas, ambientales y económicas que repercuten en el panorama estratégico. Esos cambios han llevado a muchos gobiernos a adoptar y promover políticas que propician la acción individual, familiar, comunitaria y del sector privado encaminada a mejorar las condiciones de los asentamientos humanos. No obstante, se calcula que al menos mil millones de personas carecen aún de vivienda adecuada y viven en condiciones inadmisibles de pobreza, principalmente en los países en desarrollo.
54. Aunque la tasa de crecimiento de la población está disminuyendo, durante los 20 últimos años la población mundial ha pasado de unos 4.200 millones a unos 5.700 millones de personas, de las que casi la tercera parte son menores de 15 años, y ha aumentado también el número de personas que viven en ciudades. Para el final del siglo, la proporción de la humanidad que reside en zonas urbanas superará el 50%. Atender las necesidades de los casi dos mil millones de personas más que se esperan en los dos próximos decenios y ordenar los asentamientos humanos de modo que sean sostenibles será una tarea ingente. Particularmente en los países en desarrollo, el rápido proceso de urbanización y el crecimiento de pueblos, ciudades y megalópolis, donde tienden a concentrarse los recursos públicos y privados, plantean nuevas dificultades y al mismo tiempo ofrecen nuevas oportunidades. Es preciso hacer frente a las causas fundamentales de estos fenómenos, inclusive la migración del campo a la ciudad.
55. En la esfera económica, la reciente mundialización de la economía hace que las personas y sus comunidades actúen en mercados más amplios y que los fondos para inversiones procedan más a menudo de fuentes internacionales. Como resultado, el nivel de desarrollo económico de muchos países ha aumentado. Al mismo tiempo, se han acrecentado las diferencias entre los pobres y los ricos, tanto países como personas, y de ahí la necesidad de asociaciones para crear un entorno económico internacional más favorable. Las nuevas tecnologías de las comunicaciones ofrecen un acceso mucho mayor a la información y aceleran todos los procesos de cambio. En muchas sociedades han surgido nuevos problemas de cohesión social y seguridad personal, y la solidaridad se ha convertido en una cuestión central. El desempleo, la degradación del medio ambiente, la desintegración social y los desplazamientos de población en gran escala, así como la intolerancia, la violencia y las violaciones de los derechos humanos, se han convertido también en factores críticos. Debemos tener presentes estas nuevas condiciones al elaborar las estrategias de asentamientos humanos para los dos primeros decenios del siglo XXI.
56. Mientras que Hábitat II es una conferencia de Estados y hay muchas medidas que los gobiernos nacionales pueden adoptar para que las comunidades locales puedan resolver los problemas, la mayoría de los agentes que determinarán el éxito o el fracaso de los intentos por mejorar la situación de los asentamientos humanos se encuentran a nivel de la comunidad en los sectores público, privado y no lucrativo. Son ellos, las autoridades locales y otras partes interesadas, quienes marchan a la vanguardia en la tarea de alcanzar las metas de Hábitat II. Aunque las causas estructurales de los problemas deben abordarse a menudo a nivel nacional y a veces a nivel internacional, los progresos dependerán en gran medida de las autoridades locales, la participación cívica y el establecimiento de asociaciones a todos los niveles de la administración pública con el sector privado, el sector de las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, los trabajadores y empresarios y la sociedad civil en general.
57. Hábitat II forma parte de una serie extraordinaria de conferencias mundiales celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas durante los cinco últimos años. En todas ellas se trataron importantes cuestiones relativas al desarrollo sostenible centrado en la persona, inclusive el crecimiento económico sostenido y la equidad, para cuyo logro es necesario adoptar medidas en todos los planos, especialmente en el local. Las estrategias sobre cuestiones sociales, económicas y ambientales, de reducción de desastres, población, discapacidad y sexo habrán de aplicarse tanto en las zonas urbanas como en las rurales, en particular, donde los problemas son más agudos y provocan tensiones.
58. En Hábitat II, los representantes de los gobiernos a todos los niveles, de las comunidades y del sector privado han estudiado la forma de promover en el plano local el logro de los dos principales objetivos de la Conferencia, a saber, "Vivienda adecuada para todos" y "Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización", mediante un proceso que permita a las personas, las familias y sus comunidades desempeñar un papel estelar. Este es el rasgo distintivo del Plan de Acción Mundial de Hábitat II y de las estrategias para su aplicación. La ejecución de esas medidas habrá de adaptarse a la situación concreta de cada país y comunidad.
59. La estrategia del Plan de Acción Mundial se basa en la habilitación, la transparencia y la participación. Con arreglo a esa estrategia, la labor de los gobiernos se basa en el establecimiento de marcos legislativos, institucionales y financieros, gracias a los cuales el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios podrán contribuir plenamente al logro de vivienda adecuada para todos y un desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y conseguir que todas las mujeres y los hombres colaboren entre sí y en sus comunidades con la administración a todos los niveles para determinar colectivamente su futuro, decidir cuáles son las esferas de acción prioritarias, encontrar y asignar cursos equitativamente y establecer asociaciones para lograr metas comunes. La habilitación permite crear:
b) las condiciones necesarias para conseguir que mujeres y hombres ejerzan sus derechos individuales y asuman sus responsabilidades por igual y puedan poner sus aptitudes al servicio de actividades que mejoren y sostengan el entorno en que viven;
c) las condiciones adecuadas para la interacción y el establecimiento de redes entre organizaciones e instituciones, con la creación de asociaciones encaminadas a alcanzar los objetivos de vivienda adecuada para todos y un desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
d) las condiciones necesarias para que todas las personas puedan mejorar su condición;
e) las condiciones propicias para el aumento de la cooperación internacional.
60. Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. La idoneidad de todos esos factores debe determinarse junto con las personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo gradual. El criterio de idoneidad suele variar de un país a otro, pues depende de factores culturales, sociales, ambientales y económicos concretos. En ese contexto, deben considerarse los factores relacionados con el sexo y la edad, como el grado de exposición de los niños y las mujeres a las sustancias tóxicas.
61. Desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el derecho a una vivienda adecuada se ha reconocido como uno de los componentes importantes del derecho a un nivel de vida adecuado. Todos los gobiernos sin excepción tienen algún tipo de responsabilidad en el sector de la vivienda, como demuestran la creación de ministerios de la vivienda u organismos estatales análogos, la asignación de fondos al sector de la vivienda y las políticas, programas y proyectos de todos los países. El suministro de vivienda adecuada a todas las personas no sólo exige medidas por parte de los gobiernos sino de todos los sectores de la sociedad, incluido el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades y las autoridades locales, así como las organizaciones y entidades asociadas de la comunidad internacional. En un contexto global de creación de condiciones propicias, los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas a fin de promover, proteger y velar por el logro pleno y gradual del derecho a una vivienda adecuada. Esas medidas son, entre otras, las siguientes:
b) facilitar a todas las personas, incluidas las mujeres y las personas que viven en la pobreza, seguridad jurídica en cuanto a la tenencia e igualdad de acceso a las tierras, así como protección eficaz frente a los desalojos forzosos que sean contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos y teniendo presente que las personas sin hogar no deben ser penalizadas por su condición;
c) adoptar políticas encaminadas a lograr que las viviendas sean habitables, asequibles y accesibles, incluso para aquellos que no pueden conseguir una vivienda adecuada por sus propios medios, haciendo, entre otras cosas, lo siguiente:
ii) aumentar el número de viviendas asequibles concediendo subvenciones y subsidios de alquiler y de otro tipo a las personas que viven en la pobreza;
iii) apoyar programas de vivienda en régimen de alquiler y de propiedad de base comunitaria, cooperativos y sin fines de lucro;
iv) promover los servicios de apoyo para las personas sin hogar y otros grupos vulnerables;
v) movilizar nuevas fuentes de recursos financieros y de otra índole, públicos y privados, para la vivienda y el desarrollo comunitario;
vi) crear y promover incentivos con base en el mercado para alentar al sector privado a satisfacer las necesidades de viviendas asequibles en régimen de alquiler y de propiedad;
vii) promover pautas sostenibles de desarrollo espacial y sistemas de transporte que mejoren el acceso a los bienes, los servicios, los medios de esparcimiento y los lugares de trabajo;
63. Un segundo objetivo fundamental del presente capítulo es ofrecer a los mercados, principal mecanismo de oferta de viviendas, las condiciones necesarias para que realicen su función con eficacia. Para lograrlo, y al mismo tiempo contribuir al alcanzar las metas sociales, se recomienda la aplicación de medidas que comprendan, cuando proceda, el establecimiento de incentivos basados en el mercado y la adopción de mecanismos de compensación. Otros objetivos y recomendaciones se refieren a los componentes de los sistemas de oferta de vivienda (terreno, financiación, infraestructura y servicios, construcción, materiales de construcción, mantenimiento y rehabilitación) en los sectores privado, comunitario y público de alquiler de viviendas, y a la forma de lograr que presten mejores servicios a toda la población. Por último, se presta especial atención a todos los que, al carecer de seguridad de tenencia o no poder participar en los mercados de vivienda, corren un riesgo considerable, especialmente las mujeres. Se recomienda la adopción de medidas para reducir su vulnerabilidad y permitirles obtener una vivienda adecuada de modo justo y humanitario.
64. La cooperación internacional y nacional a todos los niveles será necesaria y beneficiosa para fomentar la oferta de viviendas adecuadas para todos. Esa necesidad se hace sentir especialmente en las regiones afectadas por la guerra o los desastres naturales, industriales o tecnológicos y en los casos en que los recursos necesarios para la reconstrucción y la rehabilitación son superiores a los recursos nacionales.
65. La formulación, la evaluación periódica y la revisión, cuando proceda, de políticas de vivienda que propician la creación de un marco para sistemas de oferta de vivienda eficientes y efectivos, son la base para el suministro de una vivienda adecuada para todos. Uno de los principios fundamentales para formular una política realista en materia de vivienda es su integración con las políticas generales de desarrollo macroeconómico, ambiental y social. En las políticas de vivienda, centradas en la creciente demanda de vivienda e infraestructura, también se debe insistir en aumentar la utilización y en el mantenimiento del patrimonio de viviendas existente mediante la propiedad, el alquiler y otros regímenes de tenencia, a fin de satisfacer las diversas necesidades. Esas políticas también deben alentar y apoyar a los habitantes, que en muchos países, particularmente en los países en desarrollo, actúan a título individual o colectivo como importantes productores de viviendas. Las políticas deben responder a las diversas necesidades de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos y vulnerables, tal y como se establece en la subsección 4 infra (párrs. 93 a 98).
67. Para integrar las políticas de vivienda con las políticas macroeconómicas, sociales, demográficas, ambientales y culturales, los gobiernos, según proceda, deben hacer lo siguiente:
b) vigilar ininterrumpidamente las repercusiones de las políticas macroeconómicas en los sistemas de oferta de vivienda, teniendo en cuenta sus vínculos concretos y sus posibles efectos en los grupos vulnerables y desfavorecidos;
c) fortalecer los vínculos entre las políticas de vivienda, la generación de empleo, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural, la movilización de recursos y el aprovechamiento máximo de los recursos, y fortalecer el estímulo y el apoyo al desarrollo económico sostenible y las actividades de desarrollo social;
d) aplicar políticas oficiales, entre otras, políticas de gastos, tributarias, monetarias y de planificación, para estimular los mercados de la vivienda y la urbanización de terrenos de manera sostenible;
e) integrar las políticas de la vivienda y del suelo con las políticas orientadas a la reducción de la pobreza y la creación de empleo, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural, la promoción de la educación y la salud, el abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento, y el mejoramiento de la situación de los miembros de grupos desfavorecidos y vulnerables, especialmente las personas sin hogar;
f) reforzar los sistemas de información sobre vivienda y hacer uso de las actividades pertinentes de investigación en la elaboración de políticas, inclusive los datos desglosados por sexo;
g) evaluar periódicamente y revisar, cuando proceda, las políticas de vivienda, teniendo en cuenta las necesidades de las personas sin hogar y los efectos de esas políticas en el medio ambiente, el desarrollo económico y el bienestar social.
b) establecer mecanismos apropiados de coordinación y descentralización en los que se definan claramente los derechos y las responsabilidades en el plano local en el marco del proceso de elaboración de políticas;
c) establecer estructuras institucionales adecuadas y prestarles apoyo, especialmente para facilitar las inversiones del sector privado en el suministro de viviendas en las zonas rurales y urbanas;
d) estudiar el establecimiento de prioridades para la asignación de recursos naturales, humanos, técnicos y financieros;
e) establecer y aprobar un marco normativo y prestar apoyo institucional con miras a facilitar la participación y la concertación de acuerdos de asociación a todos los niveles;
f) revisar y ajustar, según proceda, el marco jurídico, fiscal y normativo de manera que responda a las necesidades especiales de la población que vive en la pobreza y la que tiene bajos ingresos;
g) promover la oferta de viviendas de alquiler a precios razonables y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los inquilinos y los propietarios con arreglo a las leyes.
b) tener plenamente en cuenta la necesidad del desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente y los objetivos de una vivienda adecuada para todos, los principios del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y las necesidades básicas en materia de desarrollo humano y salud;
c) adoptar políticas que aseguren que las personas con
e) promover el libre intercambio de información sobre todos los aspectos de la higiene ambiental relacionados con la construcción, incluida la elaboración y difusión de bases de datos sobre los efectos ecológicos adversos de determinados materiales de construcción, con la colaboración de los sectores privado y público.
b) fijar prioridades para la asignación de recursos naturales, humanos, técnicos y financieros;
c) elaborar estructuras institucionales adecuadas para los sectores público, comunitario y privado, especialmente para facilitar la inversión del sector privado y de entidades sin fines de lucro en el suministro de viviendas en las zonas rurales y urbanas;
d) revisar y ajustar, cuando proceda, el marco jurídico, fiscal y normativo, de manera que responda a las necesidades especiales de los miembros de grupos vulnerables y desfavorecidos, en particular las personas que viven en la pobreza y las de bajos ingresos;
e) evaluar periódicamente y, según proceda, revisar las políticas y los sistemas de financiación de la vivienda, teniendo en cuenta las repercusiones de esas políticas y sistemas en el medio ambiente, el desarrollo económico y el bienestar social, especialmente sus distintos efectos en los grupos vulnerables y desfavorecidos;
f) promover y adoptar, según proceda, políticas orientadas a coordinar y estimular la oferta adecuada de los elementos fundamentales para la construcción de viviendas e infraestructura, como terrenos, financiación y materiales de construcción;
g) alentar el desarrollo de métodos de edificación ecológicamente racionales y asequibles y la producción y distribución de materiales de construcción, incluido el fortalecimiento de la industria local de materiales de construcción, que, en la medida de lo posible, debe basarse en los recursos disponibles a nivel local;
h) promover, en los países en que proceda, la utilización de técnicas de construcción y conservación de gran densidad de mano de obra que generen empleos en el sector de la construcción para la fuerza de trabajo subempleada que hay en la mayoría de las grandes ciudades, y fomentar al mismo tiempo la capacitación técnica en el sector de la construcción.
b) evitar las intervenciones indebidas que ahogan la oferta y distorsionan la demanda de viviendas y servicios, y revisar y ajustar periódicamente los marcos legislativos, financieros y normativos, incluidos los relativos a contratos, utilización del suelo y códigos y normas de edificación;
c) utilizar mecanismos (por ejemplo, un conjunto de leyes, un catastro, reglamentos para la tasación de propiedades y otros) para definir claramente los derechos de propiedad;
d) permitir el traspaso de terrenos y viviendas sin restricciones innecesarias y utilizar procedimientos que aseguren que las transacciones de propiedades son transparentes y verificables, a fin de evitar prácticas corruptas;
e) emprender reformas legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, inclusive el derecho a la herencia y la posesión de tierras y otros bienes, el crédito, los recursos naturales y la tecnología apropiada;
f) utilizar medidas fiscales apropiadas, incluidos los impuestos, para fomentar la oferta adecuada de vivienda y de terrenos;
g) evaluar periódicamente las mejores maneras de satisfacer la necesidad de intervención gubernamental a fin de atender las necesidades concretas de las personas que viven en la pobreza y de los grupos vulnerables, para quienes los mecanismos tradicionales del mercado no son adecuados;
h) elaborar, según convenga, instrumentos flexibles para la reglamentación de los mercados de vivienda, incluido el mercado de alquiler, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los grupos vulnerables.
b) Facilitar la producción de viviendas por las comunidades
b) integrar y regularizar las viviendas construidas por los propios interesados, especialmente con programas apropiados de registro de terrenos, como parte del sistema global de vivienda e infraestructura en las zonas urbanas y rurales, con sujeción a una política general de utilización del suelo;
c) fomentar actividades encaminadas a mejorar el patrimonio de viviendas construidas por los propios interesados, mediante un mejor acceso a los recursos de vivienda, inclusive el terreno, la financiación y los materiales de construcción;
d) elaborar métodos de mejorar las condiciones de las viviendas construidas por los propios interesados;
e) fomentar el papel de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales en la asistencia y facilitación de la producción de viviendas construidas por los propios interesados;
f) facilitar un diálogo habitual y la participación, teniendo en cuenta la situación de hombres y mujeres, de los diversos agentes que intervienen en la producción de viviendas en todos los niveles y las fases del proceso de adopción de decisiones;
g) paliar los problemas relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante programas y políticas que se anticipen a los asentamientos no planeados.
c) Garantizar el acceso a la tierra
b) descentralizar las funciones en lo relativo a la ordenación territorial y elaborar programas de fomento de la capacidad local que reconozcan la función de las principales partes interesadas, si procede;
c) preparar inventarios completos de los terrenos de propiedad pública y, según proceda, elaborar programas para convertirlos en terrenos disponibles para la construcción de viviendas y de asentamientos humanos, incluso, si procede, por organizaciones no gubernamentales y comunitarias;
d) aplicar, según proceda, mecanismos de incentivos fiscales transparentes, amplios y equitativos a fin de alentar una utilización de las tierras eficiente, accesible y ecológicamente racional y aprovechar la tributación territorial y otros sistemas fiscales a fin de movilizar recursos financieros para la prestación de servicios por las autoridades locales;
e) examinar la posibilidad de adoptar medidas fiscales y de otro tipo, según proceda, para promover el funcionamiento eficaz del mercado de terrenos baldíos, a fin de garantizar la oferta de viviendas y tierras para el desarrollo de asentamientos;
f) preparar y aplicar sistemas de información sobre tierras y prácticas de ordenación del suelo, incluida la tasación de terrenos, y procurar que esa información se pueda obtener fácilmente;
g) hacer uso exhaustivo de la infraestructura existente en las zonas urbanas, fomentando una densidad óptima de ocupación de los terrenos habilitados disponibles de conformidad con su capacidad de carga, y velando al mismo tiempo por que haya una cantidad adecuada de parques, zonas de recreo, espacios y servicios comunes y parcelas para huertos domésticos, según convenga;
h) examinar la posibilidad de adoptar instrumentos innovadores para aprovechar los aumentos del valor de la tierra y recuperar las inversiones públicas;
i) examinar la posibilidad de adoptar instrumentos innovadores para la concentración y la urbanización de tierras de forma eficaz y sostenible, incluso, si procede, mediante el reajuste y la concentración parcelaria;
j) desarrollar sistemas catastrales apropiados y simplificar los procedimientos de registro de tierras, a fin de facilitar la regularización de los asentamientos no convencionales, cuando proceda, y simplificar las transacciones de terrenos;
k) elaborar códigos territoriales y marcos jurídicos que definan las características de los terrenos y los bienes raíces y los derechos oficialmente reconocidos;
l) movilizar los conocimientos locales y regionales para fomentar la investigación, la transferencia de tecnología y los programas educativos, a fin de apoyar los sistemas de administración de tierras;
m) fomentar el desarrollo rural integral por medio de medidas como el acceso a la tierra en condiciones de igualdad, la mejora de las tierras, la diversificación económica, el desarrollo de las ciudades pequeñas y medianas en zonas rurales y, cuando proceda, de los asentamientos en tierras indígenas;
n) establecer procedimientos simples para la transferencia de terrenos y la conversión del uso del suelo en el contexto de un marco normativo amplio, que incluya la protección de las tierras de labranza y del medio ambiente.
b) apoyar el desarrollo de los mercados de tierras mediante marcos jurídicos eficaces y desarrollar mecanismos flexibles y variados con objeto de movilizar tierras con distintos regímenes jurídicos;
c) alentar la multiplicidad y diversidad de las intervenciones de los sectores público y privado y de otras partes interesadas, hombres y mujeres por igual, que participen en el sistema de mercado;
d) elaborar un marco jurídico de utilización del suelo con objeto de conjugar la necesidad de construcción y la protección del medio ambiente, reduciendo al mínimo los riesgos y diversificando los usos;
e) revisar los procesos jurídicos y normativos, los sistemas de planificación, las normas y los reglamentos urbanísticos que sean restrictivos, excluyentes y costosos.
b) promover campañas de sensibilización, educación y prácticas de habilitación relativas, en especial, a los derechos legales respecto de la tenencia, la propiedad y la herencia de tierras por las mujeres, con miras a superar las barreras existentes;
c) revisar los marcos jurídicos y normativos, ajustándolos a los principios y compromisos del Plan de Acción Mundial, y garantizando que la igualdad de derechos de hombres y mujeres esté claramente especificada y se respete;
d) elaborar programas de regularización y formular y aplicar esos programas y proyectos en consulta con la población afectada y con los grupos organizados, velando por la plena e igual participación de las mujeres y tomando en consideración las distintas necesidades según el sexo, la edad, las discapacidades y la vulnerabilidad;
e) apoyar, entre otras cosas, programas, políticas y proyectos comunitarios encaminados a eliminar todas las barreras que impiden el acceso de las mujeres a viviendas asequibles, a la propiedad de tierras y otros bienes, a los recursos económicos, los servicios sociales y la infraestructura, y velar por la plena participación de las mujeres en todos los procesos de adopción de decisiones, con especial atención a las mujeres que viven en la pobreza, especialmente las que son cabeza de familia y las que representan la única fuente de ingresos de sus familias;
f) emprender reformas legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, incluso el derecho a la herencia y a la propiedad de la tierra y de otros bienes, al crédito, los recursos naturales y la tecnología apropiada;
g) promover mecanismos de protección de las mujeres que corren el riesgo de perder su hogar y sus bienes al enviudar.
b) ofrecer apoyo institucional, mejorar el nivel de responsabilidad y la transparencia de la ordenación territorial, y ofrecer información exacta sobre la propiedad y las transacciones de tierras y la utilización actual y prevista del suelo;
c) estudiar disposiciones innovadoras para fortalecer la seguridad de la tenencia, aparte de la legalización total que, en ciertas situaciones, puede ser excesivamente costosa y requerir demasiado tiempo, inclusive el acceso al crédito, cuando proceda, aun cuando se carezca del título usual de propiedad;
d) promover medidas para velar por que las mujeres dispongan de igual acceso al crédito para la compra, el arrendamiento o alquiler de tierras, y de igual protección en cuanto a la seguridad jurídica de la tenencia de esas tierras;
e) capitalizar las contribuciones potenciales de las principales partes interesadas del sector privado estructurado y no estructurado y apoyar la participación de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias y el sector privado en iniciativas y sistemas participativos y colectivos apropiados para la solución de controversias;
f) fomentar, en particular, la participación de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales de las formas siguientes:
ii) estudiando la posibilidad de establecer sistemas financieros que reconozcan la solvencia de las organizaciones, concedan créditos a unidades colectivas respaldadas por garantías colectivas e introduzcan procedimientos financieros que se adapten a las necesidades de la producción de viviendas por los propios interesados y a las modalidades que la población utilice para generar ingresos y ahorros;
iii) elaborando y aplicando medidas complementarias para aumentar su capacidad, que incluyan, según convenga, apoyo fiscal, programas de enseñanza y capacitación, asistencia técnica y fondos para impulsar la innovación tecnológica;
iv) apoyando el fomento de la capacidad y la acumulación de experiencia por organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, a fin de que se conviertan en asociados eficientes y competentes para la ejecución de los planes de acción nacionales en materia de vivienda, y
v) alentando a las instituciones de crédito a que reconozcan la posibilidad de que las organizaciones comunitarias actúen como garantes de las personas que, debido a la pobreza o la discriminación, carecen de otras fuentes de capital, concediendo especial atención a las necesidades de las mujeres a título individual.
b) reforzar la eficiencia de los actuales sistemas de financiación de la vivienda;
c) hacer que los sistemas de financiación de la vivienda sean más accesibles y erradicar todas las formas de discriminación contra las personas que solicitan créditos;
d) promover la transparencia, la responsabilidad y el empleo de prácticas éticas en las transacciones financieras apoyadas por marcos jurídicos y normativos eficaces;
e) establecer, cuando sea preciso, un conjunto amplio y detallado de leyes sobre la propiedad y de derechos de propiedad y aplicar leyes de ejecución de hipotecas para facilitar la participación del sector privado;
f) alentar al sector privado a que movilice recursos para hacer frente a la demanda variable de vivienda, incluida la vivienda de alquiler, la conservación y rehabilitación;
g) apoyar la competitividad de los mercados hipotecarios y, según proceda, facilitar el desarrollo de mercados secundarios y la titularización;
h) descentralizar, según proceda, las operaciones crediticias de los mercados hipotecarios y alentar al sector privado a actuar de igual modo, a fin de ofrecer mayor acceso físico al crédito, especialmente en las zonas rurales;
i) alentar a todas las instituciones crediticias a que mejoren la gestión y eficiencia de sus operaciones;
j) fomentar programas hipotecarios comunitarios asequibles a las personas que viven en la pobreza, en especial las mujeres, a fin de aumentar su capacidad productiva brindándoles acceso al capital, los recursos, el crédito, la tierra, la tecnología y la información para que puedan incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida y su situación en la familia.
b) revisar y fortalecer el marco jurídico y normativo y la base institucional para movilizar a los prestamistas no tradicionales;
c) fomentar, en particular eliminando obstáculos legales y administrativos, el aumento de cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de crédito, bancos de cooperación, cooperativas de seguros y otras instituciones financieras no bancarias, y establecer mecanismos de ahorro en el sector no estructurado, en particular para la mujer;
d) apoyar la formación de asociaciones entre dichas cooperativas e instituciones de financiación, públicas o de otro tipo, como medio eficaz para movilizar el capital local y ponerlo a disposición de empresarios locales e iniciativas comunitarias para el desarrollo de la vivienda y la infraestructura;
e) facilitar la labor de sindicatos, organizaciones de agricultores, de mujeres y de consumidores, organizaciones de personas con discapacidades y otras asociaciones de grupos interesados, para que establezcan sus propias instituciones y sistemas financieros, a nivel local o en régimen de cooperativa;
f) fomentar el intercambio de información sobre innovaciones en materia de financiación de la vivienda;
g) apoyar a las organizaciones no gubernamentales y su capacidad para propiciar el desarrollo, según proceda, de pequeñas cooperativas de ahorro.
b) servicios adecuados de saneamiento y de control de desechos;
c) una adecuada movilidad mediante el acceso a transportes públicos económicos y físicamente accesibles y a otros servicios de comunicación;
d) acceso a los mercados y al comercio minorista para la compra
f) el acceso a instalaciones comunitarias, incluidos los lugares de culto;
g) el acceso a fuentes sostenibles de energía;
h) tecnologías ecológicamente racionales y la planificación, suministro y conservación de infraestructura, incluidos caminos, calles, parques y espacios abiertos;
i) un elevado nivel de seguridad ciudadana;
j) el empleo de diversos mecanismos de planificación que permitan una participación útil a fin de reducir los efectos negativos sobre los recursos biológicos, como los bosques y las tierras agrícolas de buena calidad, que pudiesen resultar de las actividades en materia de asentamientos humanos;
k) sistemas de planificación y ejecución que integren todos los factores mencionados en el diseño y la ordenación de asentamientos humanos sostenibles.
b) contar con las comunidades locales, particularmente las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, en el proceso de adopción de decisiones y en el establecimiento de prioridades para la prestación de servicios;
c) hacer participar, alentar y prestar asistencia, cuando proceda, a las comunidades locales, particularmente a las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, en el proceso de establecimiento de normas para las instalaciones comunitarias y en la explotación y conservación de esas instalaciones;
d) apoyar la labor de los grupos académicos y profesionales en la evaluación de las necesidades de infraestructura y de servicios a nivel comunitario;
e) facilitar la movilización de fondos de todas las partes interesadas, particularmente del sector privado, a fin de que se realicen mayores inversiones;
f) establecer mecanismos de apoyo que permitan que las personas que viven en la pobreza y los desfavorecidos puedan acceder a la infraestructura y los servicios básicos;
g) eliminar los obstáculos legales, comprendidos los relativos a la
b) establecer un entorno propicio para alentar al sector privado a participar en la gestión eficiente y competitiva y la prestación de servicios básicos;
c) fomentar la aplicación de tecnologías adecuadas y ecológicamente racionales para la infraestructura y la prestación de servicios de manera económica;
d) fomentar las asociaciones con el sector privado y con organizaciones sin fines de lucro a los efectos de administrar y prestar servicios; cuando sea necesario, mejorar la capacidad normativa del sector público; y establecer políticas de precios que garanticen la sostenibilidad económica y la utilización eficiente de los servicios, así como el acceso de todos los grupos sociales a esos servicios en condiciones de igualdad;
e) cuando proceda y sea factible, establecer relaciones de asociación con grupos comunitarios para la construcción, el funcionamiento y la conservación de la infraestructura y los servicios.
f) Mejorar la planificación, el diseño, la construcción, la conservación y la rehabilitación
89. Para atender las necesidades reales de las personas, las familias y sus comunidades no se puede considerar la vivienda de manera aislada. Para mejorar las condiciones de vida, es esencial proporcionar servicios e instalaciones sociales adecuados, mejorar y racionalizar la planificación urbana y los proyectos de viviendas para que tengan debidamente en cuenta las necesidades reales de las comunidades, y prestar la asistencia técnica y de otra índole que proceda a los habitantes de los asentamientos no planificados.
b) alentar la participación pública en la evaluación de las necesidades reales de los usuarios, particularmente las necesidades de uno y otro sexo, como medida integrada del proceso de planificación y diseño;
c) alentar el intercambio de experiencias a nivel regional e internacional en relación con las mejores prácticas y facilitar la transferencia de técnicas de planificación, diseño y construcción;
d) reforzar la capacidad de las instituciones de capacitación y las organizaciones no gubernamentales de aumentar y diversificar la oferta de trabajadores de la construcción calificados y fomentar la formación de aprendices, particularmente de mujeres;
e) concertar contratos con organizaciones comunitarias y, cuando proceda, con el sector no estructurado, con el fin de planificar, diseñar, construir, conservar y rehabilitar viviendas y servicios locales, particularmente en asentamientos de bajos ingresos, insistiendo en el aumento de la participación y, por ende, en los beneficios a corto y a largo plazo para las comunidades locales;
f) reforzar la capacidad de los sectores público y privado de proporcionar infraestructuras, recurriendo, cuando proceda, a métodos económicos que requieran gran densidad de mano de obra, lo que tendrá importantes consecuencias para la creación de empleo;
g) fomentar las investigaciones, el intercambio de información y el fomento de la capacidad en materia de tecnologías de construcción, conservación y rehabilitación que sean asequibles y técnica y ecológicamente racionales;
h) ofrecer incentivos a los ingenieros, arquitectos, urbanistas y contratistas y a sus clientes para que proyecten y construyan estructuras e instalaciones accesibles y de bajo consumo de energía utilizando recursos locales y para que se reduzca el consumo de energía en los edificios que ya están en uso;
i) ofrecer capacitación a los profesionales y técnicos del sector de la construcción y la urbanización para que actualicen sus conocimientos teóricos y prácticos con el fin de fomentar la elaboración de programas de vivienda que satisfagan los intereses y las necesidades de la mujer, las personas con discapacidad y los grupos desfavorecidos y garanticen su participación en todas las fases del proceso de construcción de viviendas;
j) adoptar normas adecuadas de planificación, diseño, construcción, conservación y rehabilitación y velar por su cumplimiento;
k) apoyar las iniciativas del sector privado de ofrecer préstamos transitorios a los constructores a tipos de interés razonables;
l) apoyar a los grupos profesionales ofreciendo asistencia técnica en materia de planificación, diseño, construcción, conservación, rehabilitación y gestión a organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones que realicen actividades de autoayuda y de desarrollo comunitario;
m) reforzar y hacer más transparentes los sistemas públicos de regulación e inspección;
n) colaborar con asociaciones profesionales para examinar y revisar las normas y reglamentos de construcción, teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes, las prácticas de construcción y de planificación, las condiciones locales y la agilidad de los trámites administrativos, así como adoptar normas de evaluación cuando proceda;
o) ayudar a las organizaciones no gubernamentales y otros grupos a lograr la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y las personas con discapacidad en la planificación, el diseño y la construcción de viviendas adecuadas a sus necesidades concretas de índole personal y familiar.
b) cuando proceda, adoptar políticas y directrices para favorecer la competencia leal en el mercado de los materiales de construcción, con una mayor participación de todas las partes locales interesadas, y establecer mecanismos públicos para aplicar esas políticas y directrices;
c) fomentar el intercambio de información y de tecnologías adecuadas de construcción ecológicamente racionales, asequibles y accesibles y facilitar la transferencia de tecnología;
d) prestando la debida atención a las necesidades en materia de seguridad, volver a formular y adoptar, cuando proceda, normas y reglamentos de construcción para fomentar y permitir la utilización de materiales de construcción de bajo costo en proyectos de viviendas y utilizar esos materiales en obras públicas;
e) cuando proceda, fomentar relaciones de asociación con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales a fin de crear mecanismos para la producción y distribución comerciales de materiales de construcción básicos destinados a programas de construcción basados en la autoayuda;
f) evaluar periódicamente los progresos realizados para conseguir los objetivos mencionados.
b) alentar y fomentar la aplicación de tecnologías de fabricación de bajo consumo de energía, ecológicamente racionales y seguras, respaldadas por normas adecuadas y medidas de regulación eficaces;
c) adoptar políticas y prácticas de explotación de minas y canteras que entrañen perjuicios mínimos para el medio ambiente.
93. La vulnerabilidad y las desventajas suelen deberse a la marginalización y la exclusión de las tendencias socioeconómicas predominantes y de los procesos de adopción de decisiones, así como a la falta de acceso en condiciones de igualdad a los recursos y las oportunidades. Si se aspira a reducir la vulnerabilidad y las desventajas, es necesario mejorar y garantizar el acceso de los pertenecientes a los grupos vulnerables y desfavorecidos a la vivienda, la financiación, la estructura, los servicios sociales básicos, los mecanismos de protección social y los procesos de adopción de decisiones. Se entiende que no todos los pertenecientes a los grupos vulnerables y desfavorecidos son vulnerables y desfavorecidos en todo momento. La vulnerabilidad y las desventajas se deben fundamentalmente a las circunstancias, y no a las características inherentes. A partir del reconocimiento de que la vulnerabilidad y las desventajas se ven afectadas, entre otras cosas, por las condiciones imperantes en el sector de la vivienda y por la disponibilidad, la imposición y la eficacia de la protección legal que garantiza la igualdad de acceso a los recursos y las oportunidades, algunos miembros de determinados grupos tienen más probabilidades de ser vulnerables y de sufrir desventajas en lo que respecta a la vivienda y a las condiciones de los asentamientos humanos. Los pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos están en situación de especial riesgo cuando no gozan de seguridad en la tenencia o cuando carecen de servicios básicos o se enfrentan con efectos ecológicos o de salud desproporcionadamente negativos o pueden verse excluidos, inadvertida o deliberadamente, del mercado o de los servicios de vivienda.
94. Se debe reconocer que la vivienda adecuada es un elemento importante del cuidado y la asistencia especiales a que tienen derecho los niños y sus familias, así como los niños que viven fuera de la familia o carecen de ella. Debe prestarse especial atención a las necesidades de los niños que viven en circunstancias difíciles.
95. Una vivienda inadecuada o la falta de vivienda contribuyen a menoscabar la dignidad y la salud de los refugiados, otras personas desplazadas que necesitan protección internacional y los desplazados internos. Es necesario reforzar el apoyo a la protección y la asistencia internacionales que se prestan a los refugiados, en especial a las mujeres y los niños refugiados, que son particularmente vulnerables.
b) recurrir, cuando proceda, a la legislación, los incentivos y
d) colaborar con las cooperativas del sector privado y las comunidades locales y otras partes interesadas para sensibilizarlas acerca de la necesidad de eliminar los prejuicios y la discriminación en las transacciones y los servicios relacionados con la vivienda;
e) estudiar la posibilidad de pasar a ser partes en los instrumentos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que tratan, entre otras cosas, de las necesidades concretas y especiales de los grupos vulnerables, como la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como las Normas Uniformes sobre la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad;
f) fomentar sistemas de transporte público que sean asequibles y accesibles, con objeto de que haya una gama más amplia de viviendas y trabajos a disposición de los grupos vulnerables;
g) lograr que los grupos vulnerables y desfavorecidos tengan acceso a la información y oportunidades de participar en el proceso local de adopción de decisiones sobre las cuestiones comunitarias y de vivienda que les afecten;
h) ampliar el alcance de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento para que los grupos vulnerables y desfavorecidos tengan acceso a cantidades suficientes de agua potable y a un saneamiento higiénico.
b) colaborar con el sector privado, las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias y otros agentes para facilitar vivienda adecuada a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, esforzándose especialmente por eliminar todos los obstáculos físicos que impidan a las personas con discapacidad y a las personas de edad llevar una vida independiente;
c) esforzarse por ofrecer, cuando proceda, instalaciones especiales y diversas soluciones para el alojamiento de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como albergues para las mujeres objeto de malos tratos o alojamientos comunes para personas con discapacidad mental o física;
d) ofrecer un entorno que permita a las personas pertenecientes a grupos vulnerables participar en la vida social, económica y política de su comunidad y su país.
b) proteger a todas las personas contra los desalojos forzosos que son contrarios a la ley y proporcionarles protección legal y formas de ponerles remedio, teniendo en cuenta las consideraciones de derechos humanos; cuando los desalojos sean inevitables, asegurarse, cuando proceda, de que se ofrezcan otras soluciones idóneas;
c) fomentar y apoyar programas e iniciativas de autoayuda en materia de vivienda;
d) fomentar, cuando proceda, el cumplimiento y la aplicación de todas las leyes en materia de salud y medio ambiente, particularmente en las zonas de bajos ingresos en las que viven grupos vulnerables;
e) facilitar la adopción de medidas encaminadas, entre otras cosas,
g) facilitar el acceso de los grupos vulnerables a la información jurídica y a la asistencia letrada;
h) fomentar la utilización de mecanismos de prevención y mitigación de los desastres, así como la preparación para casos de desastre, con objeto de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a los desastres naturales, tecnológicos y causados por el hombre.
99. La rápida urbanización, la concentración de la población urbana en las grandes ciudades, la expansión de las ciudades en zonas geográficamente más amplias y el rápido crecimiento de las megalópolis se encuentran entre las transformaciones más importantes de los asentamientos humanos. Para el año 2005, la mayoría de la población mundial vivirá en zonas urbanas y el 40% aproximadamente serán niños. Las zonas urbanas influirán poderosamente en el mundo del siglo XXI, y las poblaciones urbanas y rurales serán cada vez más interdependientes para su bienestar económico, ambiental y social. Entre los factores económicos y sociales que influyen en este proceso, se encuentran el crecimiento demográfico y las migraciones voluntarias e involuntarias, las oportunidades de empleo reales y aparentes, las expectativas culturales, los cambios en las pautas de consumo y producción y los serios desequilibrios y disparidades entre las distintas regiones.
100. Dada la magnitud de los problemas que plantean los asentamientos humanos, la sociedad debe valorar y aprovechar el saber, los conocimientos y la capacidad de cada persona. El desarrollo sostenible de los asentamientos humanos exige acciones cooperativas y complementarias entre las partes interesadas. La combinación de partes interesadas adecuada para la participación puede ser distinta en cada caso, según quién tenga la responsabilidad en esa situación o esté afectado por ella. En general, entre las partes interesadas hay mujeres y hombres de todas las edades, administraciones públicas al nivel apropiado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, empresas, organizaciones laborales y ecológicas.
101. La sostenibilidad del medio ambiente mundial y de la vida humana no se alcanzará a menos que, entre otras cosas, los asentamientos humanos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, sean económicamente pujantes, socialmente dinámicos y ecológicamente sanos, y se respete plenamente el patrimonio cultural, religioso y natural y su diversidad. Los asentamientos urbanos encierran una promesa de desarrollo humano y de protección de los recursos naturales gracias a su capacidad para mantener a muchas personas limitando al mismo tiempo su impacto sobre el medio natural. Sin embargo, muchas ciudades están registrando pautas dañinas de crecimiento, de producción y consumo, de uso del suelo, de movilidad y de degradación de su estructura física. Esos problemas son con frecuencia sinónimos de contaminación de la tierra, el aire y el agua, despilfarro de recursos y destrucción de los recursos naturales. Algunos asentamientos humanos están también sujetos a limitaciones en lo que se refiere al abastecimiento de agua, el saneamiento y el drenaje, así como a una dependencia de fuentes de energía tóxicas y no renovables y a una pérdida irreversible de la biodiversidad. Muchas de estas tendencias se ven agravadas o aceleradas por un elevado crecimiento demográfico y por la magnitud de la migración de las zonas rurales a las urbanas. Los factores demográficos, combinados con la pobreza y la carencia de recursos y pautas insostenibles de producción y consumo, especialmente en los países industrializados, pueden causar o exacerbar los problemas de degradación ambiental y agotamiento de los recursos, con lo que inhiben un desarrollo sostenible. En consecuencia, un mundo en gran medida urbanizado implica que el desarrollo sostenible dependerá sobre todo de la capacidad de las zonas urbanas y metropolitanas para administrar los sistemas de producción y consumo, así como de transporte y eliminación de desechos, necesarios para preservar el medio ambiente.
102. La administración pública municipal puede contribuir eficazmente a que los asentamientos humanos sean viables, equitativos y sostenibles, puesto que ese nivel de administración es el más próximo al ciudadano. Es necesario que los gobiernos reconozcan la función esencial de las autoridades locales en lo que respecta a proporcionar servicios y poner al ciudadano en condiciones de lograr el desarrollo económico, el bienestar social y la protección medioambiental de sus comunidades locales, así como en lo concerniente a la cooperación internacional entre autoridades locales. Las autoridades locales pueden construir, explotar y mantener la infraestructura económica, social y medioambiental, supervisar los procesos de planificación, fijar políticas ecológicas locales y prestar asistencia en la aplicación de políticas ecológicas nacionales y subnacionales. Desempeñan un papel vital en lo que respecta a educar y movilizar a los ciudadanos y responder a la demanda pública para promover el desarrollo sostenible.
103. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la comunidad internacional acordó una serie de objetivos y medidas encaminados a fomentar el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. En el capítulo 7 del Programa 21 se desarrolló el concepto de "enfoque facilitador" en el sector de los asentamientos humanos, en virtud del cual con una asociación entre los sectores público, privado y comunitario se procuraba mejorar la calidad social, económica y ecológica de los asentamientos humanos y las condiciones de vida y de trabajo de todos los ciudadanos, en particular de quienes viven en la pobreza en las zonas urbanas y rurales. Se atribuyó especial importancia a la participación de grupos comunitarios, mujeres, indígenas, ancianos y personas con discapacidad en el proceso de adopción de decisiones. El Programa 21 pone de relieve la necesidad de que las autoridades locales trabajen en cooperación con todas las partes interesadas, incluidos los individuos, los grupos sociales y el sector privado, para promover y aplicar estrategias eficaces de desarrollo sostenible.
104. En el proceso de urbanización, las políticas y programas de desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, requieren fuertes instituciones administrativas subnacionales que trabajen en asociación con todas las partes interesadas. En muchos países esas instituciones son todavía débiles y su eficacia se ve amenazada por los problemas crecientes del regionalismo político y las luchas étnicas. Todas estas preocupaciones y exigencias hacen necesario un enfoque regional y transectorial de la planificación de los asentamientos humanos que destaque las vinculaciones entre zonas rurales y urbanas y considere a las aldeas y las ciudades como dos extremos de una serie continua de asentamientos humanos en un ecosistema común.
105. Cada vez más, las ciudades tienen una red de conexiones que se extienden mucho más allá de sus límites. El desarrollo urbano sostenible exige que se considere la capacidad de carga de todo el ecosistema que apoya ese desarrollo, comprendidas las medidas para prevenir y mitigar los efectos ambientales adversos que se producen fuera de las zonas urbanas. La eliminación deficiente de desechos provoca la degradación del medio ambiente natural: se ven afectados acuíferos, zonas costeras, recursos oceánicos, pantanos, hábitat naturales, bosques y otros ecosistemas frágiles, así como la tierra natal de los pueblos indígenas. Toda circulación transfronteriza de desechos y sustancias peligrosas debe realizarse de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes por las partes en dichos acuerdos. La rápida urbanización de las zonas costeras está causando el rápido deterioro de los ecosistemas costeros y marinos.
106. La diversidad de tipos de asentamientos humanos es un elemento clave para crear sociedades justas y sostenibles. Es preciso mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todos los asentamientos humanos, incluidos los centros urbanos regionales, los centros de servicios rurales, las pequeñas comunidades rurales, las ciudades de mercado y las aldeas, haciendo especial hincapié en la vivienda, la infraestructura social y física y los servicios. El mantenimiento y desarrollo de los asentamientos rurales exigen unas actividades agrícolas y forestales sostenibles y tecnologías agrícolas perfeccionadas, así como una diversificación económica y un aumento de las oportunidades de empleo mediante el estímulo de una inversión adecuada y ambientalmente sostenible en la industria y en las actividades conexas de producción económica y servicios.
107. A fin de mitigar los desequilibrios en el desarrollo geográfico de los asentamientos humanos y de potenciar con eficacia la creación de una economía dinámica, los gobiernos a los niveles apropiados, deben formar asociaciones con las partes interesadas pertinentes a fin de fomentar el desarrollo sostenible y la ordenación de ciudades de todos los tamaños y crear las condiciones necesarias para que estas diferentes ciudades ofrezcan oportunidades de empleo y servicios en el proceso de lograr el desarrollo económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente. Deben concebir estrategias y apoyar medidas que aborden los problemas de los movimientos de población que dan lugar a una concentración demográfica extrema en algunas zonas, ejercen presión sobre ecosistemas frágiles como las zonas costeras y ocasionan pérdidas de población en otras zonas.
108. La cooperación internacional, incluida la cooperación entre ciudades, es necesaria y mutuamente beneficiosa para fomentar el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Según el contexto y las necesidades de las ciudades, los centros urbanos y las aldeas de cada país y región, debe prestarse especial atención a las cuestiones más críticas, como los cambios de las pautas de producción y consumo, el uso eficaz de la energía, la ordenación sostenible de los recursos y la administración del uso del suelo, la población y la salud, la erradicación de la pobreza, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la eliminación de desechos, la prevención, mitigación, preparación y control de los desastres, el patrimonio cultural, natural e histórico, así como la protección del medio ambiente, la industria, la infraestructura y servicios básicos como los servicios de salud y de educación. Hábitat II constituye una oportunidad para examinar a fondo el efecto que los sistemas actuales de desarrollo de los asentamientos humanos tendrán en la capacidad para conseguir los objetivos fijados en conferencias recientes de las Naciones Unidas. Es indispensable seguir con mucha atención las tendencias del desarrollo urbano para la viabilidad del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
109. La tierra es esencial para proporcionar alimentos, agua y energía a muchos sistemas vivos y tiene una importancia crítica para la actividad humana. En zonas de rápido crecimiento urbano es cada vez más difícil acceder a la tierra por las demandas potencialmente contradictorias que se derivan de la vivienda, la industria, el comercio, la infraestructura, el transporte, la agricultura y por la necesidad de espacios abiertos y zonas verdes, así como la protección de ecosistemas frágiles. Por otra parte, el costo creciente del suelo urbano y otros factores impiden que las personas que viven en la pobreza y los miembros de otros grupos vulnerables y desfavorecidos tengan acceso a tierras suficientes, cuya ubicación no plantee especiales riesgos económicos, ambientales o de salud para los residentes, por razones tales como la proximidad de instalaciones industriales contaminantes, condiciones geográficas inapropiadas o exposición a los desastres naturales. La armonización del desarrollo de las zonas urbanas con el medio ambiente natural y el sistema general de asentamientos es una de las tareas básicas que deben emprenderse para conseguir un mundo urbanizado sostenible. Entre los instrumentos para lograr un desarrollo físicamente más equilibrado figuran no sólo políticas urbanas y regionales específicas y medidas jurídicas, económicas, financieras, culturales y de otro tipo, sino también métodos innovadores de planificación y diseño de ciudades, desarrollo, renovación y ordenación urbanos. Es preciso que las políticas y los problemas nacionales, subnacionales y locales estén integrados. En este sentido, los Estados deben adoptar ampliamente el principio de precaución, estipulado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, según su capacidad y es conveniente que recurran a evaluaciones de los efectos ambientales y sociales.
110. El uso de la tierra está estrechamente relacionado con la gestión de los recursos hídricos debido a la necesidad crítica de proteger los acuíferos y otros recursos de agua dulce de los efectos dañinos causados por los asentamientos humanos. Debe prestarse especial atención a ubicar las actividades que puedan ser peligrosas fuera de las zonas frágiles. Es preciso proteger los océanos y las zonas costeras de la contaminación procedente de la tierra.
111. Muchas ciudades están utilizando indebidamente tierras periféricas para actividades urbanas, mientras que tierras habilitadas e infraestructuras ya existentes no se desarrollan ni utilizan plenamente. Para evitar un crecimiento desequilibrado, insalubre e insostenible de los asentamientos humanos es necesario fomentar pautas de uso de la tierra que minimicen la demanda de transporte, ahorren energía y protejan los espacios abiertos y las zonas verdes. Una densidad urbana adecuada y directrices para la utilización mixta de las tierras son de capital importancia para el desarrollo urbano. Deben volver a examinarse cuidadosamente las políticas y los planes de desarrollo nacionales, subnacionales y locales a fin de asegurar una utilización óptima de la tierra y un desarrollo económico geográficamente más equilibrado, que incluya la protección de las indispensables tierras de cultivo, tierras que mantengan la diversidad biológica, la calidad del agua y la reposición de las aguas subterráneas, las zonas frágiles, como las costeras, así como otras zonas vulnerables que es necesario proteger.
112. Los espacios verdes y la cubierta vegetal en las zonas urbanas y periurbanas son esenciales para el equilibro biológico e hidrológico y el desarrollo económico. La vegetación crea hábitat naturales y permite una mejor absorción del agua de lluvia por medios naturales, lo que supone un ahorro en la gestión de los recursos de agua. Asimismo, las zonas verdes y la vegetación desempeñan una función importante en lo que respecta a reducir la contaminación del aire y crear condiciones climáticas más adecuadas, mejorando de esta forma el medio vital en las ciudades. Unas buenas actividades agrícolas ecológicamente adecuadas y el suministro de tierras comunes son elementos que deben integrarse en la planificación de las zonas urbanas y periurbanas.
b) promover mercados de bienes raíces eficientes y accesibles que respondan a la demanda y satisfagan las necesidades de la comunidad;
c) desarrollar, según proceda, incentivos fiscales y medidas de ordenación territorial, incluidas soluciones para la planificación del uso de la tierra de modo que sea posible un aprovechamiento más racional y sostenible de los limitados recursos de tierras;
d) prestar mayor atención a satisfacer las necesidades de inversión de capital en los asentamientos humanos mediante estrategias y políticas de movilización de los recursos que faciliten un mayor flujo de inversiones privadas para el desarrollo urbano en aquellas zonas que contribuyan a la adopción de pautas sostenibles de uso de la tierra;
e) alentar la formación de asociaciones entre los sectores público, privado y voluntario y otras partes interesadas a fin de gestionar los recursos de tierras para el desarrollo urbano sostenible;
f) promover las iniciativas de planificación urbana, vivienda y política industrial que desaconsejen el establecimiento de centros industriales peligrosos en zonas residenciales;
g) prevenir o minimizar la contaminación y la exposición a la contaminación procedente de instalaciones industriales, y fomentar al mismo tiempo iniciativas de planificación urbana, vivienda y política industrial que desalienten el establecimiento desproporcionado de instalaciones industriales contaminantes en zonas habitadas por personas que viven en la pobreza o pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos;
h) desarrollar y apoyar la aplicación de mejores métodos de ordenación territorial que integren globalmente las necesidades contradictorias de suelo urbano para la vivienda, la industria, el comercio, la infraestructura, el transporte, espacios verdes y zonas arboladas, teniendo en cuenta la necesidad de espacios para actividades cotidianas, como parques infantiles, jardines, campos de deportes, zonas de esparcimiento y terrenos adecuados para la jardinería y la agricultura urbana;
i) fomentar la planificación integrada del uso de la tierra, las comunicaciones y el transporte a fin de promover pautas de desarrollo que reduzcan la demanda de transporte;
j) desarrollar y aplicar planes integrados de ordenación de las zonas costeras con el fin de garantizar un desarrollo y una conservación adecuados de los recursos del litoral;
k) fomentar el uso de instrumentos y el aumento de la capacidad de vigilancia y de información transparente sobre el medio urbano, basados en indicadores apropiados de los resultados conseguidos por las ciudades en el terreno ecológico, social y económico;
l) institucionalizar un enfoque participativo de los asentamientos urbanos sostenibles mediante el desarrollo y apoyo de estrategias y mecanismos que propicien un diálogo abierto e inclusivo entre todas las partes interesadas, prestando especial atención a las necesidades y prioridades de las mujeres, las minorías, los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas de edad y las personas que viven en la pobreza y la exclusión;
m) fomentar en los asentamientos humanos las mejores prácticas comunitarias de ordenación territorial;
n) reforzar la capacidad de ordenación integrada del medio ambiente.
b) establecer, según proceda, estructuras para la aplicación de las leyes y reglamentos sobre ordenación territorial con el fin de que dicha aplicación y las apelaciones sean más eficaces y efectivas;
c) desarrollar el mercado de bienes raíces mediante el establecimiento de un marco jurídico eficaz que incorpore preocupaciones ambientales y abarque los diversos sistemas de tenencia;
d) desarrollar, con la participación de todas las partes interesadas, estrategias globales y ecológicamente correctas de uso de la tierra a nivel local.
115. La promoción de asentamientos humanos equitativos, socialmente viables y estables está inextricablemente ligada a la erradicación de la pobreza. La comunidad internacional comparte las preocupaciones del Año Internacional y del Decenio Internacional para la Erradicación de la Pobreza y reconoce también la feminización de la pobreza. La pobreza tiene diversas manifestaciones, como la carencia de hogar y las viviendas inadecuadas. La erradicación de la pobreza requiere, entre otras cosas, políticas macroeconómicas correctas encaminadas a crear oportunidades de empleo, acceso igual y universal a las oportunidades económicas (así como iniciativas especiales para facilitar el acceso de los grupos desfavorecidos); actividades de educación y capacitación que fomenten medios de vida sostenibles mediante el empleo y el trabajo productivos libremente elegidos, y servicios sociales básicos, incluidos servicios sanitarios. Sin embargo, no hay soluciones universales que se puedan aplicar equitativamente. Las personas que viven en la pobreza deben poder influir en todos los aspectos de la vida política, económica y social participando en ella por libre elección. Otros elementos clave de una estrategia de reducción de la pobreza son las políticas orientadas a reducir las desigualdades, aumentar las oportunidades, mejorar y dar acceso, según proceda, a los recursos, al empleo y a los ingresos; ofrecer protección social a los que no pueden mantenerse a sí mismos; reconocer las necesidades y aptitudes especiales de las mujeres; desarrollar los recursos humanos; mejorar la infraestructura, incluidas las comunicaciones, y hacerla más accesible; y promover políticas nacionales para atender a las necesidades básicas de todos.
b) cuando proceda, reorientar los recursos públicos para estimular la gestión comunitaria de los servicios y la infraestructura y fomentar la participación del sector privado y los residentes locales, incluidas las personas que viven en la pobreza, las mujeres, las personas con discapacidad, los indígenas y los miembros de grupos desfavorecidos, en lo que se refiere a la determinación de los servicios públicos necesarios, la planificación y el diseño del espacio, el suministro y mantenimiento de infraestructura urbana y de espacios abiertos y zonas verdes.
b) ofrecer oportunidades y espacios físicos para estimular la interacción positiva entre grupos culturalmente diversos;
c) conseguir la participación de grupos e individuos marginados y/o desfavorecidos en la planificación, las decisiones, la vigilancia y la evaluación relacionadas con el desarrollo de los asentamientos humanos; y
d) estimular, en cooperación con las partes interesadas pertinentes, comprendidos los padres en lo que respecta a la educación de sus hijos, la elaboración de programas escolares, programas de educación y centros comunitarios para desarrollar la comprensión y la cooperación entre miembros de diversas culturas.
b) perseguir el objetivo de garantizar puestos de trabajo de calidad y salvaguardar los derechos y los intereses básicos de los trabajadores y, con este fin, fomentar libremente el respeto de los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, comprendidos los relativos a la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo de los niños, a la libertad de asociación, al derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como el respeto del principio de no discriminación;
c) mejorar las políticas destinadas a reducir los peligros que el medio ambiente puede causar a la salud y proporcionar al sector no estructurado y a todos los trabajadores información accesible sobre cómo aumentar la seguridad en el trabajo y reducir los peligros para la salud;
d) fomentar, según proceda, inversiones y métodos de gran densidad de mano de obra y costos razonables a fin de proporcionar, rehabilitar y mantener la infraestructura y los servicios de los asentamientos;
e) fomentar sistemas de contratación y adquisición que faciliten, según convenga, la participación del sector privado local, incluidos los pequeños empresarios y contratistas y, cuando proceda, el sector no estructurado y el sector comunitario en la provisión de bienes y servicios públicos básicos;
f) garantizar que las personas que viven en la pobreza tengan acceso a los recursos productivos, como el crédito, la tierra, la educación y la capacitación, la tecnología, los conocimientos y la información, así como los servicios públicos, y que de esta forma tengan oportunidad de participar en la adopción de decisiones en un contexto normativo y regulador que les permita beneficiarse de las oportunidades económicas y de empleo;
g) fomentar el acceso al crédito y a modalidades alternativas e innovadoras de financiación con avales y garantías flexibles para las mujeres y para quienes viven en la pobreza, incluidos los que trabajan en el sector no estructurado, las empresas familiares y las pequeñas empresas;
h) promover bancos cooperativos de la comunidad y reinversiones empresariales responsables en las comunidades locales;
i) fomentar y reforzar las empresas productivas, incluidas las microempresas y las pequeñas empresas privadas y del sector cooperativo y ampliar las oportunidades de mercado, empleo y capacitación para las mujeres, los hombres y los jóvenes, incluidas las personas con discapacidad y, cuando proceda, reforzar las conexiones entre el sector no estructurado y el estructurado;
j) fomentar donde convenga un rápido acceso de los desempleados, especialmente de las personas que viven en la pobreza, a la educación y la formación profesional;
k) vincular entre sí pequeñas empresas independientes mediante redes manufactureras flexibles;
l) establecer y reforzar programas concebidos para mejorar la capacidad administrativa de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales, entre ellas las organizaciones de la juventud, a nivel comunitario y local, inclusive la evaluación de las necesidades, el establecimiento y diseño de proyectos, la gestión financiera, la ejecución de proyectos y el análisis, seguimiento y evaluación de los resultados;
m) estimular el establecimiento de las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones voluntarias privadas y otras organizaciones no gubernamentales que contribuyan a los esfuerzos por erradicar la pobreza;
n) estudiar la creación de estructuras de apoyo cuasi públicas que den aliento a las empresas interrelacionadas basadas en la comunidad mediante el suministro de asistencia a la elaboración, la comercialización y la distribución de productos manufacturados en la comunidad;
o) dar a conocer mejor las oportunidades de empleo a través de los medios de difusión.
b) tener presente, en el proceso de planificación, que con frecuencia las mujeres forman parte del sector no estructurado y utilizan su hogar para realizar actividades económicas o mercantiles;
c) fomentar estructuras representativas, garantizando al mismo tiempo la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres;
d) establecer directrices normativas y programas que estimulen y fomenten la participación de los grupos de mujeres en todos los aspectos del desarrollo comunitario relacionados con la infraestructura ambiental y el suministro de servicios urbanos básicos y alienten a las mujeres a crear sus propias cooperativas y a participar en otras;
e) promover cambios de actitudes, estructuras, políticas, leyes y otras prácticas relativas a los sexos a fin de eliminar todos los obstáculos a la dignidad humana y la igualdad en la familia y la sociedad, y promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres, comprendidas las personas con discapacidad, en la vida social, económica y política, entre otras cosas en la formulación, la aplicación y el seguimiento de políticas y programas públicos;
f) fomentar políticas económicas que tengan un efecto positivo en el empleo y los ingresos de las trabajadoras tanto en el sector estructurado como en el no estructurado y adoptar medidas concretas para abordar la cuestión del desempleo de la mujer, en particular el desempleo a largo plazo;
g) eliminar las barreras jurídicas y consuetudinarias, donde existan, que se oponen a la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra y las finanzas y a su control;
h) fomentar el acceso en condiciones de igualdad a todos los niveles de la educación para las mujeres adultas y jóvenes;
i) establecer programas para resolver la pobreza absoluta existente entre las mujeres de las zonas rurales, insistiendo especialmente en su necesidad de vivienda y empleo adecuados;
j) producir y difundir datos desglosados por sexo, procurando que las estadísticas se reúnan, compilen, analicen y presenten por edades y sexos; establecer mecanismos de supervisión en las estructuras gubernamentales e incorporar los resultados pertinentes en las principales políticas de desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
k) sensibilizar más a la comunidad respecto de los problemas con que se enfrentan las mujeres que viven en la pobreza, carecen de hogar, las mujeres migrantes, las refugiadas, otras mujeres desplazadas que necesitan protección internacional y las desplazadas en sus propios países, especialmente acerca de los problemas relacionados con las vejaciones físicas y sexuales, y preparar respuestas comunitarias adecuadas;
l) garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la vivienda, la tierra y los servicios públicos en las zonas urbanas y rurales, de conformidad con la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
b) potenciar a la juventud apoyando y valorando su capacidad de desempeñar un papel activo y creador en el establecimiento de comunidades sostenibles;
c) proporcionar acceso en condiciones de igualdad a la educación básica, prestando especial atención a las personas que viven en la pobreza y a los jóvenes que viven en las zonas rurales y haciendo frente a las limitaciones impuestas por la distancia, la falta de medios educacionales y las barreras sociales y económicas;
d) adoptar medidas especiales para reducir la tasa de deserción escolar a todos los niveles de la educación mediante una educación más pertinente y de mejor calidad y facilitar el acceso de los que abandonan los estudios a medios de vida sostenibles;
e) utilizar la educación, tanto académica como no académica, y las actividades y los programas de formación profesional, promover -en colaboración con la juventud- programas de empleo y de desarrollo de las aptitudes profesionales que refuercen la capacidad de la juventud para participar plenamente en los procesos sociales, económicos y políticos de los asentamientos humanos;
f) eliminar la explotación sexual y económica de muchachas y niños, mejorando su calidad de vida e intensificando su contribución al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
g) estimular las campañas de sensibilización y otras medidas preparadas y aplicadas por la juventud, a fin de fomentar la apreciación por los jóvenes del patrimonio histórico, natural, religioso, espiritual y cultural y su toma de conciencia de los valores ecológicos y de las consecuencias ambientales de sus pautas de producción, consumo, de comportamiento y éticas, especialmente las relacionadas con una vivienda adecuada para todos y con el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
b) fomentar la aprobación de leyes y políticas que garanticen a las personas con discapacidad el pleno acceso a todos los nuevos edificios e instalaciones públicos, vivienda pública y sistemas públicos de transporte, y además fomentar el acceso a los edificios e instalaciones, viviendas y transportes ya existentes, siempre que sea posible, especialmente aprovechando las renovaciones que se introduzcan;
c) promover estructuras representativas que garanticen la igualdad y la plenitud de oportunidades de participación a las personas con discapacidad;
d) eliminar las barreras a las comunicaciones, a fin de reducir el aislamiento físico y social que padecen las personas con discapacidad, adoptando medidas como la preparación y difusión de información, especialmente información al público, en formatos adecuados;
e) promover la igualdad de acceso de las personas con discapacidad a todos los niveles de la educación y la formación profesional;
f) producir y difundir datos desglosados presentados por edades, sexos y situación laboral; establecer mecanismos de supervisión en las estructuras gubernamentales e incorporar los resultados pertinentes en las principales políticas de desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
g) reconocer que las personas con discapacidad son expertas en cuanto a sus propias necesidades de vivienda y entorno comunitario, que deberían encargarse de adoptar las decisiones sobre las vivienddas adecuadas para ellas y que deben participar en el diseño y la ejecución de las viviendas que les están destinadas;
h) sensibilizar más a la comunidad respecto de los problemas de atención de salud que deben afrontar las personas con discapacidad y preparar respuestas comunitarias apropiadas;
i) proporcionar a las personas con discapacidad atención de salud de calidad y asequible;
j) elaborar políticas y directrices y prestar servicios que permitan alojar a las personas con discapacidad en viviendas comunitarias;
k) elaborar y poner en práctica programas que permitan a las personas con discapacidad tener las mismas oportunidades de obtener una remuneración suficiente para alcanzar un nivel de vida adecuado;
l) tener presente, en el proceso de planificación, que con frecuencia las personas con discapacidad utilizan su hogar para realizar actividades económicas o mercantiles;
m) promover actividades deportivas, recreativas y culturales para las personas con discapacidad.
b) apoyar las actividades económicas de los indígenas, a fin de mejorar sus condiciones y su desarrollo, y lograr su interacción segura con economías de más entidad;
c) integrar a las mujeres indígenas, sus perspectivas y sus conocimientos, en pie de igualdad con los hombres, en la adopción de decisiones sobre los asentamientos humanos, comprendida una gestión sostenible de los recursos, así como la elaboración de políticas y programas para el desarrollo sostenible, entre ellos, y en particular, los ideados para enfrentarse con la degradación ambiental de las tierras y cortarla;
d) ocuparse de las necesidades particulares de los niños indígenas y sus familias, especialmente de los que viven en la pobreza, con lo cual podrán beneficiarse plenamente de los programas de desarrollo económico y social.
b) sensibilizar a la opinión al respecto e impartir educación, en un esfuerzo por mitigar el delito y la violencia y reforzar la sociedad;
c) fomentar la prevención de la delincuencia mediante el desarrollo social y la búsqueda de formas de ayudar a las comunidades a hacer frente a los factores subyacentes que menoscaban la seguridad ciudadana y propician la delincuencia, por ejemplo, haciendo frente a problemas críticos como la pobreza, la desigualdad, las tensiones familiares, el desempleo, la falta de oportunidades de educación y de trabajo y la inexistencia de atención de salud, comprendidos los servicios de salud mental;
d) alentar a los jóvenes y a los niños, en particular a los niños de la calle, a convertirse en partes interesadas en su propio futuro y en el de su comunidad por medio de la educación, el esparcimiento y la capacitación y el asesoramiento para obtener empleo, actividades que puedan atraer inversiones del sector privado y el apoyo de organizaciones sin fines de lucro;
e) incrementar la seguridad de la mujer en la comunidad, teniendo en cuenta en las políticas y los programas de prevención de la delincuencia las necesidades de uno y otro sexo; ello puede lograrse procurando que los encargados de aplicar esas políticas conozcan y comprendan mejor las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer;
f) establecer programas encaminados a perfeccionar las aptitudes de los líderes locales en materia de formación de grupos, solución de conflictos e intervenciones;
g) cuando proceda, promover la seguridad personal y reducir el temor mejorando los servicios de policía, exigiéndoles una mayor responsabilidad ante la comunidad a la que prestan servicios, y estimulando y facilitando, siempre que sea posible, la adopción de medidas y sistemas legítimos de prevención de la delincuencia basados en la comunidad;
h) ofrecer sistemas de justicia locales que sean accesibles, económicos, imparciales, ágiles y humanitarios, entre otras cosas facilitando y fortaleciendo, cuando proceda, las instituciones y los procedimientos tradicionales existentes para resolver controversias y conflictos;
i) impulsar el establecimiento de programas y proyectos basados en la participación voluntaria, especialmente de los niños, los jóvenes y las personas de edad, para prevenir la violencia, inclusive la violencia en el hogar, y la delincuencia;
j) adoptar medidas concertadas y urgentes para desmantelar las redes internacionales y nacionales de proxenetismo.
b) facilitar la participación de organizaciones locales, entre ellas consejos de ancianos, grupos de mujeres, movimientos populares, grupos de jóvenes y de niños, y organizaciones de personas con discapacidad, así como otras organizaciones de base comunitaria, en los procesos de adopción de decisiones relativas a los programas de bienestar social;
c) promover y establecer asociaciones operacionales con iniciativas de bienestar social y desarrollo de la comunidad;
d) mejorar la planificación y el diseño de los asentamientos humanos a fin de responder concretamente a las necesidades de las personas vulnerables y en situación desventajosa, en especial las personas con discapacidad.
125. La calidad de vida y las actividades de todas las personas en los asentamientos humanos están estrechamente relacionadas con los cambios y los modelos demográficos, en particular, el crecimiento, la estructura y la distribución de la población, y las variables de desarrollo como la educación, la salud y la nutrición, los niveles de utilización de los recursos naturales, el estado del medio ambiente y el ritmo y la calidad del desarrollo económico y social.
126. Los movimientos de población dentro de los países y entre ellos, incluido el crecimiento muy rápido de las ciudades, así como la distribución regional desequilibrada de la población, deben tenerse en cuenta para asegurar la sostenibilidad de los asentamientos humanos.
b) de ser necesario, crear o mejorar bases de datos, en particular, datos desglosados por sexo y edad, y recopilar y analizar datos a fin de facilitar una información de referencia que pueda utilizarse para prever mejor el crecimiento de la población en ciudades, pueblos y aldeas;
c) fomentar la toma de conciencia, el conocimiento y la comprensión de los efectos de los cambios demográficos y de las variables de desarrollo en los asentamientos humanos a todos los niveles de la sociedad mediante campañas de información pública, y actividades de comunicación que se centren en la importancia y pertinencia de las cuestiones relacionadas con la población y en las medidas responsables necesarias para resolver esas cuestiones, en particular la salud, la planificación familiar y los modelos de consumo y producción compatibles con un desarrollo sostenible;
d) estudiar la necesidad de planear, diseñar y construir asentamientos humanos sostenibles teniendo en cuenta su efecto en el medio ambiente, a fin de aliviar las presiones actuales -y evitar las futuras- de la población y el desarrollo en las zonas urbanas y rurales.
128. Los asentamientos humanos sostenibles dependen de la creación de un entorno mejor para la salud y el bienestar humanos, que mejore las condiciones de vida de las personas y reduzca las disparidades en su calidad de vida. La salud de la población depende por lo menos tanto del control de los factores ambientales que perjudican la salud como de las respuestas clínicas a las enfermedades. Los niños son particularmente vulnerables a un medio urbano dañino y deben ser protegidos. Las medidas preventivas son tan importantes como disponer de tratamiento y atención de salud apropiados. Por lo tanto, es esencial dar un enfoque integrado a la salud en el que la prevención y la atención se sitúen en el contexto de la política ambiental y reciban apoyo de sistemas eficaces de gestión y planes de acción que prevean objetivos fijados en función de las necesidades y capacidades locales.
129. Los problemas de salud relacionados con condiciones ambientales adversas, incluida la falta de abastecimiento de agua pura y saneamiento, la eliminación inadecuada de desechos, el drenaje deficiente, la contaminación del aire y la exposición a niveles excesivos de ruido, así como servicios de salud ineficientes e inadecuados, afectan muy negativamente a la calidad de vida de millones de personas y a su contribución general a la sociedad. Pueden agravar asimismo las tensiones y desigualdades sociales y aumentar la vulnerabilidad de las personas a los efectos de los desastres. Un enfoque integrado del suministro de infraestructura ecológicamente adecuada en los asentamientos humanos, en particular para las personas que viven en la pobreza en zonas rurales y urbanas, constituye una inversión en el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos que puede mejorar la calidad de vida, reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente, mejorar la salud general de la población y reducir la carga de la inversión en medicina curativa y mitigación de la pobreza.
130. Muchos riesgos para la salud relacionados con la contaminación son particularmente elevados en las zonas urbanas, así como en las zonas de bajos ingresos, a causa de la mayor concentración de contaminantes procedentes, por ejemplo, de la industria, el tránsito de vehículos, las emanaciones de las cocinas y la calefacción, la sobrepoblación y la eliminación inadecuada de desechos sólidos y líquidos. Los riesgos ambientales en el hogar y en el lugar de trabajo pueden tener un efecto desproporcionado sobre la salud de las mujeres y los niños en razón de su diferente susceptibilidad a los efectos tóxicos de diversas sustancias químicas, de su diferente exposición a ellos y del carácter de las tareas que frecuentemente realizan las mujeres. Los riesgos ambientales en el hogar pueden tener además un efecto desproporcionado sobre los niños.
131. Muchos contaminantes ambientales, como los materiales radiactivos y los contaminantes orgánicos persistentes, se introducen en la cadena alimentaria y en definitiva en los seres humanos, con lo cual ponen en peligro la salud de las generaciones actuales y futuras.
132. La exposición a metales pesados, en particular el plomo y el mercurio, puede tener efectos nocivos persistentes en la salud y el desarrollo del ser humano y en el medio ambiente. Los niños y las personas que viven en la pobreza suelen ser particularmente vulnerables; los efectos de un alto grado de concentración de plomo en el desarrollo intelectual de los niños son irreversibles, lo que es motivo de especial preocupación. Existen opciones eficaces y asequibles que permiten evitar muchos usos de esos metales. Deben buscarse sustitutos apropiados de los productos que no permiten controlar ni mitigar la exposición al plomo.
133. Las pautas insostenibles y antieconómicas de producción y consumo provocan también mayores problemas de eliminación de desechos. Es esencial intensificar los esfuerzos encaminados a reducir al mínimo la producción y el vertimiento de desechos y a estimular el reciclado y reaprovechamiento en la mayor medida posible, así como la eliminación del resto de manera ecológicamente racional. Ello requerirá cambios de actitudes y pautas de consumo, así como del diseño de edificios y vecindarios y modalidades innovadoras, eficientes y sostenibles de control de desechos.
134. Se reconoce que el diseño de las zonas edificadas tiene repercusiones sobre el bienestar y la conducta de las personas y, por lo tanto, sobre su salud. El buen diseño de las viviendas nuevas y su mejoramiento y rehabilitación es importante para crear condiciones de vida sostenibles. El diseño de edificios altos para viviendas debe complementar el marco del barrio en que están situados. En particular, el desarrollo en gran escala de viviendas ubicadas en edificios altos puede traer consigo inconvenientes sociales y ambientales; por consiguiente, es preciso prestar especial atención a la calidad del diseño, incluidos los aspectos de escala y altura, al mantenimiento apropiado, la inspección técnica periódica y las medidas de seguridad.
135. La habitabilidad de las zonas edificadas es muy importante para la calidad de la vida en los asentamientos humanos. La calidad de la vida supone la existencia de los atributos que permiten atender a aspiraciones diversificadas y crecientes que van más allá de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. La habitabilidad guarda relación con las características y cualidades de espacio, entorno social y medio ambiente que contribuyen singularmente a dar a la gente una sensación de bienestar personal y colectivo e infundirle la satisfacción de residir en un asentamiento determinado. Las aspiraciones a la habitabilidad varían de un lugar a otro y evolucionan y cambian con el tiempo. También difieren según las poblaciones que integran las comunidades. Por lo tanto, las condiciones para que haya asentamientos humanos habitables presuponen una democracia que funcione y en la que estén institucionalizados los procesos y mecanismos de participación, dedicación cívica y fomento de la capacidad.
b) adoptar medidas para prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo y reducir los niveles de ruido, cuando sea apropiado, y desarrollar sistemas preventivos y curativos apropiados de atención de salud y garantizar el acceso a ellos con objeto de enfrentar los problemas de salud conexos;
c) velar por la investigación adecuada de la forma y la medida en que las mujeres y los niños son particularmente susceptibles o están expuestos a la degradación y los riesgos ambientales, inclusive, en caso necesario, la investigación y la recolección de datos sobre grupos determinados de mujeres y niños, en particular las mujeres de bajos ingresos, las indígenas y las pertenecientes a minorías;
d) mejorar las condiciones de la vivienda a fin de mitigar los riesgos para la salud y la seguridad, en particular los riesgos de las mujeres, las personas de edad, los niños y las personas con discapacidad, que están relacionados con las actividades en el hogar;
e) aumentar a todos los niveles la capacidad de administración efectiva de la higiene ambiental;
f) formular y ejecutar programas que garanticen el acceso universal de las mujeres a lo largo de toda su vida a una gama completa de servicios de atención de salud, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual, de forma compatible con lo dispuesto en el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;
g) formular criterios, según corresponda, respecto de los niveles máximos permitidos de exposición a ruidos en condiciones de seguridad y fomentar el control y la evaluación de los ruidos como parte de los programas de higiene ambiental;
h) dar a conocer mejor la interdependencia del medio ambiente y la salud y desarrollar en las comunidades los conocimientos, las actitudes y las prácticas necesarios para mejorar la salud personal y de la comunidad, con especial atención a la higiene;
i) promover, según corresponda, la planificación y el buen diseño de los asentamientos humanos, tanto en las urbanizaciones nuevas como en el mejoramiento y la rehabilitación de otras, haciendo hincapié a la vez en la calidad estética y en la calidad técnica y funcional, racional y sostenible, a fin de enriquecer y mejorar la calidad general de vida de las personas;
j) establecer procesos para aumentar el intercambio de información, experiencia y asistencia técnica entre gobiernos nacionales, subnacionales y locales, inclusive al mismo nivel de la administración, y entre sectores para el mejoramiento de la higiene ambiental;
k) conseguir que se dé la debida prioridad y se faciliten recursos adecuados, a nivel nacional, regional e internacional, para combatir la amenaza que representan para los individuos y la salud pública la rápida difusión del VIH/SIDA en todo el mundo y la reaparición de enfermedades importantes como la tuberculosis, el paludismo, la oncocercosis y las enfermedades diarreicas, en particular el cólera;
l) fomentar condiciones sanas y seguras en el lugar de trabajo para hombres y mujeres.
b) elaborar leyes y políticas que determinen niveles apropiados de calidad del medio ambiente, fijen objetivos para la mejora del medio ambiente y señalen los instrumentos para su consecución de acuerdo con las prioridades y condiciones nacionales y subnacionales;
c) establecer, equipar y fomentar la capacidad para vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas ambientales y la eficacia de su aplicación a todos los niveles;
d) establecer criterios ecológicos con miras a facilitar la selección y preparación de tecnologías adecuadas y su utilización apropiada;
e) reconocer y combatir los efectos desproporcionadamente grandes y adversos de políticas y programas sobre la salud o el entorno de las personas que viven en la pobreza y las pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos;
f) ofrecer incentivos y desincentivos a fin de fomentar el uso de procesos de producción y tecnologías no contaminantes y que ahorren energía y agua, los cuales, entre otras cosas, puedan aumentar las oportunidades económicas en lo que respecta a la tecnología ambiental, la limpieza del medio ambiente y los productos ecológicamente adecuados, así como mejorar el atractivo y la competitividad de los asentamientos humanos para recibir inversiones económicas;
g) ofrecer directrices y capacitación para la aplicación de procedimientos de evaluación de los efectos sobre la higiene ambiental;
h) hacer evaluaciones ambientales y evaluaciones de las consecuencias que tienen para el medio ambiente los proyectos y planes de desarrollo, respectivamente, que podrían influir considerablemente en su calidad;
i) apoyar mecanismos de consulta y de asociación entre las partes interesadas para preparar y aplicar planes ambientales locales y programas relacionados con la aplicación del Programa 21 en el plano local, así como programas intersectoriales específicos de higiene del medio ambiente;
j) sensibilizar a la opinión pública acerca de las cuestiones ambientales y promover en las comunidades el conocimiento, las actitudes y las prácticas necesarias para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
k) adoptar medidas apropiadas para administrar efectivamente y en condiciones de seguridad, la utilización de los metales pesados, en particular el plomo, y eliminar, donde sea posible, toda exposición incontrolada a esos metales, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente;
l) eliminar cuanto antes la utilización del plomo en la gasolina;
m) en cooperación con la comunidad internacional, promover la protección del entorno de vida y tratar de que la tierra, el aire y el agua contaminados vuelvan a estar a niveles aceptables para los asentamientos humanos sostenibles.
b) promover prácticas y pautas de producción y consumo que conserven y protejan los recursos de agua dulce y agua salada y la capa arable de la tierra, así como la calidad del aire y del suelo;
c) velar por que todos los asentamientos humanos dispongan de agua limpia lo más pronto posible mediante, entre otras cosas, la adopción y mejora de la tecnología, y velar por la preparación y aplicación de planes de conservación y protección del medio ambiente con miras a sanear sistemas hídricos contaminados y rehabilitar cuencas hidrográficas dañadas;
d) lograr cuanto antes que todos los desechos sólidos, incluidos los peligrosos, y las aguas residuales, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, se eliminen de forma compatible con las normas nacionales o internacionales de calidad del medio ambiente;
e) fomentar la protección del medio ambiente y la salud pública por medio de un tratamiento apropiado, el reciclado y la reutilización de sistemas de saneamiento ecológicamente racionales y el tratamiento y la eliminación de aguas residuales y desechos sólidos;
f) hacer un esfuerzo concertado por reducir la generación de residuos y de productos de desecho mediante, entre otras cosas, el establecimiento de objetivos nacionales y locales en materia de reducción de los envases;
g) elaborar criterios y metodologías para la evaluación de las consecuencias ambientales y las necesidades de recursos en el plano local a lo largo del ciclo vital de productos y procesos;
h) elaborar y aplicar mecanismos jurídicos, fiscales y administrativos con miras a lograr una ordenación integrada de los ecosistemas;
i) establecer mecanismos con objeto de asegurar la administración y conservación transparentes, responsables y económicas de la infraestructura.
b) proteger los recursos forestales existentes y promover, donde sea posible, la forestación en torno a los asentamientos humanos y en ellos, con objeto de satisfacer las necesidades básicas relativas a la energía, la construcción, el ocio y la seguridad alimentaria;
c) fomentar, cuando proceda, la creación de cinturones verdes para la producción y el esparcimiento alrededor de las aglomeraciones urbanas y rurales con objeto de proteger su medio ambiente y contribuir al abastecimiento de productos alimentarios;
d) reducir considerablemente el deterioro del medio marino causado por actividades terrestres, incluidos los residuos y desagües municipales, industriales y agrícolas, que tienen efectos perniciosos sobre las zonas productivas del medio marino y el litoral;
e) procurar que los niños tengan acceso a la naturaleza de forma habitual por medio de juegos al aire libre y establecer programas de enseñanza para ayudar a los niños a investigar el entorno de sus comunidades, incluidos los ecosistemas naturales;
f) velar por que todas las partes interesadas tengan oportunidades adecuadas de participación pública a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones relativas al medio ambiente.
141. Para hacer frente a ese problema se requiere un enfoque integrado de la ordenación de los recursos hídricos que tenga en cuenta los vínculos entre el agua, el saneamiento y la salud, entre la economía y el medio ambiente, y entre las ciudades y sus alrededores, y que armonice la planificación del uso de la tierra y las políticas de vivienda con las políticas del sector hídrico y aplique un enfoque amplio y coherente a fin de fijar y hacer cumplir normas realistas. Para una ordenación integrada de los recursos hídricos son indispensables un decidido compromiso político, la cooperación entre sectores y disciplinas diversos y una colaboración activa de todas las partes interesadas. A tal fin, los gobiernos a los niveles apropiados, en colaboración con otras partes interesadas, deben:
b) establecer estrategias y criterios (biológicos, físicos y de calidad del agua desde el punto de vista químico) para preservar y restablecer los ecosistemas acuáticos de manera integrada, tomando en consideración las cuencas hidrográficas en su totalidad y los recursos vivos que contienen;
c) administrar la oferta y la demanda de agua de manera efectiva, que permita satisfacer las necesidades básicas de los asentamientos humanos y, al mismo tiempo, tener en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas naturales;
d) promover el establecimiento de asociaciones entre los sectores público y privado y entre instituciones en los planos nacional y local con objeto de asignar con mayor eficacia las inversiones en recursos hídricos y saneamiento y aumentar su operatividad;
e) prestar apoyo a los organismos competentes a fin de que aumenten su capacidad para evaluar la demanda de las comunidades y para incorporar esa demanda en la planificación de servicios de infraestructura ambiental;
f) aplicar las reformas institucionales y legislativas necesarias para eliminar las redundancias y duplicaciones de funciones y jurisdicciones de numerosas instituciones sectoriales y para lograr la coordinación eficaz de esas instituciones en la prestación y administración de servicios;
g) elaborar instrumentos económicos y aplicar medidas reguladoras a fin de reducir el desperdicio de agua y fomentar el reciclado y la reutilización de aguas residuales;
h) idear estrategias para reducir la demanda de los limitados recursos de agua aumentando la eficiencia de los sectores agrícola e industrial;
i) regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos no estructurados con objeto de alcanzar el nivel mínimo de reconocimiento jurídico necesario para la provisión de servicios básicos;
j) promover la instalación y utilización de sistemas sanitarios eficientes y seguros, como las letrinas secas, para reciclar las aguas residuales y los componentes orgánicos de los desechos sólidos municipales y convertirlos en productos útiles como fertilizantes y biogás;
k) tomar en consideración las necesidades de las mujeres al adoptar decisiones de carácter tecnológico respecto del nivel de servicios básicos y del acceso a ellos;
l) velar por la participación plena y en igualdad de condiciones de la mujer en todas las decisiones relativas a la conservación y gestión de los recursos de agua y a las opciones tecnológicas.
b) la interacción dentro de los distintos grupos sociales y entre ellos mediante la creación y mantenimiento de servicios culturales y de una infraestructura de comunicaciones;
c) una oferta suficiente de vivienda accesible para todos;
d) legislación para salvaguardar los derechos e intereses de los trabajadores, a fin de potenciar los derechos de los consumidores y garantizar la seguridad de tenencia;
e) un entorno económico que pueda generar oportunidades de empleo y que ofrezca una diversidad de bienes y servicios;
f) el fomento de la capacidad, el desarrollo institucional y la participación cívica para contribuir a la integración y a un aumento general de la productividad en los asentamientos humanos.
144. A fin de prevenir la contaminación transfronteriza y reducir al mínimo sus consecuencias sobre los asentamientos humanos cuando se produce, los gobiernos deben cooperar con miras a elaborar mecanismos apropiados para evaluar las consecuencias ambientales de las propuestas de actividades que puedan tener considerables consecuencias adversas para el medio ambiente, incluida una evaluación de las observaciones pertinentes formuladas por otros países que podrían resultar afectados. Los gobiernos deben asimismo cooperar a fin de elaborar y aplicar mecanismos para la notificación previa y oportuna, el intercambio de información y la celebración de consultas de buena fe, y la mitigación de los posibles efectos adversos relacionados con esas actividades, tomando en consideración los acuerdos e instrumentos internacionales existentes.
145. La utilización de la energía es esencial para el transporte, la producción industrial y las actividades domésticas y el trabajo de oficina en los centros urbanos. La actual dependencia de fuentes de energía no renovables en la mayoría de los centros urbanos puede provocar cambios climáticos, contaminación atmosférica y problemas consiguientes para el medio ambiente y la salud humana, y puede representar una grave amenaza para el desarrollo sostenible. Es posible mejorar la producción y utilización sostenibles de energía fomentando el rendimiento energético, por medios como una política de fijación de precios, la sustitución de combustibles, la utilización de fuentes alternativas de energía, el transporte público masivo y la sensibilización de la opinión pública. Hay que coordinar activamente las políticas de asentamientos humanos y de energía.
b) instituir medidas apropiadas a fin de fomentar la utilización de fuentes de energía renovables e inocuas y hacer más eficiente la utilización de la energía en los asentamientos humanos, velando por que quienes viven en la pobreza y sus familiares no resulten desfavorecidos;
c) fomentar sistemas de alto rendimiento energético, por ejemplo, introduciendo o apoyando medidas innovadoras y eficientes de generación, distribución y utilización de energía, como sistemas de calefacción y refrigeración combinados que aprovechen la recuperación de calor sobrante y la generación conjunta de calor y electricidad;
d) alentar la investigación, el desarrollo y la utilización de sistemas de transporte no motorizados o de bajo consumo de energía y la utilización de fuentes de energía renovables y las correspondientes tecnologías, como la energía solar, la eólica y la derivada de la biomasa;
e) alentar a los países, en particular a los países en desarrollo, a cooperar en el intercambio de conocimientos, experiencia e información técnica respecto de la eliminación gradual de la gasolina con plomo, entre otras cosas, mediante la utilización de etanol de biomasa como sustituto ecológico;
f) instituir el cobro de tarifas a los usuarios u otras medidas o modificar las que ya existan para fomentar un uso doméstico eficaz de la energía;
g) estimular, mediante incentivos fiscales u otras medidas, y adoptar tecnologías de alto rendimiento energético y ecológicamente racionales para la rehabilitación de las industrias y los servicios existentes y la creación de otros nuevos;
h) prestar apoyo a programas de reducción y neutralización de emisiones de gases contaminantes que se originen en la generación, distribución y utilización de energía;
i) alentar y promover campañas de educación pública y de información a través de los medios de difusión para fomentar el reciclado, el reaprovechamiento y un consumo de energía menor;
j) fomentar el empleo de tecnologías de calefacción, refrigeración y generación de electricidad basadas en la energía solar, el diseño para un uso eficiente de la energía, la ventilación y un mejor aislamiento de los edificios para reducir el consumo de energía en su interior;
k) promover el empleo en la construcción de productos industriales y desechos agrícolas inocuos y otros tipos de materiales de construcción reciclados y que requieren un bajo consumo de energía;
l) alentar y fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías nuevas y ecológicamente racionales, inclusive la reducción de los compuestos metálicos como componentes de los combustibles usados en el transporte, así como sistemas racionales de utilización de la energía.
147. Los sistemas de transporte y comunicaciones son la clave del movimiento de mercancías, personas, información e ideas, el acceso a los mercados, el empleo, las escuelas y otros servicios y el aprovechamiento de la tierra, tanto dentro de la ciudades como entre éstas, y en zonas rurales y otras zonas apartadas. El sector del transporte es un importante consumidor de energía no renovable y de tierras y contribuye mucho a la contaminación, la congestión y los accidentes. Mediante una planificación y una política integradas de transporte y uso de la tierra es posible reducir los efectos negativos de los actuales sistemas de transporte. Las personas que viven en la pobreza, las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad resultan especialmente desfavorecidos por la falta de sistemas de transporte público accesibles, asequibles, seguros y eficientes.
148. Los avances tecnológicos de las comunicaciones pueden tener un efecto considerable sobre las pautas de actividad económica y los asentamientos humanos. Es importante tener en cuenta los posibles efectos a fin de conseguir que la comunidad obtenga los máximos beneficios y reducir los resultados desfavorables en lo que se refiere al acceso a los servicios.
149. La ordenación del transporte en los asentamientos humanos debe efectuarse de modo que fomente el acceso adecuado de todos a los lugares de trabajo, la interacción social y el esparcimiento y facilite importantes actividades económicas, entre ellas la obtención de alimentos y la satisfacción de otras necesidades vitales. Simultáneamente, hay que reducir los efectos negativos del transporte sobre el medio ambiente. En los sistemas de transporte hay que asignar prioridad a la reducción de los viajes innecesarios mediante políticas adecuadas de aprovechamiento de la tierra y de comunicaciones; el establecimiento de políticas de transporte que hagan hincapié en medios de locomoción que no sean el automóvil; el desarrollo de combustibles alternativos y de vehículos que los utilicen, el mejoramiento del comportamiento ecológico de los medios de transporte existentes y la adopción de normas y reglamentos adecuados sobre precios y otras cuestiones.
150. El transporte no motorizado es un importante medio de locomoción, especialmente para los grupos de bajos ingresos, vulnerables y desfavorecidos. Una medida estructural para contrarrestar la marginación socioeconómica de esos grupos consiste en fomentar su movilidad mediante la promoción de medios de transporte baratos, eficientes y que economicen energía.
b) coordinar la ordenación territorial y la planificación del transporte a fin de fomentar estructuras espaciales para los asentamientos que faciliten el acceso a necesidades básicas, como los centros de trabajo, las escuelas, la atención de salud, los lugares de culto, los bienes y servicios y los lugares de esparcimiento, reduciendo así la necesidad de desplazarse;
c) alentar la utilización de una combinación óptima de diversas modalidades de transporte, inclusive el ir a pie, la bicicleta y los medios de transporte privados y públicos, mediante la fijación de tarifas apropiadas, políticas espaciales para los asentamientos y otras medidas reguladoras;
d) promover y aplicar medidas disuasorias para evitar el crecimiento cada vez mayor del tráfico motorizado privado y reducir la congestión, que es perjudicial desde el punto de vista ambiental, económico y social y también para la salud y la seguridad humanas, mediante la fijación de tarifas adecuadas, la regulación del tráfico, los aparcamientos y los métodos de planificación del uso de la tierra y de control del tráfico, y facilitando o fomentando medios alternativos efectivos de transporte, sobre todo en las zonas más congestionadas;
e) facilitar o fomentar un sistema de transporte público y comunicaciones efectivo, barato, físicamente accesible y ecológicamente adecuado, en el que se dé prioridad a los medios de transporte colectivos, con una capacidad de carga adecuada y una frecuencia que permita satisfacer las necesidades básicas y mejorar las principales corrientes de tráfico;
f) fomentar, regular y aplicar tecnologías silenciosas, eficientes y de baja contaminación, por ejemplo, motores de bajo consumo de combustible, sistemas de control de las emisiones y combustibles con bajo nivel de emisiones contaminantes y de repercusiones en la atmósfera, así como otras formas alternativas de energía;
g) fomentar y promover el acceso del público a servicios de información electrónica.
152. Los lugares históricos y los objetos y manifestaciones de valor cultural y científico, simbólico, espiritual y religioso son importantes expresiones de la cultura, la identidad y las creencias religiosas de las distintas sociedades. Se debe realzar su función e importancia, en particular teniendo en cuenta la necesidad de poseer una identidad y continuidad cultural en un mundo en rápida evolución. Edificios, espacios, lugares y parajes impregnados de valores espirituales y religiosos representan elementos importantes de una vida social estable y humana y del orgullo colectivo. La conservación, rehabilitación, reutilización y adaptación, respetando debidamente los valores culturales, del patrimonio urbano, rural y arquitectónico están también en consonancia con la utilización sostenible de los recursos naturales y artificiales. El acceso a la cultura y a la dimensión cultural del desarrollo es de capital importancia y todas las personas deben tenerlo.
b) fomentar el conocimiento de ese patrimonio a fin de hacer comprender su valor, la necesidad de su conservación y la viabilidad financiera de la rehabilitación;
c) alentar y apoyar a las instituciones, asociaciones y comunidades culturales locales, y las dedicadas a la preservación del patrimonio, en sus tareas de conservación y rehabilitación, e inculcar en los niños y los jóvenes un sentimiento adecuado de su patrimonio;
d) fomentar un apoyo legal y financiero suficiente para la protección efectiva del patrimonio cultural;
e) fomentar la enseñanza y la capacitación en artes y oficios tradicionales de todas las disciplinas apropiadas para la conservación y promoción del patrimonio;
f) fomentar un papel activo de las personas de edad como custodios del patrimonio cultural, de los conocimientos y de las artes y oficios.
b) preservar los asentamientos y parajes históricos heredados del pasado, y al mismo tiempo proteger la integridad de la trama histórica urbana y dar orientación sobre las nuevas construcciones en zonas de interés histórico;
c) ofrecer apoyo legal y financiero suficiente para la realización de actividades de conservación y rehabilitación, en particular mediante la capacitación adecuada de recursos humanos especializados;
d) ofrecer incentivos a empresas de urbanización públicas, privadas y sin fines de lucro para realizar esas actividades de conservación y rehabilitación;
e) fomentar la acción comunitaria para la conservación, rehabilitación, renovación y mantenimiento de barrios;
f) apoyar la formación de asociaciones entre los sectores público y privado y la comunidad para rehabilitar barrios y guetos urbanos;
g) velar por que en los proyectos de conservación y rehabilitación se tengan en cuenta las cuestiones ambientales;
h) tomar medidas para reducir la lluvia ácida y otros tipos de contaminación ambiental que dañan las edificaciones y otros objetos de interés cultural e histórico;
i) adoptar políticas de planificación de los asentamientos humanos, especialmente en materia de transporte y demás infraestructuras, que eviten la degradación ambiental de las zonas de interés histórico y cultural;
j) velar por que en los proyectos de conservación y rehabilitación se tengan en cuenta los problemas de acceso de las personas con discapacidad.
155. Las economías urbanas son parte integrante del proceso de transformación y desarrollo económicos. Son condición previa para la creación de una base económica diversificada que genere oportunidades de empleo. Será necesario crear muchos empleos nuevos en las zonas urbanas. Las ciudades generan actualmente más de la mitad de la actividad económica nacional en todo el mundo. Si se hiciera frente en forma efectiva a otros factores, como el crecimiento demográfico de las ciudades y la inmigración urbana, entre otras cosas, mediante la planificación urbana y el control de los efectos negativos de la urbanización, las ciudades podrían desarrollar la capacidad necesaria para mantener su productividad, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y proceder a la ordenación de los recursos naturales en forma ecológicamente sostenible. La industria, junto con el comercio y los servicios, da el impulso principal a este proceso.
156. Las ciudades han servido tradicionalmente de centros económicos y se han convertido en los principales proveedores de servicios. Como motores del crecimiento económico y del desarrollo, funcionan en el marco de una red de actividades económicas de apoyo situadas en las zonas periurbanas y rurales circundantes. Por esta razón, también es necesario tomar medidas concretas para establecer y mantener sistemas de transporte, de información y de comunicación eficientes y económicos, así como enlaces con otros centros urbanos y con las zonas rurales y para tratar de establecer modalidades de desarrollo razonablemente equilibradas, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el económico. Los rápidos cambios en la tecnología de producción y en las pautas de comercio y consumo ocasionarán cambios en las estructuras espaciales urbanas que habrá que tener en cuenta, cualquiera que sea su naturaleza.
157. Es posible potenciar el desarrollo económico y el suministro de servicios si se mejoran las actividades relacionadas con los asentamientos humanos, como la renovación urbana, la instalación, modernización y mantenimiento de infraestructura, la construcción y las obras públicas. Estas actividades constituyen al mismo tiempo importantes factores de crecimiento en la generación de empleo e ingresos y de eficiencia en otros sectores de la economía. A su vez, y en combinación con políticas apropiadas de la protección ambiental, contribuyen a mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades y la eficiencia y productividad de los países.
b) fomentar la formación de nuevas asociaciones entre los sectores público y privado para crear instituciones de propiedad y administración privada pero con funciones y objetivos públicos, y promover la transparencia y responsabilidad en sus operaciones.
b) facilitar el acceso a la enseñanza y capacitación a todos los niveles;
c) fomentar un suministro adecuado y la asignación ecológicamente racional de tierras con servicios suficientes para satisfacer las necesidades del sector empresarial, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de la pequeña y mediana empresa;
d) ofrecer posibilidades de realizar actividades económicas urbanas, facilitando el acceso de empresas nuevas e incipientes y de la pequeña y mediana empresa, incluido el sector no estructurado, a fuentes de crédito y de financiación y simplificando los trámites jurídicos y administrativos;
e) facilitar, según proceda, la horticultura urbana;
f) ayudar a las empresas del sector no estructurado a hacerse más productivas e integrarse paulatinamente en la economía estructurada;
g) considerar la posibilidad de designar ciertas zonas de los centros urbanos para su reordenación y, para ello, proporcionar incentivos fiscales y financieros, tomar disposiciones reguladoras apropiadas y establecer relaciones de colaboración.
b) promover y reforzar, según proceda, programas que integren el crédito, la financiación, la formación profesional y los programas de transferencia de tecnología en apoyo de los sectores de la pequeña empresa, la microempresa y las cooperativas, en particular las creadas y utilizadas por mujeres;
c) promover un trato justo del sector no estructurado, propiciar la utilización de prácticas ecológicamente racionales y fomentar los vínculos entre instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales que apoyen al sector no estructurado, cuando exista;
d) incluir, según proceda, las necesidades del creciente sector no estructurado en los sistemas de planificación, diseño y ordenación, entre otras cosas promoviendo su participación en el proceso de planificación y decisión y reforzando sus vínculos con la economía estructurada;
e) promover la capacitación para la pequeña empresa, la microempresa y las empresas del sector de las cooperativas y apoyarlas en sus esfuerzos por mejorar sus productos, servicios, tecnología y redes de distribución, y por encontrar nuevas oportunidades de mercado.
b) apoyar la reestructuración de industrias locales, cuando proceda, desarrollar la infraestructura y los servicios urbanos, promover un abastecimiento de energía fiable, eficiente y ecológicamente racional y mejorar las redes de telecomunicaciones;
c) examinar y revisar, según proceda, el marco normativo para atraer inversión privada;
d) prevenir el delito y mejorar la seguridad ciudadana a fin de que las zonas urbanas sean más atractivas para la realización de actividades económicas, sociales y culturales;
e) alentar prácticas financieras adecuadas a todos los niveles de la administración pública;
f) promover la adopción de las medidas legislativas que sean necesarias para alcanzar los objetivos mencionados.
b) promover el funcionamiento integrado de los mercados de la vivienda para evitar la segregación del sector de la vivienda de interés social;
c) ejecutar programas sociales básicos apropiados y asignar recursos suficientes, en particular medidas en favor de las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad, otros segmentos vulnerables de la sociedad, las microempresas y otras pequeñas empresas;
d) examinar los efectos del ajuste estructural en el desarrollo social, prestando particular atención a los efectos sobre el hombre y la mujer;
e) formular políticas que fomenten un acceso mejor y más equitativo a ingresos y recursos;
f) apoyar, según proceda, a las empresas públicas y privadas que tratan de adaptarse a los cambios en las necesidades de desarrollo de la tecnología y de los recursos humanos.
163. Las zonas urbanas y las rurales son interdependientes desde el punto de vista económico, social y ambiental. Al final de este siglo una proporción importante de la población mundial seguirá viviendo en asentamientos rurales, particularmente en los países en desarrollo. A fin de asegurar un futuro más sostenible para la Tierra es preciso valorar y prestar asistencia a esos asentamientos. La falta de infraestructura y servicios, la carencia de tecnologías ecológicamente racionales y la contaminación causada por los efectos negativos de la industrialización y la urbanización no sostenibles contribuyen enormemente a la degradación del medio rural. Además, la falta de oportunidades de empleo en las zonas rurales favorece la migración del campo a la ciudad con la consiguiente pérdida de capacidad humana en las comunidades rurales. Las políticas y programas de desarrollo sostenible de las zonas rurales que integran esas regiones en la economía nacional requieren instituciones locales y nacionales sólidas para la planificación y ordenación de los asentamientos humanos que presten particular atención a los vínculos entre el campo y la ciudad y traten a las aldeas y las ciudades como los dos extremos de una serie continua de asentamientos humanos.
164. En muchos países, las poblaciones rurales, incluidas las indígenas, desempeñan una función importante en cuanto a la seguridad alimentaria y el mantenimiento del equilibrio social y ecológico en grandes extensiones del territorio y aportan así una gran contribución a la tarea de proteger la diversidad biológica y los ecosistemas vulnerables y la utilización sostenible de los recursos biológicos.
b) adoptar las medidas oportunas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en los centros urbanos regionales, las ciudades pequeñas y los centros de servicios rurales;
c) promover un sistema agrícola sostenible y diversificado a fin de constituir comunidades rurales vigorosas;
d) proporcionar infraestructura, servicios e incentivos para la inversión en zonas rurales;
e) promover la educación y la capacitación en zonas rurales a fin de facilitar el empleo y la utilización de tecnología apropiada.
b) fomentar, en cooperación con asociaciones de agricultores, grupos de mujeres y otras partes interesadas, la investigación y la divulgación de los resultados obtenidos en lo que respecta a la utilización de tecnologías tradicionales, nuevas y perfeccionadas para, entre otras cosas, la agricultura, la acuicultura, la silvicultura y la agrosilvicultura.
b) aprovechar al máximo los sistemas de información geográfica y los métodos de evaluación ambiental en la preparación de políticas de desarrollo regional que sean racionales desde el punto de vista ecológico;
c) aplicar planes y programas de desarrollo regional y rural basados en las necesidades y en la viabilidad económica;
d) establecer un sistema eficaz y transparente de asignación de recursos a las zonas rurales sobre la base de las necesidades de la población.
b) fijar un orden de prioridades respecto de las inversiones en infraestructura regional sobre la base de las posibilidades de rendimiento económico, la equidad social y la calidad del medio ambiente;
c) alentar al sector privado a establecer y afianzar mercados al por mayor e intermediarios para la comercialización de los productos rurales sobre la base de contratos a fin de instaurar en las zonas rurales un régimen económico que facilite la circulación de dinero en efectivo o la celebración de contratos de futuros o mejorar el régimen existente;
d) promover el acceso equitativo y eficiente a los mercados y, cuando proceda, sistemas de precios y de pago de los productos rurales, especialmente los productos alimentarios consumidos en zonas urbanas;
e) promover los productos procedentes de las zonas rurales en los mercados urbanos y en los centros de servicios rurales mejorando el acceso a la información sobre el mercado y a los centros y redes de distribución;
f) reducir en forma apreciable o eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y otros programas, como los que favorecen el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes químicos, y los sistemas de control o subvención de los precios que perpetúan prácticas y sistemas de producción insostenibles en las economías rurales y agrícolas.
b) facilitar la creación de una infraestructura eficaz de distribución y comunicación para el intercambio de información, mano de obra, bienes, servicios y capital entre las zonas urbanas y las rurales;
c) fomentar una amplia cooperación entre las comunidades locales a fin de buscar soluciones integradas para los problemas relativos al uso de la tierra, el transporte y el medio ambiente en un contexto urbano-rural;
d) aplicar un método participativo para lograr un desarrollo urbano y rural equilibrado y mutuamente complementario, basado en un diálogo permanente entre las partes interesadas en el desarrollo urbano y rural.
170. Son cada vez mayores los efectos de los desastres naturales y los causados por el hombre sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. Con frecuencia los desastres son causados por situaciones de vulnerabilidad creadas por la acción del hombre, como los asentamientos humanos no sujetos a control o mal planificados, la falta de infraestructura básica y la ocupación de zonas expuestas a desastres. Los conflictos armados también tienen consecuencias que afectan a los asentamientos humanos y a todo el país. Por consiguiente, tanto en casos de desastre como de conflicto armado, se requiere una acción especial y procesos de rehabilitación y reconstrucción que pueden requerir la participación internacional a solicitud del gobierno del país afectado. Los efectos de esos desastres y situaciones de emergencia son especialmente graves en los países que carecen de una capacidad suficiente de prevención, preparación, mitigación e intervención para hacer frente a las situaciones de esa índole.
171. Los sistemas más eficaces y eficientes de preparación para casos de desastre y los mejores medios de intervención tras los desastres suelen ser los que prestan los voluntarios y las autoridades locales en los barrios, que pueden funcionar independientemente, a pesar de la reducción, el deterioro o la destrucción de la infraestructura o la capacidad en otros lugares. Se requieren también medidas concretas a los niveles de gobierno apropiados, incluidas las autoridades locales, en asociación con el sector privado y en estrecha coordinación con los grupos comunitarios para desarrollar la preparación para casos de desastre y la capacidad de intervención con una planificación coordinada y una ejecución flexible. La vulnerabilidad a los desastres y la capacidad de intervención cuando éstos se producen guardan relación directa con el grado de acceso descentralizado a la información, las comunicaciones, la adopción de decisiones y el control de los recursos. Las redes nacionales e internacionales de cooperación pueden facilitar un rápido acceso a los especialistas, lo que puede contribuir a fomentar la capacidad de reducción de los desastres, a la alerta temprana en casos de desastres inminentes y a mitigar sus efectos. Las mujeres y los niños son los más afectados en casos de desastre y sus necesidades deben tenerse en cuenta en todas las fases de la gestión de las actividades en casos de desastre. Debe fomentarse la participación activa de la mujer en la planificación y gestión de actividades en casos de desastre.
b) asegurar la participación en la planificación para casos de desastre y la gestión de las actividades en esos casos de todas las partes interesadas, incluidas las mujeres, los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, en reconocimiento de su vulnerabilidad especial a los desastres naturales o causados por el hombre;
c) alentar la movilización continua de los recursos nacionales e internacionales para las actividades de reducción de los desastres;
d) promover y difundir información sobre los métodos y las tecnologías de construcción de edificaciones y obras públicas en general que sean resistentes a los desastres;
e) concebir programas que faciliten, en lo posible, la reinstalación voluntaria y el acceso de toda la población a zonas menos expuestas a los desastres;
f) preparar programas de capacitación sobre métodos de construcción resistentes a los desastres para diseñadores, contratistas y constructores. Algunos programas deberán estar dirigidos en particular a las pequeñas empresas, que se encargan de la construcción de la mayor parte de las viviendas y otras edificaciones pequeñas en los países en desarrollo;
g) adoptar medidas para aumentar, si fuera necesario, la resistencia de las infraestructuras importantes y de las instalaciones y los servicios esenciales para la supervivencia, en particular en las zonas en que los daños pueden ocasionar desastres secundarios o dificultar las operaciones de socorro de emergencia.
174. Con respecto a la mitigación de los efectos de los desastres, los gobiernos a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, en colaboración con todas las partes interesadas, deben, según proceda:
b) promover y apoyar soluciones factibles y económicas y métodos innovadores para hacer frente a los riesgos críticos de las comunidades vulnerables, entre otras cosas, mediante programas de cartografía de las zonas de riesgo y programas comunitarios de reducción de la vulnerabilidad;
c) alentar, promover y apoyar soluciones factibles y económicas, métodos innovadores y normas de construcción apropiadas para hacer frente a los riesgos críticos de las comunidades vulnerables, entre otras mediante programas de cartografía de las zonas de riesgo y programas comunitarios de reducción de la vulnerabilidad;
d) delimitar claramente las funciones y responsabilidades de los diversos sectores y agentes fundamentales en la gestión de las actividades previas a los desastres, la preparación para esos casos y la mitigación de sus efectos como, por ejemplo, la evaluación de riesgos y peligros, la vigilancia, la predicción, la prevención, el socorro, el reasentamiento y la intervención de emergencia, así como los cauces de comunicación entre ellos;
e) alentar a todos los sectores de la sociedad a que participen en la planificación de la preparación para casos de desastre en ámbitos como el almacenamiento de agua y alimentos, el combustible y los primeros auxilios, así como en la prevención de desastres mediante actividades encaminadas a crear una cultura de la seguridad;
f) establecer sistemas de alerta temprana en los planos mundial, regional, nacional y local para advertir a la población de un desastre inminente o reforzar los sistemas ya existentes.
b) adoptar las medidas necesarias, mediante procedimientos de consulta apropiados, a fin de facilitar la aplicación de las políticas establecidas con arreglo a lo dispuesto en el inciso a) supra, para regular la ubicación de nuevos conjuntos habitacionales cercanos a lugares en que se realicen actividades industriales peligrosas que puedan agravar el riesgo de que se produzcan accidentes importantes;
c) definir claramente las funciones y responsabilidades de los diversos sectores fundamentales en materia de prevención de desastres y preparación para casos de desastre, en particular la evaluación, la vigilancia, la predicción, la prevención, el socorro, el reasentamiento y la intervención de emergencia, así como los cauces de comunicación entre ellos;
d) fomentar y alentar una participación de base amplia en las actividades de preparación para casos de desastre proporcionando a la población que viva en las cercanías de un lugar donde se realice una actividad peligrosa información adecuada y periódica sobre los posibles peligros;
e) establecer sistemas de alerta temprana en los planos mundial, regional y local para advertir a la población en caso de grave accidente tecnológico o reforzar los sistemas ya existentes.
b) preparar ejercicios para ensayar la intervención y el socorro en casos de emergencia, fomentar la investigación sobre los aspectos técnicos, económicos y sociales de la reconstrucción después de un desastre y adoptar estrategias y directrices eficaces para la reconstrucción posterior;
c) establecer sistemas de comunicación fiables y mecanismos de adopción de decisiones y de intervención a los niveles nacional, local y comunitario;
d) establecer planes de reserva, sistemas de ordenación y asistencia y disposiciones para la rehabilitación, la reconstrucción y el reasentamiento;
e) reforzar la capacidad científica y técnica de evaluación y observación de los daños, así como técnicas especiales de rehabilitación y reconstrucción;
f) prestar apoyo a todas las partes interesadas en la realización de actividades de socorro, rehabilitación y reconstrucción;
g) identificar y apoyar enfoques adecuados para hacer frente a las apremiantes necesidades de vivienda de las personas que vuelven a su lugar de origen y de las internamente desplazadas, incluida, según proceda, la construcción de viviendas provisionales dotadas de servicios básicos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de hombres y mujeres;
h) indicar enfoques adecuados para reducir al mínimo la interrupción de la asistencia de los niños a la escuela;
i) apoyar la labor de remoción de minas terrestres antipersonal inmediatamente después del cese de un conflicto armado;
j) cerciorarse de que se tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables en todas las actividades de comunicación, rescate, reubicación, rehabilitación y reconstrucción;
k) promover una dimensión cultural en los procesos de rehabilitación después de los desastres;
l) reconocer, apoyar y facilitar la función de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de sus sociedades nacionales miembros, en la prevención de los desastres, la preparación para casos de desastre, la mitigación de sus efectos y la intervención en esos casos, a los niveles local, nacional e internacional;
m) alentar al Comité Internacional de la Cruz Roja a que en tiempo de conflicto armado adopte medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos y las personas desplazadas.
177. El desarrollo económico y social y la protección ambiental son componentes interdependientes del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos que se refuerzan mutuamente. Los asentamientos humanos económicamente pujantes, socialmente vibrantes y ambientalmente racionales, inmersos en un proceso de acelerada urbanización dependerán cada vez más la capacidad de todos los niveles de la administración para atender a las necesidades prioritarias de las comunidades, alentando y orientando el desarrollo local y concertando asociaciones entre los sectores privado, público y comunitario. Esto sólo podrá lograrse mediante una descentralización efectiva de las responsabilidades y una asignación proporcionada de recursos a las instituciones más representativas de los sectores interesados de la población y más cercanas a ellas, a fin de iniciar un proceso de ordenación urbana basado en una visión común, que al mismo tiempo garantice y proteja los derechos humanos. Esta concepción de un proceso de descentralización y de ordenación urbana exigirá un gran esfuerzo a las instituciones participantes, particularmente en los países en desarrollo y en los países con economías en transición. Por lo tanto, el fomento de la capacidad deberá dirigirse a reforzar la descentralización y la participación en el proceso de ordenación urbana.
178. Una estrategia de habilitación, el fomento de la capacidad y el desarrollo institucional deben estar orientados a habilitar a todos los agentes clave, particularmente a las autoridades locales, el sector privado, el sector de cooperativas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias, para que puedan desempeñar una función eficaz en la planificación y gestión de los asentamientos humanos. Es necesario hacer esfuerzos concertados a todos los niveles a fin de desarrollar los recursos humanos y formar líderes, para poder llevar a cabo reformas institucionales, desarrollar la capacidad organizativa y de gestión y realizar una labor constante de formación y rediseño de instrumentos. El mejor modo de lograrlo será mediante asociaciones y redes nacionales e internacionales de autoridades locales y otras instituciones de capacitación nacionales y subnacionales, aunque primero haya que reforzarlas. Los gobiernos de los países en desarrollo y de los países con economías en transición deben dar alta prioridad a la aplicación de una política integrada de fomento de la capacidad. La comunidad internacional debe ayudar a esos países a desarrollar su capacidad, determinar y evaluar las necesidades principales de desarrollo institucional y reforzar su capacidad de gestión.
179. La habilitación y participación contribuyen a la democracia y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles. La formulación de políticas y su aplicación por los gobiernos debe regirse por los principios de responsabilidad, transparencia y amplia participación pública. La responsabilidad y la transparencia son imprescindibles para evitar la corrupción y garantizar que los recursos disponibles se empleen en beneficio de todas las personas. Cada gobierno debe garantizar el derecho de todos los miembros de su sociedad a participar activamente en los asuntos de la comunidad en que viven, y garantizar y alentar la participación en la adopción de políticas, a todos los niveles.
b) examinar y revisar, según proceda, la legislación a fin de aumentar la autonomía local en la toma de decisiones, la aplicación, la movilización y utilización de recursos, especialmente en lo que respecta a los recursos humanos, técnicos y financieros y el desarrollo de empresas locales, en el marco general de las estrategias nacionales, sociales, económicas y ambientales, así como alentar la participación de los habitantes en la adopción de decisiones en lo relativo a sus ciudades, vecindarios o viviendas;
c) desarrollar la educación cívica para poner de relieve la función de las personas en sus respectivas comunidades;
d) prestar apoyo a las autoridades locales mediante la revisión de los sistemas de generación de ingresos fiscales;
e) fortalecer, en caso necesario, la capacidad de las instituciones de educación, investigación y formación para proporcionar formación continua a funcionarios electos, gerentes y profesionales en cuestiones relacionadas con el urbanismo, por ejemplo, planificación, técnicas de gestión de tierras y recursos y finanzas municipales;
f) facilitar el intercambio de tecnología, experiencia y conocimientos prácticos en materia de gestión, vertical y horizontalmente, entre el Gobierno y las autoridades locales en lo que se refiere a suministrar servicios, controlar los gastos, movilizar recursos, fomentar las asociaciones y desarrollar empresas locales, entre otras cosas mediante programas de asociación técnica y de intercambio de experiencias;
g) destacar los logros de las autoridades locales reuniendo datos desglosados por sexo, edad e ingresos y analizando comparativamente y difundiendo información sobre las prácticas innovadoras en cuanto al suministro, funcionamiento y mantenimiento de bienes y servicios públicos, a la atención de las necesidades de sus ciudadanos y al aprovechamiento del potencial fiscal y de otra índole de sus ciudades;
h) alentar la institucionalización de una amplia participación, incluidos mecanismos de consulta, en la adopción de decisiones y los procesos de gestión a nivel local;
i) reforzar la capacidad de las autoridades locales para recabar la participación de los sectores privado y comunitario en la fijación de objetivos y de prioridades locales y normas ecológicamente racionales para el desarrollo de infraestructura y el suministro de servicios y para el desarrollo económico local;
j) fomentar el diálogo entre todos los niveles de la administración y los sectores privado y comunitario y otros representantes de la sociedad civil, a fin de mejorar la planificación y la coordinación;
k) en el marco de la administración, establecer asociaciones entre el sector público y los ciudadanos privados con miras a la innovación urbana, y analizar, evaluar y difundir información sobre las asociaciones que hayan tenido éxito;
l) recoger, analizar y divulgar, según proceda, información comparativa, desglosada por sexo, edad e ingresos, sobre las realizaciones de las autoridades locales en lo tocante a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos;
m) reforzar las medidas tomadas para erradicar la corrupción y garantizar una mayor transparencia, eficiencia y participación comunitaria en la gestión de los recursos locales;
n) facilitar a las autoridades locales y sus asociaciones o redes la adopción de iniciativas en la esfera de la cooperación nacional e internacional, en particular para compartir información sobre las prácticas adecuadas y los enfoques innovadores de la gestión sostenible de los asentamientos humanos;
o) reforzar la capacidad de los gobiernos centrales y de los locales mediante cursos de capacitación en hacienda y gestión urbanas, destinados a funcionarios públicos electos y gestores.
p) desarrollar o reforzar, según proceda, en colaboración con los órganos competentes de las Naciones Unidas, en el marco de sus respectivos mandatos, así como con asociaciones o redes de autoridades locales y otras asociaciones y organizaciones internacionales, redes mundiales de información fácilmente accesibles con objeto de facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos prácticos y conocimientos técnicos.
181. El desarrollo sostenible de los asentamientos humanos requiere el compromiso activo de las organizaciones de la sociedad civil y una amplia participación popular. También requiere una administración pública local con capacidad de respuesta, transparente y responsable. La participación cívica y el gobierno responsable necesitan del fortalecimiento de distintos mecanismos de participación, como el acceso a la justicia y la planificación comunitaria de las intervenciones, que garanticen que el parecer de todas las personas se tenga en cuenta a la hora de determinar los problemas y las prioridades, fijar las metas, ejercer derechos, determinar las normas aplicables a los servicios, movilizar recursos y adoptar políticas y ejecutar programas y proyectos.
d) facilitar prontamente información completa y comprensible, sin excesivo costo financiero para quien la solicite;
e) realizar programas de educación cívica, utilizando todos los medios de comunicación, y campañas de educación e información, a fin de fomentar el espíritu cívico y promover el conocimiento de los derechos y responsabilidades cívicos y de los medios de ejercerlos, así como de las cuestiones del desarrollo económico sostenible y de la mejora de la calidad de vida;
f) establecer sistemas de consulta periódica y amplia para facilitar la participación de la sociedad civil en la adopción de decisiones y reflejar las necesidades diversas de la comunidad;
g) eliminar los obstáculos jurídicos a la participación en la vida pública de grupos socialmente marginados y promover leyes sobre la no discriminación;
h) establecer sistemas de participación en la preparación de programas a fin de que los individuos, las familias, las comunidades, los indígenas y la sociedad civil puedan desempeñar una función activa en la determinación de las necesidades y prioridades locales y la formulación de nuevas políticas, planes y proyectos;
i) fomentar el conocimiento de la naturaleza de las relaciones contractuales y de otra índole con los sectores privado y no gubernamental a fin de adquirir los conocimientos técnicos necesarios para negociar asociaciones eficientes para la ejecución, el desarrollo y la gestión de proyectos que aporten a todo el pueblo los mayores beneficios posibles;
j) fomentar la igualdad y la equidad, incorporar una perspectiva que tenga en cuenta la igualdad entre el hombre y la mujer y la participación plena e igual de la mujer y promover la participación de los grupos vulnerables y de bajos ingresos con medidas institucionales que garanticen la inclusión de sus intereses en los procesos de elaboración de políticas y de adopción de decisiones, y mediante actividades de capacitación y seminarios sobre defensa de intereses, que incluyan el fomento de técnicas de mediación y creación de consenso a fin de facilitar el establecimiento de redes y la formación de alianzas;
k) facilitar el acceso de las personas y los grupos a las instancias judiciales y administrativas a fin de que puedan apelar contra decisiones o acciones social y ambientalmente perjudiciales o corregirlas, incluida la introducción de mecanismos jurídicos que garanticen que todos los órganos estatales, nacionales y locales y otras organizaciones civiles sean responsables de sus actividades, de acuerdo con sus obligaciones sociales, ambientales y de derechos humanos definidas en la legislación nacional;
l) ampliar el derecho procesal de individuos y organizaciones de la sociedad civil para incoar acciones jurídicas en nombre de comunidades o grupos afectados que no tienen los recursos o los conocimientos para incoar ellos mismos estas acciones;
m) promover la representación de intereses intergeneracionales, incluidos los de los niños y las generaciones futuras, en los procesos de adopción de decisiones, fortaleciendo al mismo tiempo la familia;
n) promover todas las posibilidades de los jóvenes como colaboradores esenciales en el logro de una vivienda adecuada para todos y de asentamientos humanos sostenibles mediante distintas formas de educación, capacitación de calidad y transmisión de conocimientos, teniendo en cuenta las capacidades, realidades y experiencias diversas de la juventud;
o) facilitar a las personas que viven en la pobreza y a los grupos de bajos ingresos acceso a estructuras de planificación y servicios jurídicos a través de centros de asistencia y asesoría letrada gratuita;
p) reforzar la capacidad de las autoridades locales y de las organizaciones de la sociedad civil para revisar las políticas sociales, económicas y ambientales que afecten a sus comunidades, y para determinar las prioridades locales y contribuir a fijar normas locales para los servicios en esferas como la educación básica, el cuidado de los niños, la salud pública, la seguridad ciudadana, la sensibilización sobre el problema de las drogas y la ordenación del medio ambiente;
q) promover la aplicación de nuevas tecnologías de información y de los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación locales, para facilitar el diálogo, intercambiar información, experiencias y prácticas pertinentes sobre asentamientos humanos y formar colaboraciones constructivas entre la sociedad civil y las personas encargadas de adoptar decisiones.
183. Las autoridades locales y otras personas que administran los asentamientos humanos necesitan aprovechar los conocimientos o los recursos de distintas personas e instituciones a muchos niveles. La escasez de personal debidamente cualificado y las fallas de los sistemas institucionales y de la capacidad técnica son algunos de los principales obstáculos que dificultan el mejoramiento de los asentamientos humanos en muchos países, especialmente en los países en desarrollo. Las estrategias de fomento de la capacidad y desarrollo institucional deben ser parte integrante de las políticas de desarrollo de los asentamientos humanos en los planos nacional y local. Además, deben utilizarse nuevos conocimientos, habilidades prácticas y tecnologías en todas las esferas de la planificación y la gestión de los asentamientos humanos. En los países en que los cambios se suceden rápidamente creando problemas socioeconómicos y ambientales, los gobiernos y la comunidad internacional deben garantizar el desarrollo y la transferencia eficaces y eficientes de conocimientos en materia de dirección, planificación y administración, métodos prácticos y tecnología.
b) considerar el establecimiento de foros públicos-privados, con el sector comunitario y los sectores empresarial y económico, a fin de intercambiar conocimientos prácticos y experiencia en materia de gestión;
c) promover políticas y programas integrados de capacitación, educación y desarrollo de los recursos humanos, en que se tengan en cuenta los intereses del hombre y la mujer y que cuenten con la participación de las autoridades locales y sus asociaciones y redes, así como de instituciones académicas, de investigación, capacitación y enseñanza, organizaciones de base comunitaria y el sector privado, centrados en:
ii) la formación de instructores a fin de crear un núcleo de personal para el fortalecimiento institucional y el fomento de la capacidad que incluya como componentes integrales la comprensión de los intereses de uno y otro sexo y las necesidades de los niños, los jóvenes y las personas de edad;
iii) el desarrollo de la capacidad local para determinar las necesidades y emprender o encargar a otros investigaciones aplicadas, especialmente en lo que respecta a análisis por edades en los que se tengan en cuenta los intereses del hombre y la mujer, evaluaciones de los efectos sociales y ambientales, crecimiento económico local y creación de puestos de trabajo; y para incorporar los resultados a los sistemas de gestión;
e) alentar, según proceda, en el contexto de la transparencia y la responsabilidad la participación de autoridades del sector privado, incluidas las organizaciones no gubernamentales, en el mejoramiento de la gestión y administración del sector público y en la formación de entidades que sean públicas por su función, privadas por su administración y mixtas por su financiación;
f) considerar la posibilidad de preparar programas de mediación para resolver conflictos, incluidos los conflictos entre participantes que compiten para el acceso a los recursos de los asentamientos humanos y su distribución y utilización y formar a la sociedad civil en su utilización;
g) ser alentados a aumentar sus conocimientos sobre los ciclos ecológicos que afectan a sus ciudades a fin de prevenir los daños ambientales;
h) integrar políticas y normas en las que se tengan en cuenta los intereses del hombre y la mujer en cada una de las categorías anteriores si no se ha indicado ya de modo específico.
185. A pesar de que los administradores de asentamientos humanos se enfrentan con muchos problemas comunes, los encargados de la ordenación y el desarrollo de las zonas metropolitanas y de las megalópolis se enfrentan con problemas únicos que obedecen a la magnitud y la complejidad de sus tareas y funciones. Entre las características de las zonas metropolitanas que requieren conocimientos especiales, cabe mencionar la creciente competitividad mundial; la diversidad étnica y cultural de la población; las grandes concentraciones de pobreza urbana; las extensas redes de infraestructura y los sistemas de transporte y comunicaciones; su función estratégica en las pautas nacionales, regionales e internacionales de producción y consumo, desarrollo económico, comercio y finanzas, y su capacidad para provocar una grave degradación del medio ambiente. Las grandes zonas metropolitanas y las megalópolis también están expuestas a grandes riesgos de pérdidas humanas, materiales y de capacidad de producción en caso de desastres naturales o causados por el hombre. En algunos países la inexistencia de una autoridad que abarque toda la zona metropolitana crea dificultades de ordenación urbana.
b) tener en cuenta los intereses del hombre y de mujer en las estrategias de política, planificación y gestión;
c) aprobar y aplicar directrices de gestión metropolitana en las esferas de la ordenación de los terrenos, el medio ambiente y la infraestructura, así como en las finanzas y en la administración;
d) vigilar y analizar la eficacia y eficiencia de las estructuras y sistemas administrativos metropolitanos, e incorporar los resultados a las políticas públicas a fin de resolver problemas macroeconómicos, sociales y ambientales;
e) crear un marco legislativo y adoptar estructuras organizativas que garanticen un suministro coordinado, eficiente y equitativo de servicios, la movilización de los recursos y el desarrollo sostenible en todas las áreas metropolitanas;
f) reforzar la capacidad y las atribuciones de las autoridades metropolitanas, a fin de que puedan resolver eficientemente problemas de importancia regional y nacional, como las tierras y los derechos de propiedad de las mujeres, la ordenación de las tierras, la gestión de los recursos energéticos e hídricos, la ordenación del medio ambiente, el transporte y las comunicaciones, el comercio y las finanzas, los servicios e infraestructuras sociales adecuados y el acceso a ellos y la integración social;
g) desarrollar y, de ser necesario, crear un núcleo de personal profesional, que incluya mujeres, capacitado en las esferas de la planificación urbana, la gestión ambiental, la ingeniería, el transporte, las comunicaciones y los servicios sociales, el desarrollo de infraestructura primaria y la planificación para emergencias y que tengan conocimientos para trabajar juntos a fin de resolver las cuestiones importantes de planificación de modo integrado;
h) facilitar y fomentar diálogos sobre políticas tanto a nivel nacional como internacional, y el intercambio de experiencias, conocimientos generales y prácticos y tecnología entre las autoridades metropolitanas, en esferas como el transporte y las comunicaciones, la gestión de los recursos hídricos y el tratamiento de las aguas residuales, la eliminación de desechos, la conservación de energía, la gestión del medio ambiente y el bienestar social, en los que se tengan en cuenta a las mujeres y a los grupos marginados;
i) tratar de encontrar soluciones útiles a los problemas urbanos que obedecen a la presencia de poblaciones étnica y culturalmente diversas en vez de depender sólo de las nuevas tecnologías.
187. Los fondos para la financiación de viviendas y el desarrollo de los asentamientos humanos proceden principalmente de fuentes nacionales. Se dispone también de importantes fondos suplementarios de fuentes internacionales, cada vez más de fondos de inversión. Por lo tanto, las posibilidades de ampliar la base financiera dependerán de las mejoras del desarrollo económico, de prácticas financieras racionales y de la capacidad para movilizar recursos nacionales, controlar los gastos y administrar eficientemente los presupuestos.
188. Financiar el desarrollo urbano futuro y sostener la viabilidad económica de las ciudades representa un reto especial, que requerirá sistemas financieros innovadores a nivel nacional y local. Es necesario establecer asociaciones eficaces entre los sectores privado y público que combinen impuestos locales sobre la producción y el consumo con incentivos fiscales para la realización de inversiones por parte de la industria, el comercio y el sector privado. Es preciso concebir nuevos sistemas de financiación municipal a fin de satisfacer las necesidades futuras del desarrollo económico urbano y sufragar los costos de mantenimiento de la infraestructura y los servicios.
189. A fin de fortalecer la base económica y financiera nacional y local con objeto de hacer frente a las necesidades del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, las administraciones a los niveles apropiados, incluidas las autoridades locales, deben tratar de proporcionar un marco favorable que tenga por finalidad:
b) adoptar políticas y sistemas macroeconómicos que fomenten el ahorro interno y faciliten su utilización para el desarrollo de la vivienda, la infraestructura básica y otros aspectos del desarrollo económico y social de los asentamientos humanos;
c) desarrollar fuentes de ingresos nacionales y locales eficientes, equitativas y pujantes, en particular impuestos, tarifas de usuarios, aranceles y cargos por mejoras, a fin de fomentar la capacidad nacional y local para efectuar inversiones de capital en vivienda, infraestructura y servicios básicos; y diseñar, según proceda, instrumentos financieros nuevos para penalizar los daños al medio ambiente, tanto los causados por actividades de producción como de consumo;
d) mejorar la capacidad nacional y local de recaudación de impuestos, y el control de gastos a fin de contener los costos y mejorar los ingresos;
e) tratar de recuperar la totalidad de los costos de los servicios urbanos, excepción hecha de los servicios de seguridad pública, mediante tarifas de usuarios y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de los pobres mediante, entre otras cosas, políticas de fijación de precios y, cuando proceda, subvenciones transparentes;
f) apoyar las actividades locales para crear asociaciones voluntarias entre el sector privado y el comunitario, y la participación en la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de los espacios verdes y la infraestructura básica y de servicios que, entre otras cosas, tengan en cuenta las necesidades de uno y otro sexo, hagan participar plenamente a la mujer y aborden las necesidades de los grupos marginados;
g) facilitar y racionalizar, cuando proceda, el acceso de las autoridades locales a los mercados de capital e instituciones de crédito especializadas nacionales, regionales e internacionales, a través, entre otras medidas, de la creación de sistemas municipales independientes de crédito y calificación crediticia, teniendo en cuenta la capacidad de devolución de los créditos del prestatario, de conformidad con las correspondientes leyes y reglamentos nacionales;
h) facilitar la función de las autoridades locales en la formación de asociaciones con el sector privado voluntario, comunitario y de cooperativas y otras instituciones, para el desarrollo de empresas locales;
i) institucionalizar sistemas presupuestarios, según proceda, y de contabilidad para facilitar la participación de las autoridades locales en programas de inversión a mediano y largo plazo;
j) establecer sistemas y procedimientos transparentes para asegurar la responsabilidad financiera;
k) institucionalizar, cuando proceda, mecanismos de transferencia intergubernamentales transparentes que sean rápidos, predecibles y se basen en los resultados y las necesidades;
l) atraer inversión privada y comunitaria para el desarrollo urbano.
190. Los recientes progresos en la tecnología informática y de las comunicaciones, junto con la liberalización del comercio y el libre flujo de capital a escala mundial, ocasionarán cambios radicales en los papeles y las funciones de las ciudades y en sus procesos de adopción de decisiones y asignación de recursos. Las sociedades que efectúen las inversiones necesarias en tecnología e infraestructura informática y habiliten a sus ciudadanos para que la utilicen eficazmente podrán lograr enormes aumentos de productividad en la industria y el comercio. Esta tecnología informática mejorada debe ser utilizada en forma óptima para preservar y compartir valores morales e impulsar y mejorar la educación, la capacitación y la sensibilización pública sobre cuestiones sociales, económicas y ambientales que afectan a la calidad de vida, y para que todas las partes y las comunidades interesadas puedan intercambiar información sobre las prácticas en materia de hábitat, incluidas las que defienden los derechos de los niños, de las mujeres y de otros grupos desfavorecidos, en el contexto de una creciente urbanización.
b) promover la capacitación de todas las principales instituciones en materia de utilización de la tecnología informática;
c) desarrollar métodos para compartir experiencias de iniciativas locales por medios electrónicos, como la Internet y redes y bibliotecas y para difundir información sobre las mejores prácticas, incluidas aquellas en que se recurre a políticas que tienen en cuenta las necesidades de uno y otro sexo;
d) aplicar programas que fomenten la utilización de bibliotecas y redes de comunicación públicas, sobre todo por parte de los niños, los jóvenes y las instituciones docentes;
e) facilitar el proceso de aprendizaje mediante la divulgación de experiencias, tanto fructíferas como fallidas, relacionadas con los asentamientos humanos, en los sectores gubernamental, público, privado y comunitario;
f) fomentar políticas que permitan al público mayor acceso a servicios y tecnología informáticos, en particular mediante una amplia utilización de los medios de difusión;
g) prestar especial atención a conseguir que las personas con discapacidad tengan acceso a esas nuevas tecnologías;
h) fomentar el desarrollo de una programación de los medios de difusión nacionales y locales en que se reconozca la diversidad racial y cultural de las grandes ciudades y se promueva la comprensión de puntos de vista diferentes;
i) promover la libre corriente y el acceso a información en esferas de la política pública, la adopción de decisiones, la asignación de recursos y el desarrollo social, en particular cuando tengan repercusiones para las mujeres y los niños;
j) asegurar la competencia en el mercado y un amplio acceso público al suministro de la tecnología informática y de comunicaciones mediante una intervención pública en el mantenimiento del acceso a la tecnología de informática y comunicaciones.
b) crear estructuras de selección de las mejores prácticas, con la participación de organizaciones no gubernamentales activas en la esfera del desarrollo urbano;
c) promover la difusión integrada de las prácticas, seleccionadas a nivel local, nacional, regional e internacional.
b) fortalecer los sistemas de información existentes relacionados con los asentamientos humanos adoptando metodologías y disposiciones institucionales eficientes y sostenibles, incorporando sistemáticamente los resultados de las investigaciones y recopilando, analizando y actualizando los datos relativos a los asentamientos humanos y las estadísticas de vivienda e indicadores que respondan a las políticas;
c) difundir ampliamente indicadores de las investigaciones y demás información, mejorar sus resultados en la adopción de políticas a todos los niveles y garantizar una corriente de información en ambos sentidos entre los productores y los usuarios de la información.
194. La meta de garantizar vivienda adecuada para todos y de hacer que los asentamientos humanos y las comunidades sean productivos, salubres, seguros, no discriminatorios, equitativos y sostenibles contribuirá al logro de la paz, el desarrollo, la estabilidad, la justicia y la solidaridad humana en todo el mundo. La cooperación internacional adquiere más significación e importancia a la luz de las recientes tendencias hacia la mundialización y la interdependencia que se observan en la economía mundial. Apremia redefinir y reactivar los procesos y la estructura de cooperación y formular modalidades nuevas e innovadoras de cooperación, a fin de que la humanidad pueda hacer frente a los desafíos que plantea el desarrollo de los sectores rurales y urbanos. Son necesarias, pues, la voluntad política de todos los Estados y medidas concretas a nivel internacional a fin de establecer, inspirar y promover nuevas modalidades de cooperación, asociación, coordinación a todos los niveles e inversión de todas las fuentes, incluido el sector privado, con objeto de contribuir eficazmente a la creación y el mejoramiento de condiciones de vivienda en los asentamientos humanos, especialmente en los países en desarrollo, teniendo en cuenta la diversidad de las necesidades y oportunidades de los asentamientos humanos de los distintos países.
195. La formulación y aplicación de estrategias de desarrollo de los asentamientos humanos son responsabilidad primordial de cada país a nivel nacional y local, en el marco del ordenamiento jurídico de cada país, y deben reflejar la diversidad económica, social y ecológica de la situación de cada país. Sin embargo, la disminución general de la asistencia oficial para el desarrollo, es motivo de profunda preocupación. En algunos países, esa tendencia ha ido acompañada también de aumentos considerables de las corrientes internacionales de capital y de una creciente participación del sector privado en el desarrollo y la gestión de la infraestructura y los servicios. La tendencia a la transición de la asistencia al comercio revela claramente la necesidad de que el sector privado intervenga en la configuración de la cooperación internacional. La comunidad internacional, incluidos los organismos multilaterales y bilaterales de asistencia, las instituciones financieras internacionales y el sector privado, deben desempeñar una importante función en la aportación de recursos adicionales para reforzar los esfuerzos nacionales por crear un entorno que propicie el logro de los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
196. La mundialización de la economía mundial presenta oportunidades y retos para el proceso de desarrollo, así como riesgos e incertidumbres. En este contexto, la cooperación internacional adquiere más significación e importancia a raíz de las recientes tendencias hacia la mundialización que se observan en la economía mundial, por un lado, y del persistente deterioro de la difícil situación de los países en desarrollo, por el otro. Los problemas que tienen su origen en la pobreza, la urbanización, la falta de vivienda adecuada, incluida la vivienda social, el rápido crecimiento demográfico, la migración de las zonas rurales a las urbanas, el estancamiento económico y la inestabilidad social son particularmente agudos.
197. Es necesario buscar enfoques y marcos innovadores para la cooperación internacional en el desarrollo y la gestión de los asentamientos humanos, que incluyan la participación activa de todos los niveles de gobierno, de los sectores privado y cooperativista, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones comunitarias en la adopción de decisiones, la formulación de políticas y la asignación de recursos. Estos enfoques y marcos deben incorporar asimismo modalidades nuevas y mejores de cooperación y coordinación entre los países, los organismos multilaterales y bilaterales de asistencia, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones internacionales y diversos órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las transferencias de mejores prácticas Sur-Sur, Norte-Sur y Sur-Norte, y el perfeccionamiento continuo de instrumentos y medios en materia de políticas, planificación y gestión, como la utilización de indicadores urbanos y de vivienda, el desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de la capacidad institucional.
198. Estos enfoques innovadores no sólo deben promover la cooperación internacional sino incorporar modalidades nuevas de cooperación y asociación entre las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las autoridades locales. Esto implica reconocer formas complementarias de cooperación descentralizada y relaciones entre las autoridades locales, su participación en la cooperación en el contexto del ordenamiento jurídico de cada país, así como su contribución al proceso de formulación de las políticas de asentamientos humanos. Los gobiernos, así como los organismos bilaterales y multilaterales de asistencia, deben comprometerse a fomentar la cooperación entre las autoridades locales y a fortalecer redes y asociaciones de autoridades locales.
199. Los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación del medio ambiente, junto con la falta de paz y seguridad, las violaciones de los derechos humanos y la disparidad en el desarrollo de instituciones judiciales y democráticas, son todos ellos factores que influyen en migración internacional. Una migración internacional ordenada puede tener repercusiones positivas tanto para las comunidades de origen como para las de destino, al constituir para las primeras una fuente de remesas y proporcionar a las segundas los recursos humanos necesarios. La migración internacional también puede contribuir a facilitar la transferencia de conocimientos especializados y contribuir al enriquecimiento cultural. Sin embargo, la migración internacional implica la pérdida de recursos humanos para muchos países de origen y puede suscitar tiranteces políticas, económicas y sociales en los países de destino. Estos factores tienen profundas repercusiones sobre la distribución espacial de las poblaciones de las ciudades.
200. La economía mundial influye cada vez más en el suministro de vivienda adecuada para todos y en el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. El proceso de urbanización está vinculado al desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan entre sí. En este contexto, es imperativo que todos los países, especialmente los países en desarrollo, puedan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus asentamientos humanos. Para ello se requieren un contexto internacional propicio y enfoques integrados en los planos nacional e internacional que tengan en cuenta la aplicación por los países de programas de reforma o transición económica. Además, las transformaciones tecnológicas están obrando cambios importantes en la estructura del empleo. Se debe reconocer que, desde el punto de vista social y económico, la vivienda es un sector productivo. El logro de las metas de una vivienda adecuada para todos y del desarrollo de asentamientos humanos sostenibles a nivel mundial se verá facilitado, en particular, por la adopción de medidas positivas para abordar las cuestiones de la financiación, la deuda externa, el comercio internacional y la transferencia de tecnología.
201. La comunidad internacional debe apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos por hacer frente a los efectos de estos cambios sobre los asentamientos humanos, en un marco de estrategias propiciadoras. La comunidad internacional debe promover:
b) la coordinación de las políticas macroeconómicas a todos los niveles, a fin de lograr un sistema financiero internacional que favorezca el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente como componentes del desarrollo sostenible;
c) un sistema financiero internacional más favorable al desarrollo estable y sostenible de los asentamientos humanos, entre otras cosas, por el aumento de la estabilidad de los mercados internacionales, la mitigación del riesgo de crisis financieras y la reducción de los tipos de interés reales;
d) un entorno en todos los países que sea propicio a la inversión extranjera directa e incentive el ahorro y la inversión nacional;
e) el desarrollo de empresas e inversiones productivas y la ampliación del acceso a mercados abiertos y dinámicos, en el contexto de un sistema multilateral de comercio internacional sujeto a normas y disciplinas y que sea abierto, equitativo, seguro, no discriminatorio, previsible y transparente y el acceso a tecnologías y conocimientos técnicos adecuados para todos, especialmente para quienes viven en la pobreza y los desfavorecidos, así como para los países menos adelantados;
f) el fomento de la capacidad en todos los países en desarrollo, en particular en los países africanos y los países menos adelantados, y en los países con economías en transición;
g) el fortalecimiento y perfeccionamiento de la asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para fomentar el desarrollo sostenible y facilitar su participación plena y eficaz en la economía mundial.
b) movilizar recursos financieros nacionales e internacionales de todas las fuentes para el suministro de viviendas y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
c) ampliar el acceso de todos los niveles de gobierno y del sector privado en los países en desarrollo y en los países con economías en transición a los recursos financieros internacionales, de modo que puedan atraer inversiones en vivienda e infraestructura para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
d) en consonancia con la legislación nacional, tratar de aumentar la capacidad de las autoridades locales, el sector privado y las organizaciones pertinentes para que puedan establecer vínculos con los mercados mundiales de capital y tener acceso a los mercados financieros, de conformidad con las salvaguardias de disciplina y control en esos mercados, así como con las políticas monetarias nacionales, a fin de obtener recursos para financiar los programas de vivienda e infraestructura y mecanismos e instrumentos para facilitar la participación en el riesgo y el mejoramiento del crédito;
e) fomentar la adopción de políticas encaminadas a la creación y desarrollo de un sector privado y promover estrategias que permitan realizar inversiones públicas y privadas considerables y bien orientadas en la construcción y el desarrollo de viviendas, infraestructura, servicios de sanidad, educación y otros servicios básicos, en particular mediante la prestación de asistencia técnica y financiera apropiada; además, alentar a los gobiernos a promover estrategias que garanticen que el sector privado, incluidas las empresas transnacionales, observe las leyes y códigos nacionales, los reglamentos de seguridad social, los acuerdos, instrumentos y convenciones internacionales aplicables, incluidos los relativos al medio ambiente, así como otras leyes pertinentes, y a adoptar políticas y establecer mecanismos con objeto de adjudicar los contratos sin hacer discriminaciones; a contratar mujeres para puestos de dirección, adopción de decisiones y gestión en las mismas condiciones que los hombres y organizar programas de formación a los que hombres y mujeres tengan igual acceso; y a respetar las leyes en materia de trabajo, medio ambiente, derechos de los consumidores, sanidad y seguridad, en particular las que afectan a las mujeres y a los niños;
f) alentar la cooperación internacional para remediar los efectos importantes de la migración internacional, en particular por medio de asistencia técnica, conocimientos especializados de gestión e intercambio de información;
g) en consulta con los gobiernos, seguir ayudando a las personas desplazadas, incluidos los refugiados, a otras personas que necesitan protección internacional y a las personas internamente desplazadas, a fin de atender a sus necesidades, teniendo presentes las recomendaciones dimanantes de reuniones regionales sobre la migración internacional, las personas internamente desplazadas y los repatriados, y contribuir a encontrar para todos ellos una solución justa y duradera, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y el derecho internacional, considerando, teniendo debidamente en cuenta el principio de la repatriación voluntaria, que los asentamientos humanos sostenibles para ellos deben establecerse preferentemente en sus países de origen;
h) facilitar el acceso a los recursos financieros internacionales a fin de que todos los países en desarrollo, en particular los de Africa y los menos adelantados, puedan aprovechar los mercados financieros internacionales en expansión para promover las inversiones en vivienda, incluidas las viviendas sociales, y en infraestructura de los asentamientos humanos sostenibles;
i) facilitar a los países con economías en transición el acceso a los mercados financieros internacionales en expansión a fin de que puedan promover la inversión y respaldar la aplicación de las reformas de vivienda en el marco de la consecución de los objetivos de una vivienda adecuada para todos y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en esos países.
203. La demanda de vivienda y de servicios de infraestructura en los asentamientos humanos está en constante crecimiento. Debido al rápido aumento del costo de la vivienda, de los servicios y de la infraestructura física, las comunidades y los países, en especial los países en desarrollo, tienen dificultades para movilizar recursos financieros adecuados. Es necesario contar con recursos financieros nuevos y adicionales de fuentes diversas para lograr los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización. Hay que potenciar los recursos de que disponen los países en desarrollo -públicos, privados, multilaterales, bilaterales, internos y externos- mediante mecanismos flexibles e instrumentos económicos apropiados en apoyo del suministro de viviendas adecuadas y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
204. La aplicación cabal y efectiva del Programa de Hábitat, especialmente en todos los países en desarrollo, en particular los países africanos y los menos adelantados, requerirá la movilización de recursos financieros de diversas fuentes en los planos nacional e internacional y una cooperación más efectiva a fin de promover la asistencia para las actividades en materia de vivienda y asentamientos humanos. Para ello, entre otras cosas, habrá que:
b) esforzarse por lograr el objetivo convenido de que los países desarrollados destinen el 0,7% de su producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo tan pronto como sea posible, y aumentar, cuando corresponda, el porcentaje de financiación destinado a programas de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, proporcionalmente al alcance y la escala de las actividades requeridas para lograr los objetivos y metas del Programa de Hábitat;
c) esforzarse por cumplir cuanto antes, de conformidad con los compromisos contraídos en los acuerdos internacionales, como por ejemplo y, en particular, la Declaración y Programa de Acción de París en favor de los países menos adelantados en el decenio de 1990 (párr. 23), el objetivo del 0,15% del producto nacional bruto de los países desarrollados para la asistencia a los países menos adelantados, y por aumentar, cuando corresponda, el porcentaje de financiación destinado a programas de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, proporcionalmente al alcance y la escala de las actividades requeridas para lograr los objetivos y metas del Programa de Hábitat;
d) procurar que los programas de ajuste estructural sean compatibles con las condiciones económicas y sociales, las preocupaciones, los objetivos y las necesidades de cada país, incluido el suministro de viviendas adecuadas para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, proteger de los recortes presupuestarios los programas y gastos sociales básicos, en particular los que benefician a las personas que viven en la pobreza, las mujeres y los grupos vulnerables, y procurar que en los correspondientes programas de inversión se tengan en cuenta las prioridades del desarrollo de los asentamientos humanos, incluidas las prioridades urbanas y rurales;
e) instar a las instituciones financieras internacionales a que examinen enfoques innovadores para ayudar a los países de bajos ingresos con un elevado porcentaje de deuda multilateral, con objeto de mitigar la carga de esa deuda;
f) invitar a las instituciones multilaterales de desarrollo y a los donantes bilaterales a que presten apoyo a los países, en particular a los países en desarrollo, en sus esfuerzos por aplicar estrategias que permitan a los gobiernos, las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades, el sector privado y el sector cooperativista formar asociaciones para participar en el suministro de viviendas adecuadas y en el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
g) estudiar medios de fortalecer, apoyar y ampliar la cooperación Sur-Sur, en particular mediante la cooperación triangular, y la asociación entre países en desarrollo y países desarrollados;
h) fortalecer la solidaridad de la comunidad internacional y sus organizaciones para suministrar vivienda adecuada a todos y promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos para las poblaciones sometidas a ocupación extranjera;
i) fomentar, de forma compatible con el ordenamiento jurídico de cada país, los programas de descentralización de la ayuda al desarrollo elaborados por las autoridades locales y sus asociaciones, en virtud de los cuales los recursos financieros se transfieren directamente de una autoridad local donante a su homóloga del país en desarrollo;
j) aumentar la eficacia de la asistencia oficial para el desarrollo y de otras corrientes financieras externas mediante una mejor coordinación entre los donantes, y también entre los donantes y las actividades operacionales de las Naciones Unidas, y promoviendo una mayor integración de estas corrientes en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
k) apoyar los programas que promuevan la utilización eficaz y transparente de los recursos públicos y privados, reduzcan el desperdicio de recursos y los gastos sin destinatarios específicos y amplíen el acceso a la vivienda y a los servicios de todas las personas, en particular de las que viven en la pobreza;
l) reconocer el efecto negativo de los gastos militares excesivos, del comercio de armamentos, especialmente de las armas excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y de las inversiones excesivas en la producción y adquisición de armamentos, aun aceptando la legitimidad de las necesidades de la defensa nacional;
m) dar preferencia, dentro de lo posible, a la utilización de expertos nacionales competentes de los países en desarrollo o, cuando sea necesario, de expertos competentes de la subregión o región o de otros países en desarrollo en la formulación, preparación y ejecución de proyectos y programas, y a la creación de capacidad local cuando ésta no exista;
n) elevar al máximo la eficiencia de los proyectos y programas reduciendo al mínimo sus gastos generales;
o) integrar medidas prácticas para reducir la vulnerabilidad a los desastres, en los programas y proyectos de desarrollo, en particular de construcción de edificios, infraestructura y redes de comunicaciones accesibles a las personas con discapacidad, incluidos los que se financien con recursos de la comunidad internacional, y asegurarse de que esas medidas formen parte integrante de los estudios de viabilidad y de determinación de proyectos;
p) idear y desarrollar medidas apropiadas para aplicar políticas económicas que promuevan y movilicen el ahorro interno y permitan atraer recursos externos para inversiones productivas, y buscar fuentes innovadoras de financiación, tanto públicas como privadas, con destino a los programas de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, y velar al propio tiempo por una utilización eficaz de esos recursos;
q) fortalecer la asistencia técnica y financiera para los programas de desarrollo comunitario y de autoayuda y reforzar la cooperación entre los gobiernos a todos los niveles, las organizaciones comunitarias, las cooperativas, las entidades bancarias institucionales y no institucionales, las empresas privadas y las instituciones internacionales, con miras a movilizar el ahorro interno, fomentar el establecimiento de redes financieras locales, promover la inversión y reinversión de las empresas en actividades que tengan en cuenta los factores sociales de las comunidades y acrecentar la corriente de información sobre crédito y mercados de que disponen las personas de bajos ingresos, las mujeres y los grupos vulnerables y desfavorecidos respecto de la vivienda y el desarrollo de los asentamientos humanos;
r) facilitar el acceso a la financiación mundial de los gobiernos y autoridades locales que inicien o estén ejecutando programas de asociación entre el sector público y el sector privado;
s) establecer y promover vinculaciones entre los mecanismos de crédito no institucionales y las fuentes mundiales de recursos y ampliar el acceso de la mayoría de la población a la financiación de la vivienda, mediante procesos basados en la participación de las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas de crédito, las instituciones financieras mundiales y otros agentes importantes;
t) encauzar las corrientes internacionales de financiación pública y privada hacia el suministro de viviendas y el desarrollo de los asentamientos mediante instrumentos económicos apropiados;
u) examinar los medios de facilitar la inversión extranjera del sector privado en proyectos de asentamientos humanos sostenibles, incluidas las empresas mixtas o las asociaciones entre el sector público y el privado, en particular en las esferas de la infraestructura y el transporte;
v) establecer mecanismos eficaces y equitativos de fijación de precios para viviendas adecuadas y asentamientos humanos sostenibles, infraestructura y servicios, y ayudar con este fin a los países, en particular a los países en desarrollo, de modo que se generen corrientes más amplias de recursos privados, nacionales y mundiales, y proporcionar también subvenciones transparentes y con fines específicos a las personas que viven en la pobreza;
w) estudiar medidas apropiadas para la conversión de deuda en capital social en favor del desarrollo de la vivienda y la infraestructura en los asentamientos humanos;
x) crear fuentes innovadoras de financiación, tanto públicas como privadas, para el desarrollo de los asentamientos humanos y establecer un entorno propicio para que la sociedad civil pueda movilizar recursos, incluidas las contribuciones de los beneficiarios y las aportaciones voluntarias de los particulares;
y) promover la asistencia a las actividades de desarrollo de la vivienda y los asentamientos humanos en favor de las personas que viven en la pobreza, en particular de las mujeres, y los grupos vulnerables, como los refugiados, las personas internamente desplazadas, las personas con discapacidad, los niños de la calle, los migrantes y las personas sin hogar, mediante subvenciones destinadas específicamente a esos beneficiarios;
z) reconocer la necesidad de vivienda adecuada para todos y del desarrollo de los asentamientos humanos para resolver los problemas especiales de algunos países que sufren los efectos de desastres naturales y causados por el hombre y necesitan urgentemente reconstruir sus economías y asentamientos humanos;
aa) dar gran prioridad a la difícil situación y las necesidades de los países africanos y los países menos adelantados en la aplicación de los objetivos de suministro de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
bb) aplicar los compromisos de la comunidad internacional a las necesidades y los factores de vulnerabilidad de los asentamientos humanos en los pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular proporcionando medios efectivos, como recursos suficientes, previsibles, nuevos y adicionales, para los programas de asentamientos humanos, de conformidad con la Declaración de Barbados y sobre la base de las disposiciones pertinentes del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo;
cc) dar apoyo y asistencia internacionales a los países en desarrollo sin litoral y apoyar a esos países y a los países en desarrollo vecinos de tránsito en sus esfuerzos por hacer realidad los resultados de Hábitat II, teniendo en cuenta, según proceda, los desafíos y problemas propios de esos países;
dd) acordar un compromiso mutuo entre los países desarrollados y en desarrollo interesados para destinar, en promedio, el 20% de la asistencia oficial para el desarrollo y el 20% de los presupuestos nacionales a los programas sociales básicos.
205. La utilización y transferencia de tecnologías ecológicamente racionales que tienen profundos efectos en las modalidades de producción y consumo son indispensables para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Las tecnologías avanzadas y apropiadas y los sistemas de conocimientos en que se basa su aplicación brindan nuevas oportunidades para emplear de manera más eficiente los recursos humanos financieros y materiales, instituir prácticas industriales más sostenibles y crear nuevas fuentes de empleo. Las organizaciones internacionales deben desempeñar una función importante en la divulgación y promoción del acceso a información sobre las tecnologías que puedan transferirse. Queda entendido que en la transferencia de tecnología se tendrá en cuenta la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual.
206. La comunidad internacional debe promover y facilitar la transferencia de tecnología y de conocimientos especializados para apoyar la ejecución de los planes de acción nacionales en favor de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, entre otras cosas:
b) velando por que el proceso de transferencia de tecnología evite la transferencia de tecnologías perjudiciales para el medio ambiente y por que la transferencia de tecnologías favorables al medio ambiente y de los correspondientes conocimientos tecnológicos, en particular a los países en desarrollo, se haga en condiciones favorables, de forma convenida mutuamente, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual;
c) facilitando, desarrollando o intensificando la cooperación técnica con todas las regiones y entre todas las regiones, incluida la cooperación Sur-Sur, a fin de intercambiar experiencias, en particular respecto de las mejores prácticas, propiciar el desarrollo de la capacidad técnica y tecnológica y aumentar la eficiencia de las políticas y la gestión en materia de vivienda y asentamientos humanos, con el respaldo coordinado y complementario de mecanismos multilaterales y bilaterales;
d) alentando y apoyando el uso de tecnologías de construcción apropiadas y la producción de materiales de construcción locales, así como apoyando el establecimiento de redes subregionales, regionales e internacionales de instituciones dedicadas a la investigación, la producción, la divulgación y la comercialización de materiales de construcción de producción local;
e) haciendo especial hincapié en la financiación y el fomento de las investigaciones aplicadas, así como en su divulgación, y de la innovación en todos los aspectos que puedan contribuir a aumentar la capacidad de los países en desarrollo, particularmente de los países de Africa y de los países menos adelantados, para proporcionar vivienda, servicios urbanos, infraestructura y lugares de esparcimiento a sus comunidades;
f) promoviendo la identificación y divulgación de tecnologías nuevas y prometedoras relacionadas con los asentamientos humanos que generen empleo, especialmente las que puedan reducir el costo de la infraestructura, hacer más asequibles los servicios básicos y reducir al mínimo los efectos ecológicos perjudiciales, y determinando también las funciones concretas que podrían desempeñar las organizaciones existentes de las Naciones Unidas a fin de promover estos objetivos.
207. Para poder hacer frente a los retos que plantea un mundo en acelerado proceso de urbanización es necesario garantizar que las redes internacionales y regionales faciliten más eficazmente el intercambio y la transferencia de conocimientos y experiencias sobre los marcos institucionales, jurídicos y reglamentarios y divulgar las mejores prácticas en lo que respecta a los asentamientos humanos sostenibles en las zonas urbanas y rurales, incluidas, entre otras, las que se reflejan en los resultados de la Conferencia Internacional sobre Mejores Prácticas para la mejora del entorno de vida, celebrada en Dubai en noviembre de 1995. El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), con arreglo a su mandato, debe actuar de catalizador de la movilización de cooperación técnica. Se podrían explorar las posibilidades de mejorar la divulgación y el intercambio de ideas sobre cooperación técnica en los planos nacional e internacional.
208. En particular, la comunidad internacional debe:
b) mediante redes mundiales de información sobre asentamientos humanos, ayudar a las administraciones públicas a todos los niveles, a los principales grupos de agentes y a los organismos internacionales de desarrollo a evaluar la información, desglosada por sexo, sobre las consecuencias sociales y ambientales de las políticas, las estrategias, los programas y los proyectos de desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y de suministro de vivienda;
c) con miras a apoyar y facilitar los esfuerzos nacionales y locales en la esfera de la gestión de los asentamientos humanos, elaborar y reforzar programas de fomento de la capacidad y fomentar el intercambio de experiencias y políticas en materia de urbanización y desarrollo regional integrado, en el marco de las estrategias de desarrollo nacionales;
d) fomentar la capacidad de las autoridades nacionales y locales para determinar y analizar los problemas críticos en materia de asentamientos humanos, elaborar y aplicar eficazmente políticas y programas encaminados a resolverlos y gestionar de manera eficiente el proceso de desarrollo de los asentamientos humanos a nivel local, en particular por conducto del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), con arreglo a su mandato;
e) seguir apoyando los programas de cooperación técnica encaminados a prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales y de los desastres causados por el hombre, así como las actividades de reconstrucción en los países afectados;
f) facilitar el suministro de asistencia técnica, jurídica e institucional a los gobiernos a todos los niveles pertinentes, cuando lo soliciten, en estrecha cooperación con las actividades de fomento de la capacidad que lleven a cabo las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular por intermedio del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), conforme a su mandato y dentro de los límites de los recursos existentes.
209. La tarea de lograr los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, frente a la creciente interacción económica mundial, requiere la cooperación internacional de las instituciones públicas y privadas que realizan actividades de desarrollo de los asentamientos humanos, de modo que se puedan mancomunar recursos, información y capacidad para resolver de manera más eficaz los problemas de los asentamientos humanos.
210. El Programa de Hábitat incorpora nuevos elementos al temario de medidas nacionales y cooperación internacional y promueve una percepción común de las prioridades en materia de asentamientos humanos. El Programa de Hábitat debe aplicarse en un marco coordinado que asegure que se dé amplio seguimiento a todas las conferencias de las Naciones Unidas y que los programas de acción convenidos sean cabalmente aplicados, supervisados y examinados, junto con los resultados de otras conferencias recientes de las Naciones Unidas que guardan relación con los asentamientos humanos.
211. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods, los bancos y fondos de desarrollo regionales y subregionales y los organismos bilaterales de asistencia, cuando corresponda y de conformidad con el marco jurídico de cada país, deben:
b) establecer o fortalecer los vínculos con las asociaciones internacionales de autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria y con todas las demás partes interesadas, a fin de hacer realidad las metas de la Conferencia;
c) realizar actividades encaminadas a fortalecer la capacidad de las autoridades locales;
d) intensificar su cooperación con las asociaciones y redes de autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de voluntarios, las asociaciones comunitarias y los sectores privado y cooperativista en materia de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
e) apoyar las asociaciones entre el sector público y el privado en el suministro de viviendas y servicios y otras actividades de desarrollo para que haya vivienda adecuada y asentamientos humanos sostenibles;
f) alentar las asociaciones de los sectores público y privado en lo que se refiere a inversiones comunitarias social y ambientalmente responsables y a la reinversión en programas de vivienda y asentamientos humanos sostenibles, y hacer públicos y accesibles los datos y las mejores prácticas desarrolladas de este modo;
g) alentar la participación de todas las partes interesadas en el plano local para formular las medidas, los programas y las acciones locales necesarios para aplicar y supervisar el Programa de Hábitat y los planes de acción nacionales, por medio, entre otros mecanismos, de los procesos del "Programa 21 Local", conforme a lo dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
212. El efecto a largo plazo de los compromisos asumidos por los gobiernos y la comunidad internacional, junto con las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales en Hábitat II dependerá de la aplicación de las medidas acordadas a nivel local, nacional, regional e internacional. Será preciso desarrollar o reforzar, según corresponda, planes nacionales de acción u otros programas y medidas nacionales pertinentes para alcanzar los objetivos de la vivienda adecuada para todos y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y su aplicación habrá de ser supervisada y evaluada por los gobiernos en estrecha cooperación con sus asociados en el desarrollo sostenible a nivel nacional. Análogamente, será preciso evaluar los progresos realizados en la aplicación del Programa de Hábitat con miras a alentar y capacitar a todas las partes interesadas con el fin de mejorar su actuación y reforzar la cooperación internacional.
213. Incumbe a los gobiernos la responsabilidad primordial de aplicar el Programa de Hábitat. Como entidades encargadas de facilitar la aplicación, los gobiernos deben crear y reforzar en cada país asociaciones eficaces con las mujeres, los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad, los grupos vulnerables y desfavorecidos y los indígenas y con las comunidades, las autoridades locales, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Deben establecerse o mejorarse, según corresponda, mecanismos nacionales para coordinar las medidas a todos los niveles pertinentes de la administración que tengan efectos en los asentamientos humanos y para evaluar esos efectos antes de adoptar las medidas. Debe apoyarse a las autoridades locales en sus esfuerzos por aplicar el Programa de Hábitat si es necesario adoptar medidas en el plano local. Deben desarrollarse y utilizarse todos los mecanismos adecuados de participación, en particular las iniciativas del Programa 21 Local. Los gobiernos tal vez deseen coordinar la ejecución de sus planes nacionales de acción mejorando la cooperación y la asociación con las organizaciones subregionales, regionales e internacionales, entre otras, el sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods, que tienen una función muy importante que desempeñar en diversos países.
214. En el marco de la cooperación y la asociación a nivel internacional, en la aplicación eficaz de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) debe tenerse en cuenta la integración de los objetivos de una vivienda adecuada y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos con otras consideraciones más amplias de carácter ecológico, social y económico. Los principales agentes intergubernamentales a nivel mundial de la aplicación y el seguimiento del Programa de Hábitat continuarán siendo todos los Estados, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, y, en particular, la Comisión de Asentamientos Humanos, de conformidad con su mandato y su función, contenidos en la resolución 32/162 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1977, y en todas las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea. También tienen una importante función que desempeñar en la aplicación del Programa de Hábitat otros órganos y organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas. El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) y todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben tener en cuenta el Programa de Hábitat con miras a aplicarlo en sus respectivas esferas de competencia.
215. Todos los Estados deben realizar esfuerzos concertados por lograr la aplicación del Programa de Hábitat mediante la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional, así como a través del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods. Los Estados también pueden organizar reuniones bilaterales, subregionales y regionales y tomar otras iniciativas apropiadas para contribuir al examen y la evaluación de los progresos realizados en la aplicación del Programa de Hábitat.
216. Con respecto al examen de la cuestión de una vivienda adecuada para todos y del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos a nivel intergubernamental, debe prestarse especial atención a la función de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social.
217. La Asamblea General, como órgano intergubernamental supremo, es el principal órgano de adopción y evaluación de políticas en las cuestiones relativas al seguimiento de Hábitat II. En su quincuagésimo primer período de sesiones, la Asamblea debería incluir en su programa el seguimiento de la Conferencia incluyendo en él un tema titulado "Aplicación de los resultados de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)". En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que se celebrará en 1997 con el fin de realizar una revisión y evaluación general del Programa 21, debería prestarse la debida atención a la cuestión de los asentamientos humanos en el contexto del desarrollo sostenible. En su quincuagésimo segundo período de sesiones, la Asamblea debería examinar la eficacia de las medidas tomadas para aplicar los resultados de la Conferencia.
218. La Asamblea General debería considerar la posibilidad de celebrar un período extraordinario de sesiones en el año 2001 con el fin de realizar una revisión y evaluación general de la aplicación de los resultados de Hábitat II, y debería también examinar otras medidas e iniciativas al respecto.
219. El Consejo Económico y Social, de conformidad con el papel que le corresponde en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, supervisaría la coordinación general de la aplicación del Programa de Hábitat en todo el sistema y formularía recomendaciones al respecto. Debería invitarse al Consejo Económico y Social a que en su período de sesiones sustantivo de 1997 revisara el seguimiento del Programa de Hábitat.
220. El Consejo Económico y Social podría convocar sesiones de representantes de alto nivel para fomentar el diálogo internacional sobre cuestiones de importancia crítica relativas a la vivienda adecuada para todos y al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, así como sobre políticas para abordar esos temas mediante la cooperación internacional. A este respecto, podría considerar la conveniencia de dedicar una serie de sesiones de alto nivel antes del año 2001 a los asentamientos humanos y a la aplicación del Programa de Hábitat, con la participación activa, entre otros, de los organismos especializados, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
221. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social, cuando procediera, deberían promover la cooperación subregional y regional en la aplicación del Programa de Hábitat. A este respecto, las comisiones regionales, en el marco de sus mandatos y en cooperación con las organizaciones intergubernamentales y los bancos regionales, deberían considerar la posibilidad de convocar reuniones de alto nivel para examinar los progresos realizados en la aplicación de los resultados de Hábitat II, intercambiar opiniones sobre sus experiencias respectivas, especialmente en lo que respecta a las mejores prácticas, y adoptar las medidas oportunas. En esas reuniones podrían participar, de ser oportuno, las principales instituciones técnicas y financieras. Las comisiones regionales deberían informar al Consejo de los resultados de esas reuniones.
222. La Comisión de Asentamientos Humanos, bajo la dirección del Consejo Económico y Social, debe tener, entre otros, los objetivos, funciones y responsabilidades siguientes, en particular en vista de su función de promover, examinar, vigilar y evaluar los progresos realizados en la aplicación de los objetivos de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en todos los países, de conformidad con el Programa de Hábitat:
b) hacer un seguimiento de los progresos realizados en la aplicación del Programa de Hábitat, entre otras cosas, analizando las aportaciones pertinentes de los gobiernos, las autoridades locales y sus asociaciones, las organizaciones no gubernamentales competentes y el sector privado;
c) prestar asistencia a los países, en particular a los países en desarrollo, las subregiones y regiones en lo que respecta a intensificar y mejorar sus propios esfuerzos por resolver los problemas de la vivienda y los asentamientos humanos, en particular promoviendo la formación profesional;
d) fomentar, en apoyo de los planes y actividades nacionales de seguimiento, la cooperación internacional con el fin de aumentar la disponibilidad de recursos de todos los países en desarrollo, especialmente los de Africa y los países menos adelantados, y promover la contribución efectiva del sector privado y de las autoridades locales y sus asociaciones;
e) presentar recomendaciones adecuadas a la Asamblea General, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre la base de un análisis y síntesis de la información recibida, e informar a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible;
f) facilitar la cooperación y las asociaciones entre todos los países y regiones para alcanzar los objetivos de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
g) seguir formulando y promoviendo objetivos, prioridades y directrices normativas en lo que respecta a los programas de trabajo existentes y previstos del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) en las esferas de la vivienda adecuada y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de conformidad con el Programa de Hábitat;
h) seguir el avance de las actividades del sistema de las Naciones Unidas, cooperar con otras organizaciones internacionales en lo que respecta a la vivienda adecuada y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y proponer, según corresponda, medios para alcanzar de la mejor manera posible los objetivos y fines normativos generales en esos sectores en el sistema de las Naciones Unidas;
i) promover la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en armonía con las recomendaciones hechas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, especialmente el capítulo 7 del Programa 21, teniendo en cuenta, de proceder, los resultados pertinentes de otras grandes conferencias y reuniones en la cumbre de las Naciones Unidas;
j) fomentar la plena y efectiva aplicación del Programa de Hábitat a nivel nacional e internacional;
k) estudiar, en el contexto del Programa de Hábitat, nuevas cuestiones y problemas con miras a idear soluciones para lograr los objetivos de vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, incluidas las de carácter regional o internacional;
l) continuar dando orientaciones normativas generales y supervisando las operaciones del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), incluida la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos;
m) examinar y aprobar periódicamente la utilización de los fondos a su disposición para llevar a cabo actividades de desarrollo de la vivienda y los asentamientos humanos a todos los niveles;
n) vigilar y evaluar los progresos realizados y los obstáculos con que se ha tropezado para alcanzar los objetivos del Programa de Hábitat y recomendar medidas oportunas y otras medidas alternativas que se consideren necesarias para reforzar el carácter dinámico del Programa de Hábitat.
224. Se invita a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social a que, de conformidad con sus respectivos mandatos, examinen y refuercen el mandato de la Comisión de Asentamientos Humanos, teniendo en cuenta el Programa de Hábitat, así como la necesidad de coordinación con otras comisiones interesadas y las actividades complementarias de la Conferencia, y de que se aplique un criterio a nivel de todo el sistema para su puesta en práctica.
225. La Comisión de Asentamientos Humanos, como Comisión Permanente que presta asistencia al Consejo Económico y Social, debe desempeñar una función central en la vigilancia en el sistema de las Naciones Unidas, de la aplicación del Programa de Hábitat, y debe asesorar al Consejo al respecto. Es preciso que la Comisión tenga un mandato claro y recursos humanos y financieros suficientes, mediante la redistribución de recursos en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas que le permitan desempeñar ese mandato.
226. La Comisión de Asentamientos Humanos debe prestar asistencia al Consejo Económico y Social al coordinar con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas la presentación de informes sobre la aplicación del Programa de Hábitat. La Comisión debe aprovechar las aportaciones de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras fuentes, según proceda.
227. Al formular su programa de trabajo, la Comisión de Asentamientos Humanos, debe examinar el Programa de Hábitat y analizar la posibilidad de incluir en su programa de trabajo las actividades complementarias de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II). En este contexto, la Comisión de Asentamientos Humanos podría examinar la manera de seguir desarrollando su función catalítica en la promoción de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
228. En el marco de su mandato y considerando la necesidad de centrarse en objetivos bien definidos y en cuestiones estratégicas, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) deberá cumplir, entre otras, las funciones siguientes:
b) prestar asistencia a la Comisión de Asentamientos Humanos en la formulación de recomendaciones para coordinar las actividades relacionadas con la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, a fin de mantenerlas bajo examen y evaluar su eficacia;
c) promover, facilitar y ejecutar programas y proyectos adecuados de vivienda y desarrollo de los asentamientos humanos;
d) facilitar un intercambio mundial de información acerca de los objetivos de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, en particular, mediante un intercambio de información sobre las mejores prácticas y fomentando la realización de investigaciones sobre enfoques y métodos sostenibles en lo relativo a los materiales de construcción y la tecnología de la construcción;
e) abordar las cuestiones interregionales relacionadas con los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en plena cooperación con las comisiones regionales, así como con las principales instituciones técnicas y financieras y otros asociados pertinentes a nivel regional;
f) complementar los conocimientos regionales para la formulación y aplicación, previa solicitud, de programas y proyectos de vivienda adecuada para todos y desarrollo de los asentamientos humanos, prestando la debida atención a las instituciones regionales de cooperación;
g) fomentar y consolidar la colaboración, conforme al ordenamiento jurídico de cada país, con todas las partes interesadas, incluidas las autoridades locales y el sector privado y las organizaciones no gubernamentales en la aplicación del Programa de Hábitat;
h) mantener y actualizar una guía mundial de consultores y asesores para complementar el número de expertos disponibles en el sistema de las Naciones Unidas y, cuando sea necesario, prestar asistencia en la contratación de expertos a nivel mundial, incluidos expertos de países en desarrollo y de países con economías en transición;
i) efectuar actividades de información pública sobre vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, en cooperación con el Departamento de Información Pública de la Secretaría de las Naciones Unidas;
j) fomentar la utilización de tecnología audiovisual e informática en relación con los objetivos de vivienda adecuada y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
k) desempeñar las responsabilidades y funciones adicionales que le asigne la Asamblea General y el Consejo Económico y Social;
l) continuar ejecutando la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000, teniendo en cuenta el Programa de Hábitat;
m) analizar y vigilar las tendencias más importantes de la urbanización y los efectos de las políticas en los asentamientos urbanos y rurales, observar los progresos en la ejecución del Programa de Hábitat y continuar su programa de publicaciones con inclusión entre otras publicaciones del Informe mundial sobre los asentamientos humanos;
n) prestar asistencia en la preparación de orientaciones para la vigilancia y evaluación nacional y local de la aplicación del Programa de Hábitat mediante la utilización de programas de indicadores de la vivienda y los asentamientos humanos;
o) promover la gestión y el desarrollo de base comunitaria de los asentamientos humanos con el objetivo especial de conseguir una administración transparente, representativa y responsable mediante el desarrollo institucional, la creación de capacidades y las asociaciones.
230. En el marco de sus mandatos, otros órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social, como la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Población y Desarrollo, deben tener debidamente en cuenta las cuestiones relativas a los asentamientos humanos, según se indica en el Programa de Hábitat.
231. Se invita al Secretario General a que vele por una coordinación eficaz de la aplicación del Programa de Hábitat y un examen adecuado de las necesidades en materia de asentamientos humanos en todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas. El Comité Administrativo de Coordinación debe examinar sus procedimientos a nivel interinstitucional y asegurar la coordinación en todo el sistema y la participación de sus diversas entidades en la aplicación del Programa de Hábitat. Estas entidades deben examinar sus programas con el fin de determinar la mejor manera de contribuir a la aplicación coordinada del Programa de Hábitat. Se pide al Secretario General que incluya la aplicación del Programa de Hábitat en los mandatos de los grupos de tareas interinstitucionales existentes del Comité Administrativo de Coordinación a fin de facilitar una aplicación integrada y coordinada del Programa de Hábitat.
232. Se invita al Secretario General a que continúe asegurando el funcionamiento eficaz del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) para que pueda desempeñar cabalmente su mandato.
233. Debe insistirse en el importante papel del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la supervisión de los aspectos del Programa de Hábitat relacionados con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los Estados Partes.
234. Con el fin de reforzar su apoyo a las medidas adoptadas a nivel nacional y para mejor contribuir a un seguimiento integrado y coordinado por las Naciones Unidas, debe instarse a los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que consideren y determinen qué medidas concretas adoptarán para atender a las prioridades indicadas en el Programa de Hábitat.
235. Con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones de las Naciones Unidas en lo que respecta al apoyo a los esfuerzos por facilitar vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos a nivel nacional, y de aumentar la capacidad de esas organizaciones para alcanzar los objetivos de Hábitat II, es necesario renovar, reformar y revitalizar las diversas partes del sistema de las Naciones Unidas, en particular sus actividades operacionales. Todos los organismos especializados y las organizaciones conexas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas deben reforzar y ajustar sus actividades, programas y estrategias de mediano plazo, conforme a su mandato y según corresponda, para tener en cuenta el seguimiento de Hábitat II, en especial sobre el terreno. Los órganos directivos pertinentes deben examinar sus políticas, programas, presupuestos y actividades a este respecto.
236. Las instituciones financieras internacionales deben contribuir a movilizar recursos para la aplicación del Programa de Hábitat. Con este fin, se invita a las instituciones pertinentes a que adopten las medidas siguientes:
b) debe invitarse a las instituciones de Bretton Woods y a otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas a que trabajen conjuntamente con los países interesados, especialmente los países en desarrollo, para mejorar el diálogo sobre políticas y promover nuevas iniciativas destinadas a asegurar que los programas de ajuste estructural fomenten una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, prestando atención especial a las personas que viven en la pobreza y otros grupos vulnerables;
c) debe invitarse al sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton Woods y otros organismos especializados, a que amplíen y mejoren su cooperación en relación con los objetivos de vivienda adecuada para todos y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos con el fin de asegurar que los esfuerzos sean complementarios y a que, en lo posible, mancomunen recursos impulsando iniciativas conjuntas tendientes a proporcionar vivienda adecuada para todos y a promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de conformidad con los objetivos de Hábitat II.
237. La aplicación eficaz del Programa de Hábitat exige fortalecer las autoridades locales, las organizaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales en las esferas de la educación, la salud, la erradicación de la pobreza, los derechos humanos, la integración social, la infraestructura y el mejoramiento de la calidad de la vida, y el socorro y la rehabilitación, para que puedan participar de modo constructivo en la adopción y aplicación de políticas. Para ello será necesario:
b) respaldar los programas de fomento de la capacidad de las organizaciones que trabajan en esferas esenciales como la planificación participadora, el diseño, la aplicación y evaluación de programas, el análisis económico y financiero, la gestión del crédito, la investigación, la información y las medidas de defensa de intereses;
c) suministrar recursos consistentes en medidas como programas de subvenciones y apoyo técnico y administrativo de otra índole para las iniciativas asumidas y gestionadas en el plano de las comunidades;
d) fortalecer las redes de cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre estas organizaciones.
b) alentando a las empresas comerciales a que realicen inversiones y persigan otras políticas, en particular actividades no comerciales que contribuyan al desarrollo de los asentamientos, especialmente en relación con las oportunidades de creación de empleo, servicios básicos, acceso a los recursos productivos y construcción de infraestructuras;
c) facilitando y alentando la participación de los sindicatos en la creación de oportunidades de empleo en condiciones justas, la prestación de servicios de capacitación, atención de la salud y otros servicios básicos y el desarrollo de un entorno económico que facilite el logro de una vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
d) apoyando a instituciones académicas y de investigación, especialmente en los países en desarrollo, para que contribuyan a los programas de desarrollo de los asentamientos humanos, y facilitando mecanismos para una vigilancia independiente, imparcial y objetiva de los progresos de los asentamientos humanos, especialmente reuniendo, analizando y difundiendo información e ideas sobre la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;
e) alentando a las instituciones educativas, los medios de comunicación y otras fuentes de información y opinión públicas para que presten especial atención a los problemas de desarrollo de los asentamientos humanos y faciliten un debate amplio y bien informado sobre políticas en toda la comunidad.
239. Es esencial evaluar los efectos que las políticas, estrategias y las medidas adoptadas tienen en los objetivos de proporcionar vivienda adecuada y conseguir el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. Los resultados de estas evaluaciones serán examinados por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, entre ellos la Comisión de Asentamientos Humanos. El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), junto con otras organizaciones pertinentes, se encargará de establecer un proceso adecuado para el análisis y la observación de las principales tendencias de la urbanización y los efectos de las políticas urbanas. En particular, debe reunirse información desglosada por edad y por sexo sobre los efectos que la urbanización tiene en los grupos vulnerables y desfavorecidos, incluidos los niños, teniendo en cuenta otros trabajos pertinentes en esta esfera.
240. Todos los participantes en el Programa de Hábitat, incluidos las autoridades locales, el sector privado y las comunidades, deben vigilar y evaluar periódicamente su propia actuación en lo que respecta a la aplicación del Programa de Hábitat mediante indicadores comparables de asentamientos humanos y vivienda y las mejores prácticas documentadas. La responsabilidad del Centro comprenderá la prestación de asistencia para preparar directrices de supervisión nacional y local y evaluación de la aplicación del Programa de Hábitat mediante la aplicación de programas indicadores de la vivienda y los asentamientos humanos. Se fortalecerán las capacidades de reunión y análisis de datos de todos los participantes y se les prestará asistencia, si procede, a todos los niveles, especialmente a nivel local.
241. Como parte de su determinación de fortalecer su actual capacidad
de reunión y análisis de datos sobre vivienda y asentamientos
los gobiernos a todos los niveles, incluidas las autoridades locales, deben
continuar seleccionando y divulgando las mejores prácticas, desarrollando
y aplicando indicadores de vivienda y de desarrollo de los asentamientos
humanos, incluidos los que reflejan los derechos y el bienestar de los
niños. Los indicadores esenciales, junto con indicadores orientados
hacia las políticas a nivel nacional y subnacional propios de las
distintas regiones, y demás información pertinente, serán
utilizados, según corresponda, por los gobiernos para evaluar la
aplicación nacional del Programa de Hábitat. Los indicadores
deben abarcar esferas esenciales del Programa de Hábitat como la
vivienda, la salud, el transporte, la energía, el abastecimiento
de agua, el saneamiento, el empleo y otros aspectos de la sostenibilidad
urbana, la potenciación, la participación y la responsabilidad
local, y en lo posible deben tener en cuenta las diferencias entre los
sexos. Esta información, que debe estar disponible y accesible para
todos, se suministrará a las Naciones Unidas, teniendo en cuenta
los diferentes procedimientos de presentación de informes en las
esferas económica, social y ambiental y la necesidad de que los
procedimientos de presentación de informes reflejen la diversidad
de características y prioridades regionales, nacionales, subnacionales
y, en especial, locales.